El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al exconsejero de Esperanza Aguirre, Francisco Granados por las supuestas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid.

El magistrado –encargado también de la trama Púnica– acuerda el pase a procedimiento para indagar en las supuestas irregularidades cometidas por Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la región, y posteriormente como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.  

El juez considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. También, también ha propuesto juzgar a otras 42 personas, entre ellos el constructor David Marjaliza y a Javier López Madrid. 

Además, ha detallado los regalos que concedió Marjaliza a Granados durante el tiempo en que este ostentaba un cargo público, a modo de comisiones en especie. Entre ellos, un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.

Adjudicaciones de contratos en Metro y Metro ligero

García Castellón ha apuntado a la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra y en favor de la trama. Además, ha detallado que entre las obras investigadas se encuentran el tramo 1C de Metro Sur, el tramo 1A de Metro Norte y la nueva línea de Boadilla de Metro Ligero.

El magistrado ha señalado que se entregó a los investigados "la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario", además de poseer "el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización". 

Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior

Aguirre destituyó a Granados de su cargo por la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella consejería y esta le ofreció a dicho investigado presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ha recordado el juez. 

Según ha rematado el juez, Granados asumió nuevas funciones, puesto que se asignó a la Consejería de Presidencia la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, integrada hasta ese momento en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Asimismo, se recomendó a Arpegio la administración de parte de los Fondos Prisma. De este modo, Granados volvía a tener bajo su gestión un considerable patrimonio, la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística e inmobiliaria.