El juez de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez Pérez, ha admitido a trámite la querella por prevaricación presentada por el portavoz socialista en la Deputación Provincial, Rafael Rodríguez Villarino, contra el presidente de esa institución, Manuel Baltar, del Partido Popular.

La investigación se extiende al vicepresidente, Rosendo Fernández, también del PP, y a José Miguel Caride, exdiputado provincial por Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de la ciudad Gonzalo Pérez Jácome, que sostenía a Baltar en la Deputación a cambio del apoyo del PP en el Ayuntamiento.

Rodríguez Villarino les acusa de haber maniobrado para que el pleno de la Deputación le negara, con los votos populares y de DO, la compatibilidad como diputado provincial a la que tenía derecho para ejercer también como profesor asociado en la universidad.

Cree que se trató de una decisión política en venganza por una actuación judicial del Grupo Socialista, que Baltar habría adoptado a sabiendas de que tenía derecho legal a una resolución positiva y de que negársela era, por tanto, injusto. Además, el portavoz alega la propia Deputación le había facultado el año anterior para desempeñar el mismo puesto como profesor.

Según el auto de apertura de diligencias, al que ha tenido acceso Público, el juez considera que de los hechos denunciados y las pruebas presentadas se desprenden indicios "que hacen presumir la posible existencia de delito/s (sic) de prevaricación administrativa", que se castigan con penas de nueve a quince años de inhabilitación.

En 2021, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo reconoció el derecho a la compatibilidad de Rodríguez Villarino, que en noviembre pasado decidió acudir a la vía penal al considerar que existen responsabilidades de tipo criminal al margen de las administrativas, y que ha solicitado que el juez cite como testigos a todos los diputados del PP y de DO que participaron en el pleno.

El portavoz socialista obtuvo en 2019 el visto bueno de la Deputación para compatibilizar su escaño con el ejercicio de la docencia como profesor asociado en el campus de Ourense en la Universidad de Vigo. La ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas impide por regla general que se desarrollen dos trabajos para la Administración, pero entre sus excepciones contempla las de quienes desempeñen "un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado" con contrato temporal y a tiempo parcial, como es el caso de Rodríguez Villarino.

Según el relato de la querella, el 1 de julio de 2020, y tras el fallecimiento de un compañero de departamento, el portavoz del PSOE volvió a solicitar la misma compatibilidad, que fue informada favorablemente por el vicesecretario general de la Deputación el 15 de ese mismo mes. Dos días después, el propio Baltar elaboró una propuesta de resolución en la que proponía "autorizar (...) la compatibilidad de su cargo" con su puesto de profesor, propuesta que fue aprobada en comisión en la Deputación sin ningún voto en contra. El día 31, sin embargo, el pleno del organismo provincial le denegó la compatibilidad gracias a los votos del PP de Baltar y de los diputados de la Democracia Ourensana de Jácome.

Según la querella de Rodríguez Villarino, el cambio de postura se debió a que dos días antes del pleno, el 29 de julio, el Grupo Socialista en la Deputación había denunciado en los juzgados las bases reguladoras de una línea de ayudas de la institución que consideraban ilegales. De hecho, su denuncia recoge las intervenciones de Caride y Fernández en el pleno en el que dos días después le deniegan la compatibilidad.

Fernández explica su voto negativo alegando que Rodríguez Villarino había puesto "en peligro las ayudas de la Deputación", y Caride justifica el suyo reconociendo que está basado "en una cuestión personal" contra el portavoz socialista, en una intervención que remató con esta despedida: "Mire, los favores hay que ganárselos, señor Villarino".

El PSOE ourensano envió ayer un comunicado en el que su viceportavoz, Nacho Gómez, acusa a Baltar y al PP de intentar "aniquilar desde el punto de vista político, personal y laboral a cualquier persona que les hace frente en política".

El propio Rodríguez Villarino aseguró en una rueda de prensa que su intención con la querella es obtener una sentencia "ejemplarizante". "Hay que respetar a la oposición, no se puede ir ni contra la ley ni contra las personas que simplemente hacen su trabajo" de oposición, dijo.

El portavoz socialista también presentó como prueba una certificación de la propia Deputación que demuestra que nunca antes se le había denegado una compatibilidad para trabajar como profesor a ningún otro diputado o diputada, de ningún partido. "Fue una decisión con tintes políticos y antipersonales que, además, fue adoptada de un modo antinormativo", concluyó.