La juez Carmen Rodríguez-Medel ha dictado una providencia en la que solicita a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que informen sobre los "eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo" y si algún acto así fue "suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19".

Entre estos eventos, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid incluye en su providencia los actos "deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros" que se convocaron para esos primeros días de marzo, al igual que la masiva manifestación feminista del día 8.

Rodríguez-Medel dicta esta orden a petición de la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la investigación por la celebración de manifestaciones masivas como lo fue la del 8-M en la capital coincidiendo con el principio de la epidemia de la covid-19 en España. Tanto el Gobierno regional como el municipal deberán contestar antes de las 18.00 horas de esta misma tarde.

Eventos autorizados por otras administraciones públicas

Con esta diligencia, la instructora quiere saber si en esos días de marzo se celebraron otros eventos cuya celebración no dependía de la Delegación del Gobierno que dirige Franco, sino de otras administraciones públicas como son la autonómica y la local, y cómo actuaron éstas ante actos multitudinarios en medio de la pandemia.

Franco fue interrogado este miércoles en el juzgado, donde dijo que en los primeros días de marzo "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación feminista. También afirmó que su actuación en este asunto siempre lo fue "con arreglo a la ley" y siguiendo las "recomendaciones de los expertos" en la evolución de la pandemia de la covid-19.

También declararon ayer, en calidad de testigos, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz; y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. Según fuentes jurídicas, las declaraciones se han centrado en si la Delegación tenía competencias en materia de sanidad o si éstas eran de la Comunidad de Madrid.

Según sostiene la Fiscalía, que pide el archivo de la causa, Franco no ha cometido ningún delito porque no tiene competencias para prohibir una manifestación por razones sanitarias.