El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el juez encargado del caso Koldo, ha pedido a la Guardia Civil que intervenga los correos electrónicos de altos cargos de los ministerios de Transporte e Interior para investigar si mantuvieron comunicaciones con los implicados en la supuesta trama en los períodos en los que se produjeron las adjudicaciones, entre enero y julio de 2020, según adelanta eldiario.es.

Es por ello que han sido intervenidos los correos electrónicos de los altos cargos de Puertos del Estado, que adjudicó un contrato de 20 millones de euros, el más alto de los que se investigan. Figuran en la lista Francisco Toledo Lobo, que dejó el cargo como presidente en noviembre de 2021; el actual secretario general, Alvaro Sánchez Manzanares; la directora de Contratación, Aranzazu de Miguel Peña, y la jefa del Departamento Jurídico de la Mesa de Contratación, Belén Caballero Martínez.

También de tres cargos de Adif, el ente público que gestiona las líneas ferroviarias y que adjudicó un contrato por 12,5 millones. Los correos intervenidos son los de su ex secretaria general y ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, que dimitió el pasado año; el director de Recursos Humanos de la compañía, Martín Navarro Vicent; del director general de Gestión de Personas, Michaux Miranda, y del director general de Riesgos Laborales, Jesús Díaz.

A raíz del contrato que la supuesta trama firmó con el Ministerio de Transportes, por un valor de 3,5 millones, el juez Moreno ha solicitado los correos del Subdirector General de Planificación y Gestión de infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar.

El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso cree, por las conversaciones intervenidas, que los implicados sabían que se les estaba investigando desde, al menos, tres meses antes de que fueran detenidos, el pasado 21 de febrero, en el marco de la operación Delorme, en la que fueron arrestadas 20 personas, según indica el sumario.

La trama logró contratos por valor de 54 millones de euros para traer mascarillas a España, a través de adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Ministerio del Interior, el Gobierno de Canarias y el de Illes Balears.