Este lunes se celebra un nuevo pleno en el CGPJ del que debería salir sin demora el nombre del nuevo presidente o presidenta del Consejo y del Supremo. Pero podría no ser así y entonces el actual presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, tendría que ser el encargado del discurso de inauguración del año judicial, este jueves, en una nueva anomalía derivada del CGPJ, que tras su renovación, el 25 de julio pasado, sigue inmerso en el bloqueo. 

Este nuevo bloqueo viene de la incapacidad de los vocales pactados por el PP y el Gobierno, diez cada uno, para elegir a su propio presidente o presidenta, en lo que tendría que ser un cambio de paradigma que hiciera necesario que el cargo lo ocupe por primera vez en la historia del CGPJ una mujer, una magistrada, y que además tenga una visión progresista de la sociedad. 

De los diez presidentes que ha tenido el CGPJ, desde su primer mandato, en 1980, solo tres han sido considerados como progresistas: Pascual Sala, Gonzalo Moliner y Rafael Mozo. 

Una mujer por primera vez

Y en esta exigencia feminista, que defienden los diez vocales progresistas, está el escollo que ha provocado un nuevo bloqueo en el CGPJ. 

La comisión negociadora formada por cuatro vocales de cada bloque ha mantenido contactos desde el último pleno fallido, el 19 de agosto, y, según ha podido saber Público, los conservadores habían aceptado que la presidencia la ocupara una mujer. Ellos tienen dos candidatas de entre los cuatro magistrados que proponen: las juezas Carmen Lamela y Esperanza Córdoba. Los progresistas presentan tres candidaturas y las tres son mujeres: Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet de Sande.

Pero tras admitir que debía haber ya una presidenta en el Supremo, en el último momento, los conservadores se han echado atrás y siguen enrocados en la imposición de que sea el magistrado Pablo Lucas el nuevo presidente del CGPJ y del Supremo, según fuentes del Consejo. Se trata del juez encargado de autorizar las acciones del CNI cuando están en juego derechos fundamentales. 

¿Un candidato de consenso?

Pablo Lucas Murillo de la Cueva (Salamanca, 1954) es catedrático de derecho constitucional y magistrado de la Sala Tercera del Supremo desde 2001. En 2009 fue designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) magistrado encargado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cargo que sigue desempeñando en la actualidad. 

Lucas goza de prestigio y atesora la simpatía de sus pares, según fuentes judiciales. A las puertas de la jubilación, dentro de dos años,  quiere ser la primera autoridad judicial del Estado, es decir, presidente del Supremo y del CGPJ. El cambio de postura de los conservadores respecto a dejar a un lado su candidatura para favorecer la de una mujer ha sido interpretado internamente en el Consejo como un toque de atención del propio Lucas o de su entorno, según fuentes del órgano.

Pablo Lucas tuvo una oportunidad de convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional (TC) cuando en diciembre de 2023 el bloque conservador del CGPJ le propuso como candidato de consenso, al presentarle como un magistrado progresista. Pero hay dudas de que realmente lo sea. Aquella candidatura llamada a dificultar la renovación del TC que instó la derecha del CGPJ en el anterior mandato recuerda a la que ahora presentan con Pablo Lucas también como su candidato favorito de consenso. 

Pablo Lucas autorizó los pinchazos telefónicos de los servicios secretos a varios líderes del independentismo catalán con el software Pegasus. En el caso concreto del expresident Pere Aragonés, el CNI justificó el espionaje en el hecho supuesto y no demostrado de que era el líder de los Comités de Defensa de la República (CDR). 

El prestigio y las trayectorias impecables no les faltan a las magistradas que proponen desde el bloque progresista. En igualdad de condiciones respecto a Lucas, las tres candidatas de este bloque, Teso, Ferrer y Huet de Sande, serían magníficas presidentas del Supremo, sostienen fuentes del CGPJ.