El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha sobreseído provisionalmente la causa contra los cuatro abogados del despacho Herrero y Asociados que contrataron los servicios del comisario y de su socio Rafael Redondo, porque "desconocían la condición de agentes de Policía o funcionario público del investigado José Manuel Villarejo, así como el tipo de investigación que el Grupo Cenyt iba a llevar a cabo". El encargo era la elaboración de un informe de seguimiento del despacho Balder IP ante la sospecha de que trabajadores que abandonaron Herrero y Asociados se habían apropiado de la información que constaba en la base de datos del despacho, especialmente la relativa a los clientes, que lograron captar, iniciándose un grave conflicto interno entre los socios.

En su auto, el juez analiza en primer lugar el delito de revelación y descubrimiento de secretos en cuanto supone un acceso ilegítimo a datos o informaciones que pudieran afectar a la privacidad o el acceso sin autorización a un sistema de información o interceptación de datos informáticos (artículo 197 del Código Penal). Explica el instructor que en este caso no existen indicios de la existencia de dichas acciones en los investigados por cuanto, subraya, uno de los testigos fue el informático del despacho Herrero y Asociados, quien tras abandonar este bufete paso a formar parte de Balder IP Law, “por lo que el mismo era conocedor del sistema informático de los sistemas operados en ambos bufetes así como el encargado de la seguridad de los sistemas”.

Respecto al delito de cohecho, afirma De Egea, que de la instrucción practicada queda probado que los investigados desconocían la pertenencia de Villarejo a los Cuerpos de Seguridad del Estado y pone de manifiesto que el comisario en ningún momento les comunicó su condición de funcionario, “por lo que existe una ausencia de uno de los elementos para la afirmación de la participación en la infracción penal”.

Continúa la investigación contra el emporio de Villarejo

Sin embargo las pesquisas de la pieza que indaga sobre el llamado Proyecto Iron continúan en la referente a Villarejo y a su socio Rafael Redondo, sobre quienes se acaba de descubrir que cobraron 1,2 millones de euros en dos empresas que tenían en Panamá y que fueron cerradas en 2016, cuando ya estaba investigado en las causas del pequeño Nicolás y de la doctora Elisa Pinto. 

Se continúa investigando quiénes son los funcionarios que colaboraban con el comisario Villarejo para conseguir información confidencial de Hacienda o de diferentes unidades de la Policía como el Sepblanc (Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales). 

También sigue abierta la investigación sobre el bautizado por el multimillonario comisario como Proyecto King, relacionado con la familia del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, y por el que pudo cobrar hasta 5 millones de ellos, a través de sus cuentas en paraísos fiscales.