MADRID.- Los consejeros de Caja Madrid imputados por utilizar la tarjet black coinciden: todos ellos defienden la legalidad de su uso, con distintos argumentos, pero reconocen que se llevaba con secretismo y, muchos, en el fondo se sentían incómodos porque no les pedían ni las facturas.

La segunda jornada de declaraciones por el uso de tarjetas opacas al fisco emitidas por Caja Madrid ha revelado que todos ellos están siendo sometidos ahora a una inspección fiscal. Alguno ha intentado devolver el dinero gastado en las tarjetas a la entidad financiera, pero no se lo han admitido.

Uno de los exconsejeros ha ido más allá. José María de la Riva ha revelado que, cuando le dieron la tarjeta, le comentaron que “había un acuerdo con el ministerio de Hacienda por el que los consejeros no tenían que tributar”. El fiscal, Alejandro Luzón, le ha preguntado si el acuerdo era con la Hacienda Tributaria o con el ministerio, y ha confirmado que el pacto era con el ministerio, aunque no recuerda quién se lo dijo.

De la Riva ha sido uno de los nueve consejeros que han declarado en la sesión de hoy en el juzgado central de instrucción 4. Ha defendido que los gastos de las tarjetas black eran “inherentes al cargo” y que él como era profesor de instituto, no tenía ropa adecuada para representar a Caja Madrid así que entendía que podía comprar con ella “ropa adecuada”, libros y restaurantes.

Dos de los nueve exconsejeros que han declarado este martes han reconocido que se sentían incómodos con la fiscalidad de estas tarjetas, y hasta dudaban de su legalidad. Son los casos de Virgilio Zapatero y Alberto Recarte.

Uno de los puntos culminantes ha sido el interrogatorio de Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda en la etapa del gobierno del PP de José María Aznar. Tiene en su haber 70 consejos de administración y se ha explayado en la explicación del concepto de gasto de representación.

El juez instructor, Fernando Andreu, le ha preguntado con dureza: “Si le he entendido bien, ¿el supermercado de El Corte Inglés se puede considerar gastos de representación?”, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

A lo que Rodríguez Ponga ha respondido: “Era importante hacer regalos a algunas personas, era parte de mi función como consejero". "¿Puede decir a quién hacía los regalos?", ha incidido Andreu. “Imposible”, ha contestado Rodríguez Ponga: fue hace mucho tiempo, eran regalos de Navidad pero no conserva recibos.

Rodríguez Ponga ha declarado ante el juez que, al llegar como consejero a Caja Madrid, preguntó si iba a tener “coche, chófer, teléfono, despacho, comedores, móvil y a todas esas preguntas me dijeron que no” porque él no era un ejecutivo de la entidad. Por ello, entendió que la tarjeta que le dieron era un gasto de representación siempre que respetara los límites, que primero era de 25.000 y luego de 50.000 euros.

El fiscal Luzón le ha preguntado que si era un concepto retributivo, cómo no lo declaró a Hacienda. El exsecretario de Estado de Hacienda del PP ha respondido que entendía que estaba incluido en el certificado fiscal de retenciones que emitía la Caja. Él está en varios consejos de administración y no suele hacer un cómputo anual de sus retenciones; confiaba en los técnicos.

Rodríguez Ponga ha defendido la legalidad de los 255.400 euros que cargó a su visa opaca y ha argumentado que constituía una parte de su retribución destinada a gastos de retribución que, a diferencia de las dietas, no tenían que justificarse.

“Yo pensé”. Esa expresión es común a todos los imputados que declaran. Muchos de ellos han confesado que, de todas formas, se sentían incómodos porque no se les pedía recibos.

José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Comercio con el PP y mano derecha de Rodrigo Rato, ha calificado los gastos de las tarjetas como “gastos discrecionales hasta un límite”.

Siempre entendió que la Caja se encargaba de las declaraciones fiscales, y que incluía los gastos en los informes de gobierno corporativo. “Nunca” tuvo dudas sobre un tratamiento fiscal incorrecto. También ha negado que dijera que la tarjeta se podía utilizar tres meses después de dejar la Caja, en contra de lo que ayer declaró José María Arteta.

Norniella ha asegurado que no le dejaron devolver el dinero gastado con su tarjeta. Lo ha intentado con BFA y cuatro veces con la Fundación Caja Madrid. Por ello, ha depositado los 175.400 en litigio ante un notario.

Al exministro socialista Virgilio Zapatero, por su parte, no le sorprendió que le entregaran una tarjeta para gastos de representación, ya que su cometido en Caja Madrid era "acercar la universidad a las cajas" y preparar un programa de educación financiera, aunque ha dicho al juez que siempre se sintió "incómodo" con que no hubiera ningún control en los gastos.

Zapatero ha recordado que cuando era ministro siempre había un interventor detrás, pidiendo facturas y visando los gastos. En cambio, en Caja Madrid no existía este control. “Era una situación incómoda”. El 24 de mayo de 2012 entregó la tarjeta y todas las facturas de los 36.000 euros que había gastado. Y el 12 de noviembre de 2014, cuando saltó el escándalo, hizo un ingreso por la diferencia entre lo que él había devuelto y la cuantía que se publicaba.

Virgilio Zapatero, como los demás, ha revelado que tiene una inspección de Hacienda encima. En su caso, ha sido abierta “a raíz de una denuncia” presentada contra él.

Alberto Recarte, economista y abogado, expresidente de Libertad Digital, ha definido estas tarjetas opacas al fisco como un gasto “mixto”, de representación y personal. Cuando se la entregaron, le dijeron que la usara “prudentemente. Básicamente era para gastos de representación, libros, restaurantes”. Recarte gastó 139.900 euros en tarjeta black y llegó a solicitar que le cambiaran un reloj conmemorativo de la entidad rescatada, valorado en unos 12.000 euros, por dinero.

En ocasiones es difícil discernir cuándo es representación y cuándo era “representación de otras empresas”, ha reconocido Recarte en el juzgado. Ya en 2003 le dieron una tarjeta black donde quedaba claro que era personal, con el límite de 2.500 euros mensuales.
Recarte preguntó “repetidamente” por el tratamiento fiscal de estas tarjetas y le dijeron que era responsabilidad de Caja Madrid. En su día hizo un cálculo y no lo consideró excesivo en gastos personales. Ahora bien, siempre tuvo ”ciertas dudas de la legalidad del sistema retributivo”.

Ante el juez ha explicado que el uso de las tarjetas era “un tema reservado, había cierto secretismo y no se trataba en los consejos de administración”. Es más, le extrañaba que no se tratara la gratificación del presidente Miguel Bles. Le decían que sus emolumentos suponían un 15% más del directivo mejor pagado. “Siempre tuve dudas·”, ha remachado, sobre la legalidad.

Hoy en día Recarte sabe muchas cosas que entonces desconocía. Por ejemplo, no sabía que se pudiera sacar dinero en metálico. Y, sí, mantuvo la tarjeta otros tres meses más al dejar Caja Madrid: él quería devolverla, “pero me dijeron que podía devolverla después de consultar con [Jesús] Rodrigo”, secretario del consejo.

Jesús Pedroche, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido el más claro, según fuentes jurídicas. La tarjeta black era un ingreso “personal”. Los consejeros “no tenían poder de representación”, ha explicado. En cambio, los que representaban a la entidad tenían dos tarjetas.

Pedroche sostiene que “desde el principio se preocupó de preguntar” al departamento responsable de las declaraciones fiscales [Medios] si estos gastos estaban declarados. Es más, envió un correo a Enrique de la Torre, secretario general y del consejo, quien le respondió que no se preocupara, “que está todo controlado”.

En sus ocho años de usuario de tarjeta black en ningún momento recibió llamada alguna sobre un supuesto uso indebido del plástico. De hecho, mandó dos burofax a la Fundación Caja Madrid y a Bankia preguntando por el tratamiento fiscal y cada uno de los dos respondió que la competente era la otra. Pedroche gastó 132.200 euros e incurrió en gastos personales como casi 10.000 euros en arte sacro y otros 10.000 en muebles de cocina y en iluminación.

Ricardo Romero de Tejada, exsecretario general del PP de Madrid y ex alcalde de Majadahonda, ha defendido en el juzgado que eran gastos “de representación”. Nadie le ha preguntado, por ahora, por los 1.400 euros que gastó en herrajes de lujo para su yeguada o los 26.000 euros en puros que cargó a la entidad rescatada. Eran “gastos inherentes al cargo en un 70-80%" del total, ha sostenido.

Romero de Tejada ha revelado que estuvo 20 años como consejero de Caja Madrid, y que cuando le dieron la tarjeta le dijeron que podría disponer de ella discrecionalmente. En estos 20 años no recibió ningún tipo de advertencia. Asumió que la caja declaraba por él a Hacienda, y que estaban incluidas en su liquidación.

Mercedes Rojo, exsecretaria de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha destacado que la tarjeta era para uso personal y que no recibió indicación alguna sobre el tratamiento fiscal. Le dijeron que no se preocupara. Su abogado ha pedido que no se le imponga fianza porque considera que no tiene responsabilidad penal: la entidad no se ha querellado contra ella y, en todo caso, sería beneficiaria a título lucrativo.

Los nueve exconsejeros que han declarado hoy han alegado errores en el desglose de los gastos, cargos duplicados y, aunque no han cuestionado el gasto, han revelado que algunos de estos cargos no los reconoce.

El fiscal ha pedido para todos ellos fianza. La fianza tiene, a su juicio, concepto de solidaria por los 15,2 millones de euros gastados en tarjetas black por los exconsejeros. Aunque, al mismo tiempo, pide fianza a cada uno por los gastos en los que han incurrido.