Una juez andorrana ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los que fueran sus ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés. 

En concreto, la jueza ha explicado que se les investiga por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como 'operación Cataluña'.

La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron las entidades Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), a la que posteriormente se adherieron el presidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, y el ceo de la entidad, Joan Pau Miquel, por la llamada Operación Cataluña e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, según han informado las entidades denunciantes.

La juez de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, ha expedido comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da quince días para que designen representación letrada, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio, han explicado el Idha y Drets en un comunicado.

También ha acordado la juez remitir de nuevo comisiones rogatorias al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Diez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron.

La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada policía patriótica, se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol.

La querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.

Los denunciantes sostienen que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid -ambos ya clausurados- si no facilitaban la información exigida.

Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que "intimidaba" al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.