El juez de la Batllia d'Andorra Secció d'Instrucció Penal 2 ha tenido ya todo un año para decidir si acepta a trámite el escrito presentado por sendas asociaciones andorranas de derechos humanos y de juristas, solicitando la ampliación de la querella criminal por coacciones  y chantaje presentada por los propietarios de la BPA contra la cúpula de Interior de España. Una operación de las cloacas contra políticos soberanistas catalanes que acabó provocando la intervención y liquidación de esa Banca Privada d'Andorra.

Sin embargo, el "honorable senyor batlle instructor" de la causa abierta desde octubre de 2016 tiene difícil su decisión, porque el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad de juristas Drets se basan en el testimonio en prisión del comisario José Manuel Villarejo –reconociendo la responsabilidad política del Gobierno español en aquella operación encubierta– para pedir que se impute también al expresidente Mariano Rajoy y a sus ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Dichas asociaciones se querellaron contra los policías españoles que presionaron a la BPA para conseguir los datos bancarios de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol, pero tras declarar Villarejo en prisión –por comisión rogatoria de la Justicia andorrana– sobre la llamada Operación Cataluña, solicitaron que se añadiera a la relación de querellados, por los delitos de amenazas, coacciones, extorsión y chantaje, a Fernández Díaz, a su secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, y al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. 

El IDHA y Drets también consideraron que había suficientes evidencias para confirmar que la intervención del FinCEN (Finances Crime Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de EEUU), que impulsó la intervención y liquidación de la BPA, el 10 de marzo de 2015, fue provocada por el Gobierno español, al enviar información "falsa" sobre el supuesto lavado de capitales por la entidad bancaria andorrana. Así que solicitaron también que se ampliase la querella por un delito de falsedad de documentos contra Rajoy y Montoro.

Para los querellantes, existen los necesarios indicios de que en la reunión que mantuvieron en Andorra, en enero de 2015, Rajoy y Montoro con el entonces jefe del Gobierno andorrano, Antonio Martí, y tres ministros, fue la que precipitó la intervención y liquidación de la BPA, dos meses más tarde.

En realidad, Rajoy y Martí se reunieron por primera vez para tratar ese tema en secreto a principios de agosto de 2014 en Casa de Alicia, la residencia de vacaciones que Rajoy alquiló a Besoñano, un pueblo de Pontevedra con vistas a la ría de Arousa. Ese discreto encuentro se prolongó durante seis horas y fue mucho más importante que el oficial, de sólo hora y media, que mantendrían el 2 de septiembre siguiente en La Moncloa.

El IDHA y Drets consideran que la actuación del Gobierno español para tratar de conseguir los datos bancarios de los políticos independentistas catalanes fue un ataque a la soberanía andorrana. También subrayan que cuando Rajoy visitó Andorra para reunirse con el jefe del Gobierno del Principado no estaba protegido por la inmunidad prevista en el artículo 8 del Código Penal andorrano, que sólo la prevé para los jefes de Estado extranjeros.

Asimismo, aseguran que las actuaciones de la Justicia andorrana han sido reivindicadas y reforzadas durante el último año por las investigaciones que ha estado efectuando la Audiencia Nacional española sobre las actividades de la brigada política de las cloacas de Interior que dirigían Villarejo y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Fuentes jurídicas consultadas por Público estiman que el juez andorrano está a la espera de ver cómo prospera la investigación judicial en España sobre la trama de la cúpula policial contra políticos y partidos soberanistas catalanes antes de tramitar la ampliación de la querella. Porque, si lo hace, tendría que citar también a declarar a los ministros andorranos que participaron en aquella reunión, y algunos de ellos todavía pertenecen al Gobierno de Andorra. También tendrían que prestar declaración las autoridades económicas andorranas que ordenaron la intervención de la BPA.

España está bloqueando las citaciones judiciales andorranas a algunos de los imputados que participaron en la operación encubierta, como los comisarios Celestino Barroso –que se ampara en la inmunidad diplomática porque era el agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra– y Bonifacio Díez, a quien después de la operación se premió con ese codiciado cargo diplomático en la Embajada de México.