Más de 3.500 jueces y unos 1.300 fiscales de toda España han secundado este martes la primera huelga conjunta convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales para exigir al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales, mayor independencia judicial, y la adaptación de la Administración al siglo XXI.

"Lamentamos los perjuicios que se hayan podido causar a los ciudadanos y a los justiciables y pedimos disculpas, pero también comprensión para que sepan que estamos luchando por un servicio público mejor", ha destacado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, a los medios de comunicación después de que el Comité de Huelga Interasociativo ofreciese los datos de seguimiento de la jornada. "Nuestras reclamaciones deben redundar en beneficio de la sociedad", ha añadido.

Según datos provisionales facilitados por el Comité de Huelga, 3.524 jueces y 1.295 fiscales de toda España han secundado la huelga convocada por las cuatros asociaciones judiciales y las tres de representantes del Ministerio Público. Esto quiere decir que de los más de 5.400 jueces y de 2.500 fiscales, el 65% y el 52%, respectivamente, han respaldado el paro de este martes.

Jueces de la Audiencia y el Supremo también paran

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado que ocho jueces de los 87 que están destinados a la Audiencia Nacional han apoyado la huelga. En concreto, han sido dos de la Sala de lo Penal; uno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y cinco de lo Contencioso-Administrativo.

Las reivindicaciones también han sido respaldas por 30 magistrados del Tribunal Supremo que, en un comunicado, han trasladado su "total apoyo" a las asociaciones. Se trata de unas reclamaciones con las que de "manera unánime" se están pidiendo "las imprescindibles reformas" que necesita la Administración de Justicia "para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde", dicen los firmantes.

Por su parte, la representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y miembro del Comité, Natalia Velilla, ha denunciado en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el salón de actos de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, que no se van a difundir datos oficiales de la huelga, ni de las diligencias judiciales que se han visto afectadas, porque el Ministerio de Justicia ha prohibido "verbalmente" a los secretarios de gobierno que faciliten información a los Tribunales Superiores de Justicia.

Algo que ha sido desmentido por el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha señalado que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio sino que compete al CGPJ. Asimismo, ha recordado que su departamento lleva "desde hace meses" en un proceso de de negociación y diálogo con las asociaciones para llegar a un acuerdo sobre las demandas que plantean.

"Una justicia del siglo XXI"

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado para este martes una huelga para culminar la serie de paros parciales que han hecho cada jueves desde el 26 de abril hasta el 17 de mayo.

Se trata de la primera vez que las siete asociaciones se unen para convocar una jornada de huelga y reclamar unas cargas de trabajo saludables; modernización de la Administración de Justicia, con más medios personales y materiales; y actualización de las retribuciones. También mayor independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía con el Ministerio de Justicia.

Los fiscales, además, reivindican autonomía presupuestaria, modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que regule las funciones conforme al principio de legalidad y la unidad de actuación; atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales; y la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción.

"Queremos mejorar la justicia, ponerla al Siglo XXI", ha defendido González Vega, quien ha lamentado que no se ha avanzado nada al respecto tras estar conversando con el CGPJ, el Ministerio y los grupos parlamentarios.

"Pedimos un cambio real de la Justicia (...) que posibilite a cada uno de nosotros la atención debida a cada uno de los asuntos. Una justicia del siglo XXI", ha recalcado el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, durante la rueda de prensa. En la misma línea se ha manifestado Montserrat García Díez, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF).

"Caso omiso" del CGPJ

Una de las principales reivindicaciones es el incremento de la plantilla judicial y fiscales "a fin de ir equiparándolo a la media europea", según explica un comunicado conjunto de las asociaciones. "Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años", denuncian.

Por otro lado, se quejan del "caso omiso" que ha hecho el órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, a la propuesta de que de que los nombramientos judiciales sean conforme a los criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia.

Las cifras de seguimiento de la huelga son mayores a la de los paros parciales, pues, según han ido informando los organizadores, casi 2.000 jueces y alrededor de 800 fiscales decidieron respaldar la suspensión de actividad durante una hora. Incluso los nueve miembros del Consejo Fiscal y otros de la cúpula del Ministerio Público se concentraron el pasado 10 de mayo durante unos minutos para secundar la movilización prevista.

A esto hay que sumar que el pasado 4 de mayo, más de 200 jueces y fiscales se concentraron ante el Ministerio de Justicia para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias" en la labor de estos profesionales. Días después, las asociaciones se reunieron con la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés para tratar estos asuntos y las propuestas de los representantes judiciales y fiscales.