El ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, llevó personalmente más de 640.000 euros a Luxemburgo para la creación de dos sociedades que sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de las ITV valencianas, según la abogada Beatriz García Paesa.

La sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán) hizo estas declaraciones en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia el pasado mes de enero, en el marco de la investigación del conocido como caso Erial, en el que está implicado, entre otros, el expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana. En el caso Erial se investigan delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.

García Paesa también está acusada actualmente por el presunto desvío de 41 millones de euros pagados en comisiones para conseguir contratos de material policial con el gobierno de Angola en el marco del caso Defex, una empresa semipública española. Esta especialista en derecho mercantil y fiscal trabaja en Luxemburgo, donde fue contactada por la Fiscalía Anticorrupción antes de declarar en Valencia, según consta en el sumario del caso Erial.

En su declaración en los juzgados de Valencia, explicó que conoce a Juan Cotino porque "llevó en efectivo" más de 640.000 euros para constituir la sociedad Imison Internacional, una firma que posteriormente sirvió para el supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de las gestiones de parte de las ITV valencianas a la firma Sedesa, controlada por los sobrinos (Vicente y José) de Cotino. Imison Internacional se constituyó en 2001, según consta en el citado sumario, y Juan Cotino ocupaba entonces el cargo de director general del Cuerpo Nacional de Policía (entre mayo de 1996 y septiembre de 2002).

Los investigadores del caso Erial creen que parte de los sobornos pagados por la familia Cotino al expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y sus colaboradores fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros. Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

La sociedad Imision Internacional estuvo controlada por Beatriz García Paesa a partir de las indicaciones de Vicente Cotino desde su constitución, aunque fue participada posteriormente por Joaquín Barceló, supuesto testaferro de Zaplana (según detalla el fiscal en varios de sus escritos). Fénix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero controlada por Juan Francisco Garcia, exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV. Tanto Imision como Fénix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.

El grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las citadas firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos y en contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las "mordidas" pudieron suponer el 10 % del negocio total.

García Paesa admite en su declaración judicial que mantuvo contactos frecuentes en Luxemburgo con Vicente Cotino y que ninguna de las dos sociedades (Imison y Fenix) tuvo actividad real. Explica igualmente que fue Vicente Cotino quien le dio instrucciones para transferir las acciones de ambas sociedades a los supuestos testaferros de Zaplana Joaquín Barceló y Francisco Grau, con quienes se citó en Madrid para ponerles al corriente de las operaciones.

Asimismo, detalla que en 2009 Francisco Grau le dijo que las acciones iban a ser transferidas nuevamente a dos sociedades uruguayas, Misley y Disfey, y que en esa época le dieron el contacto de Fernando Belhot, una persona que a su juicio hacía un trabajo "idéntico" al suyo pero en aquel país sudamericano. Antes de la liquidación, Imison tenía un capital de 7,8 millones de euros en efectivo y participaba en la firma española Medlevante con 2,9 millones, según esta gestora.