El juez Joaquim Bosch ha elegido un título muy llamativo para su nuevo libro, un ensayo de ágil lectura y a la vez concienzudo en los datos sobre la corrupción en España, sus causas, su origen y sus posibles soluciones. La patria en la cartera, publicado por Ariel, es el fruto de "un gran esfuerzo de investigación" sobre uno de los fenómenos patrios por antonomasia: la corrupción. 

Bosch, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia), compatibiliza su labor judicial con intervenciones mediáticas sobre asuntos de actualidad en las que suele destacar por su claridad y rotundidad. En su nuevo libro, despliega el mismo estilo apacible pero contundente con el que invita a profundizar y a reflexionar como armas de empoderamiento social.

En alusión al título de su libro, ¿suelen ser más corruptos los autodenominados patriotas?

Es una dinámica habitual en la historia de nuestro país que gran parte de los corruptos hagan apelaciones constantes a sus servicios a la patria. Y esto es así desde el siglo XIX; digamos que los grandes próceres del país continuamente hacían exaltaciones patrióticas mientras estaban desviando el dinero a la cartera. Esto en la dictadura de Franco llegó a sus máximos niveles, pero han sido también habituales los casos de corruptos en la democracia que antes de conocer sus fechorías hicieron grandes apelaciones a España y a la patria. 

Asegura que en España la corrupción no es sistémica o transversal, sino que se concentra en el ámbito político a niveles muy elevados, ¿por qué ocurre esto?

No vivimos en un país de corrupción sistémica como otros que sí la tienen, en la que la corrupción alcanza a los funcionarios, a la Policía, a los jueces. En ese sentido hemos mejorado, pero, en cambio, sí que hay una corrupción estructural de tipo político y las cifras de cargos políticos implicados en corrupción sí que se parecen a las de algunos de los países más corruptos del mundo. 

Esto tiene que ver con la dictadura y con el tránsito a la democracia. Es evidente que gran parte de los políticos de la nueva democracia procedían del entorno de Franco, sin experiencias democráticas previas por razones obvias, pero lo mismo les ocurrió a los partidos que venían de la oposición al franquismo, que tuvieron que desarrollar su actividad en las catatumbas de la clandestinidad y esto tampoco generó hábitos democráticos. Las dinámicas de la transición llevaron a un sistema de partidos muy jerarquizados, opacos, con cúpulas con un poder enorme y que los hábitos sociológicos del franquismo no llegaron a transformarse, sino que en algunos casos llegaron a aprovecharse de leyes del franquismo que facilitaban la corrupción. Esto explica que en gran parte la corrupción se mantuviera en los ámbitos políticos. Todas las redes clientelares del franquismo se convirtieron en redes clientelares de los principales partidos en democracia.

Otro dato alarmante que ofrece: si se aplicaran las reformas estructurales contra la corrupción para elevar la calidad institucional, España incrementaría en un 20% su PIB per cápita en un periodo de 15 años, según datos del Banco Mundial, entre otros indicadores. 

Los economistas expertos nos dicen que si tras la muerte de Franco se hubiera acabado con las prácticas corruptas, nuestra renta per cápita sería superior a la media europea y a un nivel similar a la de Finlandia. Es que las diferencias principales de España respecto a otros países europeos con mayor calidad de vida no se deben a nuestro potencial, productividad, formación... No es un problema de productividad económica sino de cómo funciona el sistema institucional y de que hay muchos recursos económicos; pensemos en la cantidad de millones de euros que se adjudican en obras públicas y que están contaminados por la corrupción.

¿Por qué no se resuelve este problema? ¿No hay voluntad política para acabar con la corrupción?

Mi impresión es que hay un conflicto de intereses entre los principales políticos y sus cúpulas dirigentes y las reformas que habría que acometer. Es un asunto complejo, porque los principales líderes políticos no son corruptos, salvo excepciones. Es posible que las reformas que se tendrían que acometer restaran poder interno a las élites dirigentes. Un ejemplo: hay cerca de 100.000 personas que son cargos de designación, cargos de confianza de los partidos, cargos nombrados a dedo; esto no tiene equivalente en Europa. Nuestra calidad institucional mejoraría mucho si acabáramos con estas prácticas. Uno de los grandes problemas de la corrupción es que los controles internos fallan porque no son independientes. Los altos cargos de la Administración están vinculados a estas prácticas. Con este tipo de nombramientos, los dirigentes consiguen muchas adhesiones, mucha influencia. Estos conflictos de intereses... Tengo pocas dudas de que no hasta ahora no habido voluntad política para acabar con la corrupción.

Una de sus fuentes de estudio para este libro han sido centenares de sentencias sobre corrupción. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en este sentido?

El perfil más presente es la facilidad que ha habido en España para corromperse y esto viene de antiguo. En el franquismo se permitía un amplio margen de maniobra para adjudicar. Esto unido a los nombramiento a personas cercanas al Movimiento Nacional y a las élites políticas de la dictadura les permitía un control directo de las instituciones. Ya en democracia se ve lo fácil que ha sido desviar el dinero a las tramas corruptas y a los partidos que se han beneficiado. Las figuras más habituales son el cohecho o el soborno, la prevaricación y la concurrencia de delitos fiscales. Ha habido casos de un enriquecimiento muy importante del político que no se sabe de dónde ha salido.

¿La impunidad es también recurrente en España?

Sí, sin duda ninguna, porque la corrupción que llega los juzgados es la punta del iceberg. El 90% de los autores de hurto no los vamos a conocer; con más razón a los responsables de estos delitos corruptos que tienen instrumentos de ingeniería financiera; tienen más medios los corruptos que los jueces para perseguirles. En  todos los estudios europeos sobre nuestro país, se dan unos niveles muy altos de corrupción que deberían traducirse en algos niveles de condenas y es al revés. 

"El Gobierno gobierna, la banca administra y el español trabaja", esto lo dijo José María Aguirre Gonzalo, banquero y procurador de las Cortes franquistas.

Esa fue la visión de la dictadura. La concepción de que los ganadores de la guerra se beneficiaran y se repartieran el botín estuvo hasta el final de la dictadura. Los sectores que apoyaron al bando ganador se beneficiaron; por ejemplo, a las eléctricas se les concedió la regulación pública del sector. Hubo una simbiosis entre el mundo de la política y el de la empresa. 

¿Franco no quiso atajar la corrupción porque él mismo era corrupto?

Franco era un corrupto en una dictadura inmersa en la corrupción, que es algo inherente a los regímenes totalitarios. Además entendió que la corrupción era un instrumento esencial para tener satisfechas a las familias del régimen, los intereses económicos unen más que los ideológicos, por eso ignoraba las denuncias de corrupción que le llegaban.

Otra cita que recoge su libro es la pronunciada por el banquero Juan March: "Todo hombre tiene su precio y si no lo tiene es que no vale nada". No suena muy decente esto...

Es que este hombre, considerado el empresario más sobresaliente del siglo XX en España, basó buena parte de su trayectoria en el soborno. Se enriqueció gracias a sus relaciones con cargos políticos y a los sobornos.

Lo que llevarse el dinero negro a Suiza no es de ahora...

Efectivamente, fue muy habitual en la dictadura que grandes empresarios y políticos, se llevasen el dinero fuera por si el régimen caída y así tener reservas fuera. Por lo general, ha habido poca ética fiscal. 

La ejemplaridad debe ser de arriba a abajo, pero casos de corrupción como los que salpican al rey emérito, por ejemplo, ¿han provocado que la sociedad española pueda ser más permisiva, más tolerante con la corrupción?

Hemos mejorado bastante. Uno de los efectos de la dictadura fue esa aceptación de la corrupción como algo natural; es normal porque duró mucho tiempo. A finales de los años ochenta, todavía en los estudios europeos se destacaba que en España la primera virtud que se le exigía a un político no era la honradez. En la crisis de 2008, se puso más la lupa en la prácticas corruptas. La sociedad empezó a ser menos permisiva.

Como casos de corrupción del siglo XXI destaca 'Gürtel', el caso de los 'ERES' de Andalucía y el caso 'Nóos'. ¿Por qué son emblemáticos estos casos?

'Gürtel', porque los hechos probados de la sentencia nos dicen que no estamos ante cuatro manzanas podridas sino ante un eficaz sistema corrupto. Fue un caso muy relevante: un trama de sobornos que de manera sucia conseguía dinero y permitía al propio partido conseguir millones de euros. El caso de los 'ERES' tiene matices diferentes pero nos muestra estructuras clientelares que han movido millones de euros para facilitar el mantenimiento del poder. Y el caso 'Nóos' tiene la particularidad de que hay personas, y así lo dice la sentencia, a las que se les dio un trato de privilegio por tener cercanía con la Casa Real. 

¿Sería más eficaz la lucha judicial contra la corrupción con vocales del CGPJ elegidos por la carrera judicial?

Ese es el sistema que se funciona en los países europeos democráticos y es el sistema que nos está diciendo continuamente el grupo GRECO del Consejo de Europa, la Comisión Europea y todo tipo de organismos internacionales que debería seguir España. Sé que hay una artillería continuada de todos los partidos políticos para que esto no cambie pero tenemos que preguntarnos si no quieren que cambie porque precisamente el actual sistema permite a los partidos controlar la Justicia con todas las secuelas que tenemos a diario en el país.

Usted aporta posibles soluciones en su libro y habla de un reforma del Tribunal de Cuentas. ¿En qué sentido?

Que los partidos no se repartan por cuotas un órgano tan importante que supervisa la gestión económica de las administraciones y también el funcionamiento interno de los partidos. Tiene poco sentido que vocales repartidos entre las fuerzas políticas luego investiguen las cuentas de las propias fuerzas políticas. Al mismo tiempo hay que mejorar los mecanismos de imparcialidad  y los recursos con los que cuentan los técnicos del Tribunal de Cuentas y definir mejor sus competencias.

¿Qué habría que hacer con la inviolabilidad del rey para prevenir posibles corrupciones e impunidades?

Un jefe de Estado de un país democrático, sea una república o una monarquía parlamentaria, no puede tener privilegios injustificados. Cualquier diferencia de trato con el resto de los ciudadanos debe tener una función que cumplir. Puede haber algunas figuras que den protección jurídica a cargos determinados siempre que estén muy relacionados con lo que hace el cargo y que fortalezca las instituciones. Lo que carece de sentido es que un jefe de Estado pueda cometer delitos al margen de sus funciones y que esto no tenga ninguna consecuencia jurídica. Es una protección desmesurada y una pasarela a que un jefe de Estado pueda cometer delitos y a la impunidad. Por lo tanto, debería regularse de otra manera. 

¿Es necesario el aforamiento de los cargos públicos?

Vuelve a ser una protección desmesurada que provoca que haya tribunales solo para políticos, que es una quiebra de la igualdad ante la ley, y al mismo tiempo genera esas presiones para controlar la cúpula judicial y para que en aquellos tribunales que juzgan a los aforados, como es el Tribunal Supremo y los TSJ pueden producirse injerencias y presiones para la configuración de esos tribunales porque precisamente juzgan a esos aforados. Deberíamos ir a medidas de supresión de esos aforamientos.

¿Qué puede hacer la sociedad frente a la corrupción?

Yo creo que hay un problema de ética ciudadana. Es importante crear infraestructuras éticas, también en el ámbito educativo, para que no puedan darse esos fenómenos de lo que llamo 'electorado corrupto'. Ciudadanos que en el conocimiento de que un alcalde, por ejemplo, es corrupto lo votan porque creen que pueden beneficiarse, que no es tan importante que un cargo público tenga una conducta deshonesta. En otros países democráticos la ciudadanía es mucho más exigente. Debe producirse un empoderamiento social frente a la corrupción.