La izquierda ha logrado ganar la batalla judicial a la derecha para gravar a quienes más tienen. Tras la sentencia que dio la razón al Gobierno frente al recurso de la Comunidad de Madrid que avaló el impuesto que pagan las grandes fortunas –quienes acumulan más de tres millones de euros– este jueves el Tribunal Constitucional ha analizado y tumbado también los recursos de Galicia y Andalucía.

Las fuentes consultadas por Público confirmaron que la decisión del Alto Tribunal es la misma que para Madrid, con cuatro votos particulares incluidos. El Constitucional aplica así, por amplia mayoría, el mismo criterio, la misma doctrina que ya hizo pública hace dos semanas, a todas las comunidades y establece que el Gobierno, la Hacienda estatal, es competente para gravar la riqueza. 

La sentencia de Madrid dejó claro que "la queja real de la Comunidad" consistía en "que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros (únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio". Para el Constitucional, "este objetivo no puede impedir al Estado ejercer su competencia para establecer nuevos tributos".

Ahora, el fallo para Galicia y Andalucía, que habían reclamado que el tributo estatal dañaba sus competencias y su capacidad fiscal al colisionar con el impuesto del patrimonio, transferido a las comunidades autónomas, asume que el Gobierno de España no  modificó "el régimen de cesión ni el sistema de financiación autonómica".

Para la mayoría del Constitucional, "el impuesto sobre grandes fortunas es complementario del de patrimonio y no afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas sobre este tributo". "El mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones aplicables en patrimonio seguirán siendo, única y exclusivamente, los que decida la comunidad autónoma, sin que el impuesto sobre grandes fortunas suponga cambio alguno", se posiciona el Alto Tribunal. 

Este debate de calado jurídico, político y social se produce en un contexto de expansión del gasto público tras la pandemia, y justo cuando grandes organismos internacionales han recomendado precisamente que los más ricos participen de una salida más justa a la crisis del coronavirus.

Sin embargo, en España, la derecha tomó el camino contrario. Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), presidente de la Junta de Andalucía, en septiembre de 2022, recién estrenada su mayoría absoluta y en aplicación de su ideología neoliberal, en su afán por igualar la fiscalidad de la comunidad más poblada –y con grandes bolsas de pobreza y paro estructural– a la de Madrid, anunció a bombo y platillo que suprimía el impuesto del patrimonio.

Este es un tributo de competencia autonómica que grava la propiedad (bienes muebles e inmuebles) por encima de los 700.000 euros sin contar la vivienda habitual (de hasta 300.000 euros). En Andalucía lo pagaron en el año 2020, según la Agencia Tributaria, apenas 16.785 personas, que abonaron 93,3 millones de euros. Es decir, quienes más acumulan se ahorraron esa cantidad.

Regalo fiscal

Hasta que Moreno abrió este debate, Madrid era en efecto la única región que había eliminado este impuesto. Los socialistas, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, en 2008, antes de la crisis de Lehman, también liquidaron este tributo, aunque después, en 2011, el PSOE lo recuperó.

La polémica que generó el anuncio de Moreno Bonilla y el rechazo de la izquierda, que lo consideró un regalo fiscal a los más ricos, provocó anuncios en otras comunidades gobernadas por el PP –Galicia y Murcia– que se lanzaron también a apuntar bonificaciones y rebajas en ese impuesto.

Fue después cuando el Gobierno de España, ante el peligro de reducción de la recaudación por la competencia fiscal entre comunidades que promovía el PP, decidió aprobar un tributo temporal (se cobrará también en 2024 sobre la riqueza de 2023), complementario al del patrimonio.

Se llamó impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y su objetivo, según el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, era "avanzar en una política fiscal más progresiva en el que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". 

623 millones

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, "para evitar la doble imposición", estableció que los contribuyentes solo pagaran por la parte de sus bienes que no hubiera sido gravada antes por su comunidad autónoma en el impuesto sobre el patrimonio. Esto es: se descuenta del pago de este nuevo impuesto lo abonado por patrimonio.

Por este motivo, la recaudación se obtuvo el año pasado, principalmente, de los grandes patrimonios de Madrid, donde se concentran las grandes fortunas en España, y después, a distancia, de Andalucía.

Este tributo recaudó 623 millones de euros en 2023 (sobre la riqueza de 2022). 12.010 grandes patrimonios, que apenas representan el 0,1% de los contribuyentes en España, lo abonaron. Los andaluces que lo pagaron fueron 865 y abonaron 29,7 millones.

Recuperar el impuesto

A Moreno, de este modo, le ha salido el tiro por la culata. De momento, los más ricos entre los ricos tributan y el dinero se lo embolsa el Gobierno central y no la Junta de Andalucía.

Tras perder en el Constitucional, Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que va a recuperar el impuesto –y acometerá rebajas fiscales por otra vía– del patrimonio y el Gobierno andaluz también se lo ha planteado. El PSOE andaluz ya ha reclamado a Moreno que rectifique. 

Fuentes del ministerio de Hacienda indicaron a Público que aún "es prematuro" plantearse si el impuesto a las grandes fortunas se convertirá en estructural en esta legislatura, como han reclamado distintas voces de la izquierda.