El estado crítico del acuífero de Doñana y la salida del Parque Nacional de la lista verde que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el mayor organismo ambiental del mundo, debido a la mala gestión de la zona ha provocado una cascada de reacciones políticas en Andalucía. La izquierda ha censurado estos días la política ambiental del Ejecutivo andaluz.

Los dos parques nacionales aparecen en la web del organismo como "candidatos" a entrar en esa clasificación. La salida de Doñana se ha conocido esta semana, avanzada por el diario El País, pero se produjo en junio de 2022, según la carta que envió el organismo al director del Parque Nacional el 30 de noviembre pasado, a la que ha tenido acceso Público.

El deterioro de los acuíferos y de la zona es lo que llevó a la exclusión, no exactamente la ley de regadíos de Moreno, según recoge esa misiva. Doñana está ahora en proceso de evaluación de nuevo para su retorno a la lista, si eso fuera posible.

El portavoz del Gobierno andaluz rechazó, empero, haber recibido una información oficial sobre Doñana, como sí sucedió con Sierra Nevada, y detalló así su versión: la UICN, en junio de 2022, dijo Fernández Pacheco, hace una propuesta de valoración respecto a Doñana, ante la que la dirección del parque muestra su disconformidad y presenta, en agosto de ese año, una queja formal.

La contestación, según Fernández-Pacheco, ha llegado recientemente, el 30 de noviembre, diciendo que Doñana está "suspendida en la lista verde desde junio de 2022" y que se va a "revaluar", pero eso no es "una comunicación oficial". "Han tardado más de un año en contestar a nuestra reclamación, no me atrevo a decir cuándo van a volver a evaluar Doñana", según manifestó el consejero, recoge Europa Press.

El PSOE de Andalucía pidió la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco (PP): "Es el único que no se entera del fracaso", dijo el diputado Mario Jiménez. Por Andalucía había denunciado que también Sierra Nevada, donde también existe un conflicto por los excesos en el consumo de agua, había sido descabalgada por la UINC de su lista verde.

La parlamentaria de Por Andalucía, Alejandra Durán (Podemos), censuró lo que tachó de "falta de compromiso" del Gobierno andaluz en materia medioambiental: "[No tiene sentido] que la Junta traslade su enorme preocupación por la sequía y que eso no vaya compasado con hechos que vayan a proteger medioambientalmente espacios de gran valor ecológico como es Doñana".

El Gobierno de España, que firmó hace unas semanas la paz sobre Doñana con la Junta de Andalucía, después de lograr que Moreno Bonilla enterrase la ley con la que este pretendía ampliar los suelos regables en el entorno de Doñana, manifestó: "Creo que se ha acabado el tiempo de gracia para trabajar, o mejor dicho, para permanecer sin trabajar con respecto a la recuperación de Doñana".

"Lo importante, lo fundamental, es trabajar contra el reloj para poder recuperar la calidad de vida del ecosistema de Doñana", indicó la vicepresidenta Teresa Ribera, este lunes.

A juicio de Ribera, la primera medida debe ser "cumplir la legalidad vigente" y continuar con el cierre de pozos ilegales que toman sus aguas en el entorno de Doñana. "Van más de 400 pozos ilegales cerrados. Buscando la reducción de esa presión con las multas que correspondan", dijo, al tiempo que ha resumido que no se debe "amnistiar ningún cultivo ilegal".

Veta La Palma

El Gobierno andaluz se aferra también al acuerdo con Ribera como el principio de las soluciones. Este martes, además, anunció este martes el desembolso de 72 millones de euros para comprar la finca Veta La Palma, 7.600 hectáreas, la mitad de ellas inundadas, para ampliar la superficie del Parque Nacional un 14%.

La Junta de Andalucía aportará el 35,66% con fondos propios (un total de 25.901.965,71 euros) mientras que el 64,34% restante (46.723.718,97 euros) se obtendrán de fondos europeos Feder. Los empresarios, Instituto Hispánico del Arroz SA, que actualmente gestionan esas tierras se embolsarán ese dinero y gestionarán la finca aún un año más, en 2024, hasta que en 2025, según la Junta, pase ya a manos públicas.

Esta adquisición, según el Gobierno andaluz, "garantiza la supervivencia del gran humedal de la finca, que puede albergar más de 300.000 aves acuáticas, el 60% del censo de aves del Parque. Sus más de 3.000 hectáreas con inundación son fundamentales para las aves durante los meses con escasez de lluvia, compensando la situación de sequía que sufre Andalucía y permitiendo el mantenimiento de las cifras de los censos de aves", recoge Europa Press.

El lunes por la tarde, se celebró un Consejo de Participación en Doñana –un órgano consultivo al que el PP andaluz no consultó la ampliación de los regadíos– el primero después del acuerdo entre Gobierno y Junta de Andalucía. En él, según las fuentes consultadas por Público, se constató una vez más el estado crítico del parque.

Miguel Delibes, el presidente del Consejo de Participación, ante los medios, quiso lanzar un mensaje en positivo y confió en que el pacto entre administraciones "sea un cambio de dirección y un paso adelante para poder trabajar mejor y que todas estas amenazas sobre Doñana puedan, por lo menos, suavizarse".