IU ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley integral para la protección frente a la pobreza y la exclusión social en la que se recoge un Plan de Trabajo Garantizado para la creación directa de un millón de puestos de trabajo digno y con un salario mínimo de 1.050 euros.

Según explica la formación en el texto, este plan está basado en tres ejes: reforzar las actividades económicas y sociales; crear nuevas actividades, principalmente ecológicas —servicios de reutilización y reparación de materiales y productos o actividades de optimización del rendimiento energético de edificios—; y remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados, así como otros trabajos que hoy día son de carácter voluntario.

De esta manera, explica la formación, el Estado tendrá la responsabilidad de garantizar un empleo remunerado y con condiciones laborales dignas a cualquier persona que no haya podido encontrar trabajo en el sector privado o en el sector público tradicional, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad, priorizando la situación socio-económica.

"Asimismo se ofrecerá un número determinado de puestos de trabajo para aquellas personas que tuvieron que emigrar del país y que deseen retornar. Se trata de organizar y, por parte de los y las empleadas en el programa colaborar activamente, en la construcción de una comunidad política próspera, ecológica y cohesionada socialmente", indica la propuesta de IU.

Además, el texto propone la creación de un Sistema de Renta Mínima Garantizada para extender esta prestación a las personas hoy excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito autonómico o estatal. "No se trata de cambiar la administración pagadora de una prestación sino de completar en el conjunto del Estado la insuficiente cobertura actual", apunta IU.

El documento también busca recuperar de manera inmediata el derecho a la revalorización de las pensiones, tanto contributivas como no, para que sean periódicamente actualizadas "de manera transparente" y no puedan perder poder adquisitivo.

IU quiere, además, que se vuelvan a considerar también para la revalorización otros factores como la productividad de la economía, el aumento de la participación de los salarios en la renta nacional y la coyuntura económica general. Del mismo modo, se elimina el factor de sostenibilidad que estaba previsto aplicar el 1 de enero de 2019 a los nuevos pensionistas.

La ley incluye, por otra parte, modificaciones legislativas para universalizar la asistencia sanitaria pública y para eliminar los topes máximos de aportación para pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración. IU también quiere eliminar el copago para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios.

Del mismo modo, regula la garantía del derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social, fijando unos mínimos de consumo mínimos vitales y un sistema público de precio social, estableciendo un mandato al Gobierno para elaborar un Plan contra la pobreza energética.

En este sentido, propone la garantía de la función social de la vivienda. "Los poderes públicos serán garantes de la disponibilidad de un alojamiento para todas aquellas personas que actualmente carecen de un hogar así como en caso de pérdida de la vivienda habitual por causas sobrevenidas", indica la norma.

Se establece, además, una moratoria de los procedimientos de ejecución hipotecaria para deudores en situación de insolvencia sobrevenida, y se impulsa una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y programas de ayuda al alquiler para evitar el lanzamiento por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler de personas en situación de exclusión social.

Garantías para una Educación de calidad frente a la pobreza y la exclusión social y un Plan Comarcal de lucha contra la exclusión social en el ámbito rural son otras de las medidas que recoge este texto en el que IU lleva trabajando desde febrero.

Según ha explicado IU, una de las firmantes de esta ley, la diputada Eva García Sempere se ha desplazado en estos meses, junto a un equipo técnico de la formación, a distintas comunidades y ciudades autónomas para mantener contacto directo con asociaciones, colectivos locales y expertos que trabajan desde hace tiempo en estos temas, recabar información y para que aportaran sugerencias.