Los agentes de élite de la Guardia Civil en materia de lucha antiterrorista siguen presentes en las carreteras y caminos de Euskadi, en algunas ocasiones sin comunicarlo de forma previa la Ertzaintza, algo que el Gobierno Vasco reivindica como de obligado cumplimiento. Las razones de esos dispositivos casi tres años después de la desaparición de ETA son mantenidas en secreto por el ministerio del Interior. 

Uno de los últimos controles del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se registró el pasado 17 de marzo a la entrada de Tolosa, un municipio del interior de Gipuzkoa. El exalcalde de esa localidad y actual parlamentario de EH Bildu, Ibai Iriarte, hizo una foto y la publicó en Twitter, interpelando al delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, para que explicara las razones que llevaban al GAR a montar ese dispositivo en la entrada de Tolosa. De momento no ha recibido ninguna respuesta.

"Aquí los controles son muy habituales", afirma Iriarte, quien describe algunas de las principales características de tales acciones: "Metralletas, pinchos en la carretera, perros...". En un folleto informativo publicado por el ministerio del Interior se destaca precisamente que ese grupo de la Guardia Civil tiene como misión prioritaria "la lucha contra el terrorismo", al tiempo que subraya que su experiencia en el Euskadi y Navarra "permite la utilización de sus capacidades para luchar contra cualquier tipo de terrorismo, particularmente el de origen islámico".

El grupo cuenta con unidades en los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, "donde desempeñan sus funciones específicas", mientras que la base está en Logroño (La Rioja). "De los muy variados servicios que realiza el GAR, unos son preventivos y otros ofensivos, encontrándose entre los primeros los controles, reconocimientos de zona, cobertura de frontera, apostadores, etc., y entre los segundos, más espectaculares, como son las entradas, registros, detenciones, cercos, batidas, etcétera", señala Interior en ese folleto.

El capítulo "preventivo" del GAR acaba de tener eco en el Parlamento Vasco con resonancia en Madrid. El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga había preguntado al consejero de Seguridad del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, sobre si estaba al tanto de los controles desplegados por la Guardia Civil el día 28 de enero en la carretera Munitibar-Muxika y el 3 de febrero "en la entrada a Gernika".

"Estos controles militarizados suponen una demostración de violencia y una persecución hacia la ciudadanía", señalaba Arzuaga en su pregunta. "Esta presencia armada del pasado se encuentra hoy totalmente fuera de lugar. Estos controles deben ser comunicados al Departamento de Seguridad", añadía el parlamentario abertzale.

Malestar en Vitoria

En la respuesta enviada a Arzuaga, el consejero Erkoreka –quien además ostenta el cargo de vicelehendakari primero– señaló que "la Ertzaintza no ha sido informada ni ha tenido conocimiento de la realización de controles comunicados, así como no comunicados, los días 28 de enero y 3 de febrero de 2021 por parte de la Guardia Civil entre las localidades de Muxika y Gernika, por lo que ante el desconocimiento de la realización de dichos controles, no es posible aportar mayor información al respecto".

En esa línea, El número dos del Ejecutivo autonómico anunció que había recordado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "la obligación por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de comunicar a los responsables de la Ertzaintza la realización de ese tipo de controles", destacaba en su respuesta, según publicó la agencia Europa Press.

La alcaldesa de Muxika, Begoña Enbeita (EH Bildu), recibió noticias del control instalado el 28 de enero en la carretera que va a Munitibar. "Se trata de una vía comarcal y poco transitada, por la que normalmente solo circula gente de la zona que sabe usar esas carreteras", señala. Por ello, la responsable municipal destacó que esos dispositivos "no son necesarios", ya que en la zona no hay "ningún problema de seguridad". "No vemos la necesidad de que la Guardia Civil monte controles, para eso tenemos a la Ertzaintza", remarcó.

Casi una veintena

Las cifras oficiales que maneja el Gobierno Vasco indican que los dispositivos de la Guardia Civil se mantuvieron tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, producido en octubre de 2011. De acuerdo a los datos ofrecidos en distintas respuestas enviadas al parlamentario Julen Arzuaga, en 2015, cuatro años después de aquel anuncio, hubo 1.928 controles, de los cuales 685 fueron de carácter "antiterrorista" y otros 315 "sin especificar". 

Ese mismo año, PNV y PSE –formaciones que entonces ya gobernaban juntas en Euskadi– solicitaron al Gobierno de Mariano Rajoy que "adecuara" las actuaciones de la Benemérita. No tuvieron éxito: en 2016 hubo otros 1.752 operativos, 205 de ellos atribuidos al combate contra el terrorismo.

En mayo de 2018, ETA anunció su disolución. Ese año los controles bajaron hasta los 50, 12 de los cuales correspondieron a "lucha antiterrorista". En la primera mitad de 2019 hubo otros 18 dispositivos "comunicados" de la Guardia Civil en Euskadi –lo que significa que la Ertzaintza fue informado de los mismos, a diferencia de lo ocurrido en enero y febrero de este año–, de los cuales siete fueron identificados como "antiterroristas". Los restantes 11 respondieron a "otros" motivos no especificados. No hay datos sobre el segundo semestre de ese año.

La última respuesta ofrecida por el Gobierno Vasco a Arzuaga señala que entre el 1 de julio de 2020 y comienzos de febrero de 2021 "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado un total de 59 controles", aunque no se indica cuántos de ellos estuvieron amparados en la lucha antiterrorista.  

"Riesgo para la seguridad"

En ese contexto, Público se ha puesto en contacto con el ministerio del Interior y con la Guardia Civil para conocer las razones de esos controles, pero de momento no ha habido respuesta. Tampoco lo consiguió aclarar el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu cuando preguntó por escrito sobre ese asunto en el Congreso. En una respuesta enviada en junio pasado, Interior señaló que "no se puede detallar esta información, ya que, por su naturaleza, podría suponer un riesgo para la seguridad y para la labor de las FCSE", en alusión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.