La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene desde hace casi un mes la denuncia de Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado junto a su amigo Joxean Lasa por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en octubre de 1983, contra el expresidente Felipe González. La denuncia pide que se investigue si González era realmente la famosa X de los GAL, es decir, el líder en la cúspide de la organización terrorista del Estado que asesinó a 24 personas e hirió a 27  bajo sus siglas, entre 1983 y 1987. 

Pili Zabala, odontóloga y exparlamentaria vasca por Elkarrekin Podemos,  presentó la denuncia en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, el pasado 5 de enero, el día en que su hermano mayor hubiera cumplido 59 años. Solicita que se incoen diligencias de investigación para dilucidar si Felipe González pudiera ser objeto de denuncia "por haber incurrido presuntamente en el delito de inducir a cometer atentados y desapariciones forzadas a través de los GAL o en el delito de, en vez de ser garante del estado democrático y de Derecho, haberse prevalido de su cargo público de presidente del Gobierno español para tolerar, financiar o encubrir graves vulneraciones de derechos humanos por medio de los fondos reservados, tal y como evidencian innumerables testimonios e informaciones".

La denuncia está motivada por nuevos indicios que pueden justificar la apertura de una investigación sobre el papel de González en la creación y en el funcionamiento de los GAL. El fiscal jefe de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, remitió la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por ser la competente para investigar o archivar estos hechos. "De la denuncia se desprende la posible participación en los delitos de personas que no han sido aún juzgadas. En concreto, aporta datos e informaciones nuevas y recientemente conocidas sobre la posible participación de Felipe González Márquez, que entonces ejercía el cargo de presidente del Gobierno español", consta en el decreto del fiscal Calparsoro.

La nueva prueba fundamental es un informe de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, desclasificado hace unos años, pero difundido en España hace ocho meses, que asegura, entre otras cosas, que "González ha estado de acuerdo con la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas". En su denuncia, Zabala indica que la traducción es: "Felipe González ha acordado la creación de un grupo de
mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas".

El informe de la CIA fue elaborado el 19 de enero de 1984, cuando el Partido Socialista llevaba un año en el poder. Se titula "Terrorism Review" y analiza el auge del terrorismo en países como Siria, Yugoslavia, Francia y Alemania. A España le dedica los epígrafes 'ETA' y 'GAL'. De estos últimos grupos, señala que "están asistidos por la policía española, que están llevando a cabo una 'guerra sucia'  contra miembros de ETA escondidos en el sur de Francia". En su día, el informe tenía la calificación de secreto y al desclasificarse sigue manteniendo censurados algunos datos, que aparecen en blanco en el documento.

La afirmación sobre la conformidad de Felipe González de crear ese grupo terrorista para combatir a ETA al margen de la ley está inmediatamente precedido por otra conclusión de la agencia estadounidense: "Creemos que los [policías españoles de paisano en Francia] españoles pretendían secuestrar al terrorista y devolverlo a España. El incidente, en nuestra opinión, señala el peligro de que operaciones fallidas en una guerra sucia contra ETA puedan desacreditar severamente al Gobierno de González, que da mucha importancia a demostrar su devoción por las libertades democráticas". El incidente aludido no es otro que el intento de secuestro en Iparralde del miembro de ETA (p-m) Joxe Mari Larretxea, el 18 de octubre de 1983, por parte de policías españoles para intercambiarlo por el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, que había sido secuestrado por los 'polimilis' y posteriormente fue asesinado. Aquella operación "fallida" del secuestro de Larretxea, según la CIA, podía "desacreditar" al Gobierno español.

Una semana después de aquella operación abortada de terrorismo de Estado, Felipe González se reunió con Manuel Fraga, entonces líder de la oposición de derechas, con Alianza Popular, para informarle "de un nuevo diseño de política antiterrorista", según la prensa de la época. Y días después, en la sesión del Congreso de los Diputados del 3 de noviembre de 1983, Fraga dijo en su comparecencia: "No se puede hablar en términos de guerra sucia, sino de legítima defensa".

El informe de los servicios de Inteligencia de EE.UU. tiene veracidad, "no es una fuente interesada ni poco fiable", a juicio de Pili Zabala. "La frase sobre el presunto papel del expresidente del Gobierno español en la creación de los GAL queda suspendida entre dos grandes huecos en blanco censurados por la agencia de inteligencia americana antes de desclasificar el citado informe, por lo que no se identifica la fuente de la información que permite hacer esta afirmación. No obstante, que tanto la frase anterior como la siguiente estén tachadas denota un claro indicio de que no se trata de declaraciones indirectas, sino de la revelación tajante de una o de varias personas con información fidedigna, directa y privilegiada", consta en la denuncia de Zabala, a la que ha tenido acceso Público.

Y para apuntalar que el informe no se refiere a noticias de prensa cuando dice que "González dio el visto bueno para la creación de los GAL", la denuncia de Zabala explica: "Cuando el documento señala que "la prensa española está plagada de especulaciones sobre que las autoridades están detrás del GAL y sobre que el Gobierno de González ha indicado que está preparado para hacer todo lo posible para extirpar a ETA", sí se remarca claramente que las
fuentes provienen de informaciones periodísticas, al contrario que en el caso anterior", se indica en la denuncia.

Pili Zabala ha sido la única ciudadana que ha solicitado una investigación penal a raíz de la noticia sobre el informe desclasificado de la CIA. "No he podido dejarlo pasar, hay algo en mi fuero interno que me impide dejarlo pasar, aunque sé que esta lucha me quita la salud, pero por la dignidad de mi hermano y otras víctimas, a las que han quitado su condición de víctimas, tengo que hacerlo", dice Zabala a Público. Ante la posibilidad de que la Fiscalía argumente la prescripción de los hechos para tumbar su denuncia, Zabala ha abierto la puerta a que la investigación pueda enmarcarse dentro de la causa por el asesinato de Juan Carlos García Goena, la última persona asesinada por los GAL, en 1987; un caso que sigue abierto en la Audiencia Nacional.

Cuando se difundió el informe de la CIA, varios grupos parlamentarios pidieron una investigación sobre Felipe González y los GAL, pero la Mesa del Congreso echó por tierra los anhelos de ERC, Bildu, PNV, a los que a última hora se sumó Unidas Podemos, por el rechazo del PSOE, PP Y Vox. Los socialistas alegaron que "todo lo que tiene que ver con los GAL está juzgado y sentenciado". Menos la famosa X. Hay que recordar que hubo siete sentencias condenatorias, con 27 condenados, en España por la actuación bajo el paragüas del Estado de los GAL. Para empezar, el propio ministro del Interior de González, José Barrionuevo, y su número dos, Rafael Vera, pisaron la cárcel, muy brevemente, condenados por su participación en el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey , reivindicado por los GAL, a diez años de prisión. Pero a los tres meses que su encarcelamiento en la prisión de Guadalajara recibieron el indulto del Gobierno de José María Aznar.

Caso Lasa y Zabala, un crimen de Estado

Los secuestros, torturas y asesinatos de Joxi Lasa y Joxean Zabala a manos de miembros de la Guardia Civil--en lo que se llamó el GAL verde--en octubre de 1983 también fueron juzgados. Los jóvenes vascos, refugiados en el sur de Francia, fueron secuestrados y llevados a Donostia, primero al cuartel de Inxtaurrondo, comandado por el entonces teniente general Enrique Rodríguez Galindo, fallecido por covid hace unos días-- y luego al Palacio de las Cumbres, un edificio estatal, donde fueron salvajemente torturados. A la vista del estado en que quedaron, Rodríguez Galindo, con el conocimiento del gobernador civil, Julen Elgorriaga, y del teniente Ángel Vaquero, ordenó su asesinato y desaparición. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo los llevaron a Alicante y obligaron a Lasa y Zabala a cavar su propia fosa, antes de dispararles  tres tiros en la cabeza. Después los enterraron cubiertos con cal viva. Los restos aparecieron en 1985, pero no fueron identificados hasta una década después. El de Lasa y Zabala fue uno de los crímenes de Estado más deleznables de la historia reciente de España.

Los guardias Dorado y Bayo, el teniente de la Guardia Civil Ángel Vaquero, el general Rodríguez Galindo, el más condecorado hasta ese momento en la Benemérita por sus logros en la lucha antiterrorista; y el gobernador civil Julen Elgorriaga fueron declarados culpables de tan horrendo crimen y condenados a un total de 365 años, pero Rodríguez Galindo solo cumplió cinco años de los 75 de condena, pues por motivos de salud se le ascendió de grado penitenciario y pudo irse a su casa bajo el régimen de libertad vigilada.

"Me duele mucho que me presenten como la hermana del etarra--clama Pili Zabala--. Nunca se le juzgó ni se le condenó por pertenencia a ETA. A la víctima, que es él, Joxi, se le criminaliza, se le arrebata su condición de víctima. Esto es lo que ha hecho el Estado español con las víctimas de los GAL". Otra de las evidencias que recoge en su denuncia es la nota de despacho del CESID --precursor del actual CNI-- del 6 de julio de 1983, cuyo encabezamiento decía: "Acciones en Francia". Este informe, similar al que se negó a autorizar Adolfo Suarez en 1978, recogía cómo y de qué manera se tenía que actuar contra los presuntos miembros de ETA y concluía que "la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro"; eso sí, subraya que "sólo quien está conduciendo la lucha contra el terrorismo en su conjunto, puede dicidir (sic) o no este tipo de acciones". "Con posterioridad, esta "nota de despacho" fue conocida popularmente como el acta fundacional de los GAL", indica Zabala.

Unas grabaciones probatorias

Los servicios secretos españoles tuvieron mucho que ver con la puesta en marcha y el funcionamiento del grupo terrorista GAL. Lo prueba la grabación de la conversación entre el espía Luis Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto que han sido difundida en el documental 'Non dago Mikel? sobre el asesinato de Mikel Zabalza en 1985, aún impune. También hablan en esa conversación del caso Lasa y Zabala. "Les hicimos hacer los agujeros antes de matarlos", cuenta impasible Gómez Nieto a Perote. Esa misma grabación la tuvo que  escuchar Pili Zabala en el año 2000, durante el juicio por el asesinato de su hermano. "Fue algo impactante, algo que nunca olvidaré, escuchar cómo hablaban de la vida de unos chicos jóvenes", dice.

Pili Zabala asegura que "no voy a parar hasta que Felipe González se vea señalado por alguna institución judicial, sea esta española, francesa o internacional".