Las 20.387 porras extensibles que Interior repartirá entre unidades policiales de todo el país no solo servirán para reprimir a manifestantes. Según defiende el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, los nuevos bastones de acero, cuyo precio asciende a los dos millones de euros, tienen algunas cualidades de índole no represiva. 

En un documento fechado el pasado día 27, Interior alega que "el nuevo bastón policial extensible es un elemento de fácil portabilidad, dado su reducido tamaño, que facilita la movilidad de los funcionarios que los portan".

"Además, se puede utilizar como instrumento de rescate, en el caso de personas atrapadas en el interior de un vehículo o para la autoexcarcelación, en caso de accidente, ya que su diseño permite romper las lunas del vehículo, así como actuar como palanca para facilitar la apertura de los espacios confinados", alega el ministerio.

El ministerio defiende además que la porra extensible "evita el uso de medios más lesivos, consiguiendo una mayor operatividad y efectividad en la realización de los diferentes servicios que le corresponden".

Rechaza además que la introducción de este bastón en los cuerpos policiales suponga un "cambio de modelo de defensa" En tal sentido, alega que "si bien no tienen la misma regulación, tanto el bastón policial semirrígido como el extensible se incluyen dentro del equipamiento policial, siendo sus funcionalidades y usos complementarios como medios de dotación para abarcar un mayor abanico de situaciones".

Interior destaca que ambos bastones "se encuentran regulados por el Reglamento de Armas y por Resolución de la Dirección General de Policía y, por tanto, están autorizados para su uso por el personal policial con la habilitación correspondiente".

"Efecto psicológico"

Según ha podido verificar Público, la respuesta enviada a Iñarritu coincide literalmente en varios puntos con uno de los documentos técnicos del concurso de licitación que abrió Interior en 2019 para comprar las defensas policiales.

Sin embargo, el ministerio evitó incluir en su respuesta a Iñarritu otra de las cualidades que destacaba la Dirección General de Policía (DGP) en la "memoria justificativa" presentada en junio de ese año, en el marco del proceso de licitación de las porras extensibles. 

En ese informe, la DGP apreciaba que "se trata de un elemento de fácil portabilidad que va siempre con el policía, discreta dado su reducido tamaño" y poseedora además de "un efecto psicológico disuasorio por su efecto ruidoso al desplegarse".

Seguido añadía que se trataba de una herramienta válida "como instrumento de rescate al contar con la dureza suficiente para ser utilizada como palanca (doblar puertas de vehículos y rescatar a las personas, rotura de cristales, etc)".

En la respuesta enviada el pasado día 27 a Iñarritu, Interior se limita a señalar que "las instrucciones y el protocolo de uso del bastón policial extensible están recogidos en la Resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de diciembre de 2020", cuyo contenido no ha sido proporcionado al diputado de EH Bildu. 

El ministerio tampoco ha querido dar fechas concretas ni lugares exactos sobre su uso. En esa línea, se limita a señalar que "se van a distribuir 20.387 bastones extensibles de forma paulatina a las Unidades designadas en la Resolución referida, principalmente unidades de Seguridad Ciudadana".

"Mayores estragos"

La llegada de estas armas –ya empleadas por otros cuerpos policiales en España– a la Policía Nacional ha despertado la preocupación del despacho de abogados Reivindícate, situado en Alcalá de Henares. En una petición lanzada a través de la plataforma OsOigo.com, el bufete reclama a Interior que paralice el reparto de estas porras, "cuyas características, según los pliegos de dicho contrato, resaltan por poseer una mayor resistencia y dureza que las porras de goma, portando además en su extremo final una punta de polímero endurecido".

El despacho sostiene que los bastones de acero "van a causar mayores estragos en la sociedad" ya que "no responden, ni por asomo, al principio de menor lesividad posible, algo que los Cuerpos de Seguridad del Estado deberían cumplir por ley pero no hacen".

"Es por esto que exigimos al gobierno que de marcha atrás en su decisión de sustituir las porras de goma por las de acero extensibles dado que estas resultan mayormente dañinas y no se adecuan al principio de menor lesividad posible", solicita Reivindícate, que exige también al Gobierno que "actúe para que las Fuerzas de Seguridad del Estado desempeñen sus funciones de acuerdo a ley, respetando los derechos humanos".