De nada han valido los reclamos de las organizaciones de derechos humanos. Tampoco de varios grupos políticos. Ni siquiera las heridas de gravedad han provocado un cambio de rumbo. A día de hoy, los antidisturbios de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Armada tienen miles de pelotas de goma guardadas, listas para ser usadas cuando sea necesario ejercer el "control de masas".

Según ha podido verificar Público, los ministerios de Interior y Defensa se niegan a revisar el tipo de armamento que se utiliza para actuar contra lo que sus protocolos definen como "grupos violentos" en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas. 

El 12 de agosto, en pleno receso veraniego, la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada abrió un proceso de licitación para la compra 1.500 pelotas de goma y 1.000 cartuchos de impulsión para escopetas antidisturbios. El contrato fue adjudicado el pasado día 6 a la empresa Falken por un importe de 7.163 euros.

La Armada ya había comprado otras 10.000 pelotas de goma y 10.000 cartuchos para ese tipo de escopetas en 2020. Entonces, el documento justificativo elaborado por el Ministerio de Defensa alegaba "una necesidad surgida directa y exclusivamente" de la participación de las unidades de Infantería de Marina, buques y helicópteros en la "Operación de Mantenimiento de la Paz 2020". 

La Armada afirmaba en aquel informe que esas unidades "necesitan para el desempeño del cometido de control de masas, además de la cartuchería convencional de pequeños calibres para posibles intervenciones de autodefensa, determinados tipos de municiones" denominados "no letales", entre los que incluyen las balas de goma.

Según explicaba el cuerpo militar, esos proyectiles se emplean "en acciones en las que se pretende neutralizar los objetivos o disuadirles de posibles acciones hostiles, causándoles el menor daño posible".

Además de las pelotas de goma, la Armada solicitó entonces "artificios triples fumígenos y lacrimógenos con efectos antidisturbios que son disparados con fusil y botes de humo lacrimógenos lanzados a mano" y aerosoles de defensa personal "de efectos irritantes instantáneos".

Por su parte, la Guardia Civil incluyó en su último plan anual de contratación una partida de 18.143 euros para la compra de "bolas de caucho verde antidisturbios" y otros 54.268 euros para la compra de cartuchos de calibre 12/70, que llevan balas de goma en su interior.

"Esta munición está pensada y probada para disparar a una distancia mínima de 25 metros, ya que en disparos a distancias inferiores las lesiones causadas pueden ser de mayor gravedad", señala la descripción de este tipo de cartuchos en catálogos de armerías consultados por Público.

Negro y verde

La Policía Nacional también continúa utilizando proyectiles de estas características. En agosto de 2022, el Ministerio del Interior abrió un procedimiento para la compra de cartuchos de proyección del calibre 12/57, 60.000 de color negro y 200.000 de color verde, diseñados para el "lanzamiento de medios antidisturbios con escopeta policial para las anualidades 2023, 2024 y 2025". 

De acuerdo a los datos recopilados por Público a través del Portal de Contratación del Estado, este contrato fue adjudicado a la empresa Sofiam Ibérica por un importe total de 504.570 euros.

En un pliego publicado dos meses antes, el Ministerio del Interior había sacado a licitación la compra de "39.000 pelotas de caucho de color negro para el año 2022", destinadas a los agentes antidisturbios.

"Antibelicistas"

La memoria justificativa de la Policía Nacional dejaba claro que esas balas de goma ya tenían posibles objetivos: los manifestantes en contra la Cumbre de la OTAN que se celebraría a finales de junio de 2022 en Madrid.

"En atención a las circunstancias extraordinarias a las que se ha de hacer frente en el presente ejercicio (especial mención a la Cumbre de la OTAN que se celebrará el 29 y 30 de junio), entra dentro de lo esperado que las reservas de este tipo de material puedan reducirse de forma considerable", afirmaba la Policía Nacional en ese informe.

El informe advertía además sobre "la previsible conflictividad inherente a este tipo de actos públicos, en los que se congregan colectivos adscritos a determinados movimientos sociales, como pueden ser los 'antibelicistas' o 'antisistema' entre otros, obligan a la provisión suficiente de este tipo de material".

"En caso de que se produzcan conflictos, originados por la existencia de individuos o grupos organizados antisistema o radicalismos violentos de naturaleza política, la Policía Nacional tendrá la obligación de intervenir para proteger la integridad física y los derechos individuales, el mobiliario urbano y la propiedad privada", aventuraba la Policía. 

En base a esas suposiciones, el documento subrayaba la necesidad del  aprovisionamiento de pelotas de caucho "para la disolución y
fragmentación de masas violentas, que les permitan a las unidades de orden público materializar sus cometidos con las máximas garantías de seguridad y para la reposición del citado material que se ha agotado por su utilización en intervenciones anteriores". 

Caso omiso

Los informes de los ministerios de Interior y Defensa que acreditan la necesidad de comprar pelotas de goma eluden por completo un aspecto clave en este asunto: la peligrosidad de ese tipo de armamento, algo que ha sido denunciado en un amplio número de ocasiones por grupos políticos y organizaciones de derechos humanos.

"La normativa que regula los medios utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no es pública, por lo tanto no se puede determinar si cumple con los estándares internacionales. Por otro lado, su uso está prohibido en Navarra, Euskadi y Cataluña para las policías autonómicas", recuerda el informe Stop Balas de Goma, publicado por el Centro de Derechos Humanos Iridia y Novact-Instituto Internacional para la Acción Noviolenta en 2021. 

Los autores de ese documento certificaron que entre 1976 y 2017 "las balas de goma han dejado, al menos, 23 personas muertas y varias decenas de heridas, muchas de ellas de gravedad". 

Sólo en los últimos 20 años, la investigación contabilizó "22 casos de afectaciones en contextos de protesta y celebraciones futbolísticas", a lo que debe añadirse las "14 personas muertas y las cuatro heridas que buscaban alcanzar a nado las costas del Tarajal (Ceuta), el 6 de febrero de 2014, y que recibieron disparos de balas de goma por parte de la Guardia Civil con el fin de impedir su entrada al Estado español". 

Amnistía Internacional (AI) también ha exigido la prohibición de las pelotas de goma "por ser intrínsecamente imprecisas, y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva". 

"Las pelotas de goma que se están empleando en España resultan altamente imprecisas y en la práctica han causado lesiones graves, por lo que deberían ser prohibidas. Roger Español perdió un ojo por el impacto de una de estas pelotas de goma disparadas el 1 de octubre de 2017 por la Policía Nacional en Barcelona", recordaba AI en una solicitud dirigida al Gobierno español. 

En junio pasado, la Fiscalía de Barcelona solicitó al juzgado que no se juzgue al escopetero y a los tres agentes de la Policía Nacional señalados como responsables del disparo que hirió gravemente a Roger Español.

Los reclamos también han llegado al Congreso. En julio pasado, Podemos solicitó que la derogación de la ley Mordaza incluya un acuerdo parlamentario para prohibir el uso de pelotas de goma. Por su parte, EH Bildu y ERC han exigido igualmente al Gobierno que ponga fin a la utilización de ese tipo de proyectiles. De momento, oídos sordos.