A veces eran jóvenes. En alguna otra ocasión superaban los setenta. En algún momento de los últimos diez años, hubo una tragedia que les unió: unos y otros, hasta 31 en total, murieron mientras se encontraban bajo custodia policial. Hay otra línea que les atraviesa: todos esos casos fueron catalogados como "suicidios" por Interior. Ahí está, precisamente, la clave de esta historia: consiguieron suicidarse pese a los protocolos que deben impedirlo.

Según consta en una nueva respuesta escrita enviada por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu –quien anteriormente había preguntado sobre las muertes registradas en comisarías–, entre 2010 y abril de 2020 se produjeron 31 suicidios de personas "sometidas a custodia policial". En este documento, Interior proporciona los datos relacionados con el "motivo" del fallecimiento: además de esa treintena ahorcamientos, se registraron en ese periodo otras 34 muertes calificadas como "naturales".

Respecto a los suicidios, el informe describe distintos casos en los que las personas detenidas –en su mayoría bajo custodia de la Policía Nacional, aunque también hubo cuatro casos en calabozos de la Guardia Civil– lograron acabar con su vida sin que ningún agente lo detectase y, de esa forma, pudiese impedirlo.

Se explica, por ejemplo, que el 23 de enero de este año se produjo el suicidio de un joven de 23 años en la comisaría de Algeciras. El detenido se ahorcó "atando la manta a la puerta del calabozo". En junio de 2019, un hombre de 71 años se suicidó "atando un cordón a la rejilla protectora" del ventilador de la celda en Denia (Alicante).

"Hay un problema con los protocolos antisuicidios", afirma Iñarritu a Público, quien destaca que "cuando se registran más de un treintena de suicidios, significa que algo falla". "El Gobierno debería modificar esos protocolos o poner otras medidas para que nadie pueda quitarse la vida mientras está bajo custodia policial", subraya el representante de la coalición abertzale.

"El número de suicidios por ahorcamiento es muy alto. Son personas que no deberían pasar tanto tiempo en comisaría y ser puestos más rápido a disposición judicial", afirma por su parte el reconocido activista por los derechos humanos Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación Contra la Tortura. "Hay protocolos –continúa–, pero no se aplican bien o no son lo suficientemente efectivos. Si hay gente que se ha ahorcado con los cordones, es que han fallado esas medidas".

Según consta en la respuesta remitida por el Gobierno a Iñarritu, en la comisaría de Motril (Granada) llegaron a registrarse dos suicidios con apenas tres días de diferencia. El 9 de septiembre de 2017, un hombre de 33 años se ahorcó "atando su camiseta sobre la puerta de seguridad del interior de la celda". 72 horas más tarde, un varón de 49 años se suicidó con "una venda que tenía puesta en una pierna", atándola "a un barrote de la celda".

Valentín Aguilar, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), destaca que esa comunidad, que "tiene el 18,5% de la población española, registra más de un 50% de las muertes en calabozos", entre suicidios y muertes calificadas como "naturales". En Málaga capital, por ejemplo, se registraron tres casos de ahorcamientos en sus calabozos. Dos de ellos se produjeron en 2010 y el restante en 2014.

"Faltan organismos independientes que puedan estudiar qué ha pasado en cada una de esas ocasiones". "Cada fallecimiento es un fracaso absoluto del sistema. Aquí hay fallos que necesitan una corrección", sostiene Aguilar.

"Actuaciones indagatorias"

En tal sentido, el Gobierno asegura en su respuesta que existen "una serie de protocolos específicos dirigidos a disciplinar el proceso de detención y custodia", lo que persigue que las actuaciones policiales "respeten de modo escrupuloso los derechos fundamentales policiales del ciudadano". Subraya además que durante 2019 hubo 19 "actuaciones indagatorias" en torno a los "sucesos de mayor impacto".

En su respuesta, Interior hace alusión también a una serie de instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad. Entre ellas se encuentra la directiva 12/2007, que en 2015 fue cuestionada por el Defensor del Pueblo.

"El impacto psicológico de la detención unido al efecto que produce en los detenidos la comisión de un delito, especialmente de aquellos que implican fuertes afectaciones emocionales, son un factor de riesgo para las conductas autolíticas, por lo que la retirada de todos los objetos que puedan ser susceptibles de utilizarse por el detenido para autolesionarse constituye una medida preventiva de indudable utilidad", destacó entonces el Defensor del Pueblo.

"Sin embargo, las medidas de seguridad de los detenidos en dependencias policiales son, a juicio de esta Institución, todavía insuficientes y la elaboración de un programa de prevención de suicidios podría suponer un avance significativo en el objetivo de evitar las conductas autolíticas de los detenidos", añadía.

En el último informe anual presentado por el Defensor del Pueblo –entregado el pasado miércoles en el Congreso–, se citan tres casos de muertes en comisaría. Uno de ellos, registrado en agosto de 2019 en Madrid, figura catalogado como suicidio en la respuesta remitida a Iñarritu. Aún no ha habido una respuesta de la Dirección General de Policía sobre las circunstancias que rodearon esa muerte. El fallecido, según consta en la respuesta del Ejecutivo, se ahorcó con una camiseta a los barrotes de la celda. Tenía 36 años.