Vidas agotadas en un calabozo. Muertes en comisaría, bajo custodia policial. Casos que, en su mayoría, reciben la calificación de "naturales". Así se desprende de los datos remitidos por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien requirió información sobre los fallecimientos en dependencias policiales durante los diez últimos años.

De acuerdo a ese informe, desde 2010 se produjeron al menos 72 fallecimientos en dependencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 62 de esas muertes se registraron en comisarías de la Policía Nacional, mientras que otras diez tuvieron lugar en instalaciones de la Guardia Civil.

"Cabe significar que los motivos del fallecimiento se fijan sobre la información facilitada en la fase inicial de la investigación", señala Interior en la respuesta remitida a Iñarritu. En tal sentido, de las 62 muertes señaladas en ese documento, 29 aparecen calificadas como "naturales" y otras 30 como suicidios. Hubo además tres por causa de sobredosis, según el Gobierno.

En 2019 se registraron 10 muertes en comisarías de la Policía Nacional, una cifra que no se alcanzaba desde 2012. De acuerdo a este informe, en 2018 se habían producido cuatro, mientras que en 2017 se habían registrado siete. También se indica que a fecha 20 de febrero de 2020 se sumaban ya dos casos: un suicidio en Algeciras el día 23 de enero y una "muerte natural en Badía del Vallés (Barcelona) el 16 de febrero. 

En cuanto a la distribución geográfica, 25 de los 62 casos se registraron en Andalucía: seis en Granada, cinco en Málaga, cuatro en Almería, tres en Sevilla, tres en Cádiz, dos en Córdoba, uno en Huelva y otro en Jaén. Se contabilizaron además ocho en la Comunidad de Madrid y siete en la Comunidad Valenciana. Figuran además otros cuatro en Aragón –tres en Zaragoza y uno en Teruel–, tres en Catalunya –no se incluyen los datos de Mossos de Esquadra– y dos en Islas Baleares.

En el caso de la Guardia Civil, entre 2010 y 2018 hubo 10 muertes en sus dependencias. Siete fueron por catalogadas como "naturales". Hubo otra por autolesión, otra por ahorcamiento y otra por "embolia pulmonar relacionada con una operación reciente de una pierna". El 50% de esos fallecimientos se registró en Andalucía.

Muertes en intervenciones policiales

Asimismo, el Gobierno remitió la "relación de personas fallecidas con ocasión de una intervención policial", indicando que sobre este tema "solamente se tiene información desde 2015". En total, hubo 32 muertes durante procedimientos policiales, de las cuales 14 figuran catalogadas como "accidentales" y otras 14 como "naturales". Las restantes cuatro se calificaron como "suicidios".

En 2019 hubo ocho muertes en intervenciones policiales, lo que significa la cifra más alta del periodo analizado. También se indica que en lo que va de 2020 ha habido un caso en Madrid –el día 12 de enero–, documentado como "muerte accidental".  

Por territorios, 14 de los fallecimientos ocurridos entre 2015 y febrero de 2020 se registraron en actuaciones policiales producidas en Andalucía. Otras seis se produjeron en la Comunidad de Madrid, tres en la Comunidad Valenciana –dos en Valencia y uno en Alicante– y otras dos en el Principado de Asturias. En el listado aparecen también las provincias de Pontevedra, Zaragoza, Murcia, Cáceres y Ciudad Real, con una muerte cada una.

"Más aclaraciones"

"Hemos formulado nuevas preguntas sobre este tema. Por ejemplo, queremos saber cómo es posible que se produzcan suicidios en las comisarías cuando hay un protocolo antisuicidios", afirmó Iñarritu a Público. Del mismo modo, ha reclamado al Gobierno que especifique los motivos de las muertes calificadas como "naturales" y "accidentales".

Para Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, una mala utilización de los protocolos policiales está detrás de muchas de estas muertes. Se refiere concretamente al denominado "síndrome del detenido", en el que "policías se echan encima de una persona alterada o bajo efectos de sustancias estupefacientes, y le acaban asfixiando".

"En casos de ese tipo, la muerte, como se ha actuado dentro del protocolo policial, es considerada correcta y atribuida a un infarto de miocardio u otra causa natural", subraya el activista.

Por tales motivos, Del Cura cree que Interior debería revisar sus normativas. "La excusa de los agentes siempre es la misma: sostienen que han aplicado el protocolo. Pero cuando se produce no una, sino varias muertes, es evidente que algo falla", sostiene.