Si nada ni nadie lo impide, y a estas alturas parece alto improbable, uno de los pistoleros ultraderechistas que perpetró la matanza de Atocha en 1977 será puesto en libertad este jueves, 19 de noviembre. Lo hará sin cumplir los más de diez años que le restaban de la condena a 193 años de cárcel que le impuso la justicia en 1980 y de los que tenía que cumplir 30 años. 

Los abogados y compañeros de las víctimas Cristina Almeida y José María Mohedano explican a Público su perplejidad ante la concatenación de decisiones judiciales que permitirá al pistolero de Atocha Carlos García Juliá salir de la prisión este jueves, a pesar de no haber cumplido con la totalidad de su condena y de haber estado durante décadas como prófugo de la justicia española. 

"Sentimos una impotencia enorme. Brutal. Siento que los tribunales nos han dejado desprotegidos", explica a Público la abogada Cristina Almeida, que representó a las víctimas en el juicio que se celebró entre finales de los 70 y principios de los 80 y que ahora ha coordinado la estrategia jurídica que ha tratado de evitar la excarcelación de uno de los asesinos de la matanza de Atocha, que se cobró la vida de cinco personas y otras cuatro resultaron heridas.

El también abogado José María Mohedano, que ha asesorado a Almeida y que vivió la matanza de Atocha junto a la excalcaldesa Manuela Carmena a solo tres portales de distancia, también se muestra contundente y contrario a las decisiones de los tribunales españoles. "Me parece impresionante e incomprensible. Se trata de una serie de decisiones judiciales incomprensibles, inaceptables y escandalosas, que no se sostienen bajo ninguna perspectiva del derecho positivo español. Es inaudito", sostiene el que también fuera diputado por el PSOE entre 1989 y 1996. 

García Juliá fue extraditado a España el pasado mes de marzo desde Brasil a petición de la justicia española. Llevaba décadas prófugo tras quebrantar la ya polémica y discutible libertad condicional que se le concedió en 1991 y tras aprovechar un todavía más polémico permiso judicial para viajar a Paraguay y huir. En 2017, la Audiencia Nacional cursó una nueva orden de detención internacional tras conocer que se ocultaba en Brasil bajo una identidad falsa y explicitaba, según EFE, que le quedaban por cumplir 3.855 días de condena en España, unos diez años y medio. 

Sin embargo, la defensa de Garcia Juliá solicitó que su caso fuera llevado por la Audiencia de Ciudad Real, último tribunal en condenarle por un intento de fuga, y las cuentas cambiaron. El citado tribunal dictaminó que García Juliá debía cumplir únicamente 287 días más dentro de una cárcel española para cumplir con la totalidad de su pena. Así, la pena por cumplir quedó reducida de 10 años a 10 meses. ¿La razón? La Audiencia de Ciudad Real considera que García Juliá le otorga unos beneficios penitenciarios ordinarios y extraordinarios por redención de penas por el trabajo, por estudios, y por buen comportamiento, según informa Comisiones Obreras. 

La decisión de la Audiencia de Ciudad Real es rechazada frontalmente por los abogados de la Fundación Abogados de Atocha que explican que un recluso solo puede obtener beneficios penitenciarios que reducen la condena si ha tenido un comportamiento modélico, no ha quebrantado órdenes de la justicia, no ha tratado de fugarse o no ha roto con una orden de libertad provisional. Así, la letrada Cristina Almeida recuerda que Santos Juliá estuvo varias décadas como prófugo de la Justicia española, que intentó fugarse una vez y que, además, quebrantó la libertad condicional que se le otorgó en 1991. 

"No puedo entender por qué otorgan a este hombre ventajas propias de un preso modélico. Nunca lo fue. García Juliá no fue nunca un preso modélico", incide Cristina Almeida, que ha recurrido la decisión de la Audiencia de Ciudad Real hasta el Constitucional con la esperanza de que se rectifique una decisión que considera "injusta" y que, además, "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que tienen las víctimas". José María Mohedano también carga contra esta decisión de la Audiencia de Ciudad Real. "Se le concede unos beneficios penitenciarios por buena conducta después de escaparse, de amenazar a un director de prisión y otros funcionarios y de incumplir la libertad condicional", denuncia.

Así, tanto Mohedano y como Almeida consideran "más que discutible" que sea la Audiencia de Ciudad Real el órgano competente sobre el caso García Juliá. La Audiencia Nacional había llevado todo el proceso y la extradición del pistolero, pero la última condena que había recibido Garcia Juliá fue en Ciudad Real por un intento de fuga que, además, nunca había sido comunicado a las víctimas ni abogados de Atocha. Por este motivo, la defensa de García Juliá pidió que el caso lo llevara la Audiencia de Ciudad Real y así lo acordaron los tribunales, que optaron por la Audiencia de Ciudad Real como competente en la materia. Sin embargo, los abogados de las víctimas consideran que los dos hechos no están relacionados y que tendría que haber sido la Audiencia Nacional la encargada de decidir. 

Asimismo, José María Mohedano se muestra muy crítico con el trabajo realizado por "los fiscales que han tratado el asunto" y por "sus jefes" tanto "en la Audiencia Nacional como en la Audiencia de Ciudad Real". "Desde su fuga a Paraguay hasta la actualidad. Es inconcebible todo lo que ha pasado", sentencia Mohedano. Así, la única opción de paralizar la excarcelación de García Juliá pasa por el recurso que la Fundación ha presentado ante el Constitucional. Sin embargo, Almeida advierte de que, a estas alturas, ya es muy complicado. "El Constitucional solo admite un 1% de los recursos que le llegan", sentencia.