Paula De la Fuente, de 89 años de edad, recibió este verano una noticia sorprendente. El Instituto Navarro de la Memoria había conseguido identificar genéticamente los restos de su padre, Leoncio De la Fuente Ramos, que había sido asesinado tras la histórica fuga de presos del Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, en mayo de 1938. "Me volví loca de alegría. Loca. Poder enterrar dignamente a mi padre, por fin, es lo más feliz que puede haber en este mundo", declaró entonces Paula De la Fuente a Público. 

La identificación mediante pruebas de ADN que permitió a Paula De la Fuente dar un entierro digno a los restos de su padre es, sin embargo, una excepción. La secretaría de Estado de Memoria Democrática hizo público este martes un monográfico sobre las exhumaciones en España que incluye un dato sorprendente rescatado de la tesis doctoral del médico forense Fernando Serrulla, que expone que solo han podido ser identificados genéticamente el 0,2% de los 130.199 individuos que se estiman asesinados por la violencia franquista, es decir, unos 260. 

El impactante dato sirve para reflejar la titánica tarea que el Estado debe asumir para saldar la deuda pendiente con las miles de víctimas republicanas y con la justicia. Sin embargo, también hay que tomarlo con ciertas cautelas ya que a día de hoy también resulta imposible precisar con exactitud cuál es el número total de víctimas de la violencia franquista. La investigación doctoral de Serrulla tomó como referencia la investigación del historiador Francisco Espinosa, en la obra Violencia roja y violencia azul: España 1936­, que cifró en 130.199 víctimas de la violencia franquista y unas 49.272 víctimas de la violencia republicana. 

La publicación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que lleva el título de Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista 2000­-2019 y está coordinado por el prestigioso forense Paco Exteberría, también ofrece otra serie de datos que pone de manifiesto el esfuerzo realizado hasta la fecha por familias y asociaciones memorialistas y lo mucho que queda por hacer en esta materia para conseguir cerrar el capítulo de las víctimas en fosas de la Guerra Civil y, consecuentemente, cerrar una parte de las heridas abiertas. 

Así, la también doctora Lourdes Herrasti señala en un capítulo del amplio informe que hasta 2019 se han conseguido intervenir y exhumar un total de 785 fosas  y se han recuperado 9.698 individuos. La cifra actualiza los datos que ya ofreció Herrasti a Público el pasado verano cuando los cifró en poco más de 9.000 personas recuperadas. El año en el que se recuperaron más cuerpos de las profundidades de la tierra fue 2009 cuando se exhumaron un total de 3.225 cuerpos, de los 2.840 pertenecían al cementerio de San Rafael en Málaga, la mayor exhumación realizada hasta la fecha. 

Por otro lado, el informe también estima, una vez más citando la investigación del doctor y médico forense Serrulla, que en el momento actual sería posible recuperar de las fosas del franquismo que todavía pueden ser exhumadas (muchas están desaparecidas o fueron destruidas) alrededor de 20.000 personas, de las que posiblemente entre 5.000 y 7.000 pueden ser identificados genéticamente si se cuenta "con el adecuado apoyo institucional". La cifra coincide con la aportada por Francisco Etxeberria en una reciente entrevista con Público. 

La base para un "ambicioso" plan de exhumaciones

El objetivo del monográfico editado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es tratar de sintetizar todo lo realizado hasta ahora en materia de fosas comunes de la Guerra Civil y recuperación de cuerpos para poder realizar una composición de lugar y, a partir de ahí, desarrollar las políticas necesarias.

De hecho, fue encargado en 2018 por Fernando Martínez, entonces director general y ahora secretario de Estado de Memoria Democrática, con el fin de que "sirviera de base para elaborar un ambicioso plan de exhumación de fosas, liderado desde el Gobierno de España, para dar respuesta definitiva a la demanda de las víctimas y sus familiares". 

"Con la exhumación de los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista aún pendientes no se reabren heridas, sino que se contribuye definitivamente a cerrarlas. Acometerlo es una cuestión de justicia, de derechos humanos, ampliamente requerida por los familiares de las víctimas y planteada insistentemente a España por los organismos internacionales", escribe la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el prólogo del monográfico. 

Medidas a tomar: banco de ADN, equipos de exhumación...

El informe concluye con una serie de conclusiones y recomendaciones que deben guiar la política a seguir tanto por la Vicepresidencia primera del Gobierno como por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a la hora de diseñar las políticas públicas relacionadas con esta materia.

Así, el monográfico recomienda desarrollar una red de laboratorios de genética forense de la Memoria Histórica con unos criterios homogéneos y de una base de datos nacional de ADN de la Memoria Histórica compartida por todas las Comunidades Autónomas. 

También se propone la creación de un Consejo Asesor de Memoria Histórica que con carácter técnico dirija los procedimientos de exhumación y posteriores análisis genéticos. El Consejo tendría a su disposición siete equipos forenses de intervención que podrían "resolver en unos cuatro o cinco años el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil". 

Por otro lado, se reitera la necesidad de crear un mapa de fosas actualizado con toda la información disponible de las diferentes comunidades autónomas y un censo nacional de víctimas de la Guerra Civil que acabe con la disparidad de números en lo referido al número de víctimas de la guerra y la represión franquista. 

Plantear la derogación de la Ley de Amnistía

El informe de la Secretaría de Estado también incluye un apartado en el que recoge todas las recomendaciones que los diferentes organismos de Naciones Unidas han dado a España en los últimos años para cumplir con los derechos y demandas de las víctimas del franquismo.

En este sentido, el propio informe señala que el Estado debe cumplir con la recomendaciones de estos organismos, entre las que se encuentran, que el Estado lidere el proceso de búsqueda de desaparecidos a través de una política integral; adoptar las medidas legislativas y judiciales necesarias a fin de garantizar el derecho a la Justicia de las personas afectadas por la desaparición; establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada; y "considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 en cuanto constituye un obstáculo para el ejercicio de la justicia".