Más temprano que tarde se producirá la promulgación de los indultos a los presos políticos del procès por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Este lunes, el presidente viajará de nuevo a Barcelona y presidirá un acto en el Liceu donde sacará pecho ante 300 representantes de la sociedad catalana de las medidas de gracia, las cuales podrían promulgarse en el Consejo de Ministros del martes. 

Los indultos, que pretenden servir de pistoletazo de salida para la estrategia de desinflamación y acercamiento con Catalunya, serán la continuación de una serie de guiños de Sánchez durante las últimas semanas, como los continuados viajes a Catalunya. Este mes de junio, además, está previsto el reinicio de la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern que se prometió a ERC para que facilitara la investidura del presidente y mandar mensajes conciliadores hacia Catalunya. La estrategia tendrá que sobrevivir a los envites de la derecha, que volcará todas sus energías en descalificarlos y en usarlos como arma de desgaste contra el Ejecutivo.

Público ya contaba hace unas semanas que Sánchez arriesgará lo que sea necesario para buscar una salida al conflicto catalán. Una vez que el coronavirus parece controlado después de un largo año, con los calendarios de vacunación avanzando y el Estado de alarma desactivado, la actualidad ha vuelto a girar en torno a los indultos del procès. Para ello, Sánchez ha mirado cada vez con más frecuencia hacia Catalunya. 

"Si no hay mesa de diálogo, no habrá legislatura". Con esas palabras desde la palestra del Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián ponía sobre el tablero a principios de 2020 que el Gobierno de Pedro Sánchez debía romper la dinámica e iniciar los trámites para la reparación de relaciones con Catalunya. Políticos encarcelados, la dramática jornada del 1-O siempre presente, la marcha de Puigdemont y el Tribunal Supremo sentenciando a cárcel a Junqueras y al resto de líderes implicados. Ese día, con esas palabras, Rufián ponía el punto de partida para la reparación. La mesa de diálogo, por cierto, se reactivará con el nuevo Govern de Pere Aragonès en Catalunya. 

La pandemia interrumpió cuestiones primordiales para este Gobierno, el primero de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El coronavirus dio paso a otros asuntos en el orden de prioridad, como la ley del teletrabajo, los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital... Ahora, la cuestión territorial vuelve al primer plano de la actualidad política.

Los dos acercamientos más recientes  

Hasta Felipe VI está envuelto para destensar la situación política en Catalunya, el Gobierno va con toda la artillería para dejar aislado a Pablo Casado en este tema. En su visita a la XXXVI reunión anual del Cercle d'Economia, esta semana, el jefe del Estado se encontró con el recién nombrado president de la Generalitat, Pere Aragonès, un encuentro que encierra un mensaje de deshielo importante entre ambas administraciones. Hay mucho recorrido entre este encuentro y el discurso del monarca del 3 de octubre de 2017, 48 horas después de la represión policial del 1-O, cuando tildó de "deslealtad inadmisible" al independentismo.

Otro de los acercamientos de Sánchez vino a través la ley de vivienda catalana. Rufián negociócon la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, que el Ejecutivo evitara reclamar la suspensión de la ley de vivienda catalana en su recurso al Tribunal Constitucional. Este gesto se interpretó como un paso necesario para reiniciar la mesa de diálogo con el Govern y explorar una etapa de distensión en el conflicto catalán. No se podía empezar un tiempo nuevo con el Gobierno estatal tumbando una ley emanada del Parlament de Catalunya con amplia mayoría.

Los acercamientos de Sánchez

Alegando necesidad de "diálogo, acuerdo y pacto", Sánchez ha ido dando pasos hacia los indultos para poder reiniciar las tareas de reparación en la política de Catalunya. Así, Sánchez ha viajado a Barcelona en múltiples ocasiones para dejar entrever una actitud apaciguadora. 

Una de esos viajes fue a la clausura del Cercle d'Economia de Barcelona, como ya hemos dicho, esta pasada semana, donde quiso lanzar mensajes de conciliación. Incluso unos días antes desde Argentina valoró con buenas palabras una carta de Oriol Junqueras en el que valoraba los indultos como una forma de "aliviar" la tensión.  

Otro de los acercamientos más evidentes que ha hecho el presidente del Gobierno es asumir el coste político que pueda tener llevar a cabo los indultos: "Ayudar a resolver problemas no representa un coste", dijo a finales de mayo. 

Para no dar alas a la derecha, Sánchez ha querido relacionar los indultos a la legalidad y vigencia del sistema español: "La decisión tendrá presente los valores constitucionales, de concordia y entendimiento", dijo el mes pasado con la intención de desactivar las críticas de PP, Vox y Ciudadanos. 

Una derecha que se va quedando sola en estos últimos días en su oposición total a los indultos. Primero, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado comprensión hacia la medida. También lo han hecho los obispos catalanes, respaldando los indultos. Una semana después del pinchazo de la manifestación de Colón, Casado se va arrinconando frente al creciente apoyo a la medida de diferentes estamentos sociales.