La familia del exministro franquista José Utrera Molina, ya fallecido, ha demandado por la vía civil a la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez por el siguiente tuit, publicado el 2 de marzo de este año: “Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato, Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado al son del Cara al Sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen, nosotros también”.

La familia política (José Utrera Molina era su suegro) de Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, le reclama a Rodríguez 10.000 euros por una supuesta intromisión ilegítima del derecho al honor y la imagen, y persigue también que se elimine el tuit en cuestión, que se publique la sentencia en Twitter y en la prensa, en caso de ser condenatoria, y que la secretaria general de Podemos Andalucía pague todas las costas. Además, los Utrera Molina denuncian también otros tuits del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, y del exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, Alfredo Díaz-Cardiel, a quienes les pide lo mismo que a Rodríguez.

En contra de los hechos conocidos, y sobradamente contados por propios y extraños, la familia de Utrera Molina defiende en su escrito al juzgado que el exministro del dictador no tuvo responsabilidad alguna en la aplicación del garrote vil a Salvador Puig Antich, ajusticiado en 1974, porque, argumentan, este había sido condenado por un tribunal militar y tan solo el mismo Franco podía levantar esa pena.

Sin embargo, como demuestra el escrito de defensa de Rodríguez, la concesión de la gracia franquista iba firmada, además de por el propio Franco, por el presidente del Gobierno de entonces, y se utilizaba la fórmula “de acuerdo con mi Gobierno”. Cuando no se producía la conmutación de la pena de muerte, el consejo de ministros emitía un enterado de la condena. Por esto, el exministro franquista fue acusado, en un auto de octubre de 2014, por la jueza argentina María Servini -tras una querella de la familia de Puig Antich- con la siguiente fórmula: “Hechos que habré de imputarle a José Utrera Molina: El haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”.

“Por tanto”, afirma el escrito de Rodríguez, “además de su participación directa como alto dirigente de la dictadura fascista, el padre de los demandantes negó personalmente la gracia a Salvador Puig Antich, ratificando su condena a muerte. El enterado era la denegación del indulto y, por tanto, suponía la ejecución de la pena de muerte. De ese modo, además de responsable político del funcionamiento del régimen, fue directamente responsable de esa muerte concreta, tal y como se señala en la publicación objeto de la demanda”.

En la respuesta a la demanda, el abogado de Rodríguez, Luis de los Santos, añade también la siguiente reflexión: “Es de extrañar que, durante la vida del señor Utrera Molina, éste no ejerciera ninguna acción civil para defender su presunta vulneración del derecho al honor, ni siquiera ejerciera acciones penales por delitos de calumnias contra las personas e instituciones que emitían estas declaraciones sobre su papel como Ministro en la ejecución y asesinato de Salvador Puich Antich. Sin embargo, una vez fallecido, son los herederos los que van más allá que él y consideran vulnerado el derecho al honor de su padre contrariamente a lo que él pensaba o al menos así se deduce de la omisión de demandas que interpuso en vida por esta causa el señor Utrera Molina”.

Oda al blanqueo de la dictadura

Así, la demanda de la familia política de Ruiz Gallardón, además de poder leerse como un texto con contenido jurídico, puede también leerse, 43 años después de la muerte de Franco, como una verdadera oda al blanqueo y la manipulación de lo que fue realmente la dictadura. Así lo expresa la defensa de Teresa Rodríguez: “La demanda pretende abordar el funcionamiento de un régimen dictatorial como el del General Franco con los parámetros del Estado de Derecho. Cita las normas vigentes insinuando una continuidad de sistema que repugna a cualquier demócrata por lo que tiene de negación de que la Constitución de 1978 instaurara realmente un Estado social y democrático de derecho que vino a sustituir la arbitrariedad del régimen franquista”.

“Pretende así -prosigue el escrito de defensa de Rodríguez- que el órgano judicial y esta parte recurran al ordenamiento teóricamente vigente durante la dictadura para argumentar la competencia formal del difunto señor Utrera Molina en lo relativo a la pena de muerte y la prerrogativa de gracia. Más allá de lo inadecuado de esta técnica, tras esta pretensión parece esconderse una intención política, forzando al juzgador a legitimar implícitamente el régimen franquista presentándolo como un Estado de Derecho”.

“El mero hecho de asumir que la condena a muerte que nos ocupa fue pronunciada por un juez independiente supone ignorar la realidad de un Estado dictatorial en el que ninguna decisión de tanta importancia se tomaba sin la inspiración y aquiescencia del Jefe del Estado. Lo que se denuncia en el mensaje publicado en la red social Twitter por esta parte es, precisamente, la colaboración del difunto señor Utrera Molina en este régimen, que lo hace corresponsable de todas las decisiones adoptadas en aquel momento por el Estado”.

En efecto, estos son los argumentos con los que su familia trata de exculpar a Utrera Molina del ajusticiamiento de Puig Antich: “Toda vez que la ejecución de la sentencia condenatoria tuvo lugar el 2 de marzo de 1974, cabe presumir que con anterioridad se produjo la preceptiva notificación al Consejo de Ministros, cumpliéndose así el trámite legal establecido, sin que el jefe del Estado ejerciese en aquel caso el derecho de gracia. […] Salvo que se pretenda convencernos de que el hecho de formar parte de un consejo de ministros que, en su momento fue informado de la ejecución de la condena dictada por un tribunal militar permite atribuir a todos los miembros del gabinete la comisión de un delito de asesinato, pocas dudas puede haber en cuanto a que una acusación en tal sentido es clamorosamente falaz y difamante. […] Tan solo formaba parte del Gobierno de la Nación al que tan solo debían notificarle la sentencia como requisito previo para su ejecución. Y lo cierto es que ni, aunque hubieran querido, podía ninguno de los ministros de aquel gabinete haber hecho nada para impedir la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal”.

Y estos los argumentos con los que despacha la imputación de la jueza María Servini: “Tanto la fiscalía general como el Gobierno español rechazaron de plano cualquier petición de extradición de la jueza argentina por carecer manifiestamente de jurisdicción para el enjuiciamiento de unos hechos que en modo alguno podían constituir delito de clase alguna. A efectos meramente dialécticos, resulta evidente que el puro y simple hecho de que se esté tramitando un procedimiento con semejante imputación, en modo alguno permite atribuir a ninguno de los encausados la autoría del delito de que se trata sin que se haya producido o llegase a producir el necesario pronunciamiento judicial que así lo declare”.

LIbertad de expresión y crítica política

Rodríguez quiso, con su tuit, según explica en su escrito al juzgado, “realizar una crítica política, a la manera de otras que suele realizar desde su cuenta de Twitter, en la que pone de evidencia que hay una continuidad ideológica entre determinadas fuerzas políticas actuales y quienes colaboraron en los horrores de la dictadura franquista”.

“En contra de lo que de manera falaz reitera la demanda, en ningún caso se dice que el padre de los demandantes firmara la condena a muerte, que ordenara su ejecución ni que lo asesinara él mismo. Tampoco, y en esto de nuevo la exposición de hechos de la demanda vuelve a incurrir en falsedad manifiesta, se incluye ningún insulto contra la persona de don José Utrera Molina. Bien al contrario, lo que se le atribuye es una responsabilidad política en dicha ejecución, producto de su participación destacada como Ministro-Secretario General del Movimiento, en el Gobierno y el régimen dictatorial del General Franco”.

Tanto la demanda como el escrito de Rodríguez hacen un profuso relato del currículum falangista de Utrera Molina. “José Utrera Molina tuvo una carrera política extremadamente destacada en el franquismo y tras él continuó siempre defendiendo la dictadura y la figura de Francisco Franco. Con 23 años ya era subjefe provincial de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Además de Ministro, fue Gobernador Civil de Ciudad Real, Burgos y Sevilla".

"El 18 de noviembre de 1976", afirma el escrito de Rodríguez, "se opuso en las Cortes Franquistas a la ley para la reforma política y al actual sistema parlamentario. Como miembro destacado de la Fundación Francisco Franco continuó escribiendo artículos, dando entrevistas y participando en la vida pública hasta el año 2017, declarándose siempre como falangista. Se trata de una persona, por tanto, que participó activamente y de manera convencida en la dirección política de la dictadura franquista. No se trata de una persona involucrada ocasionalmente y de manera involuntaria en el engranaje franquista, sino de uno de los máximos dirigentes del régimen fascista y dictatorial del General Franco. Colaboró en la fijación de sus posiciones políticas. Trabajó de manera constante por el mantenimiento de la dictadura, participando de todas sus decisiones. Fue un franquista decidido que dirigió el partido único”.

El abogado de Rodríguez indica que “desde el punto de vista constitucional”, en este asunto “está en juego esencialmente el ejercicio de la libertad de expresión y de crítica política”. Así, las declaraciones de la secretaria general de Podemos Andalucía en la red social Twitter “responden a la intención de discutir públicamente asuntos de interés público para la sociedad”. En tal sentido, “señala a los ministros del Gobierno franquista como corresponsables de los asesinatos políticos cometidos por el régimen bajo la forma de juicio justo y denuncia, específicamente, la falta de condena política a los mismos”.

"Su intención -afirma el letrado de Rodríguez- no es la de ofender personalmente a José Utrera Molina o sus descendientes sino la de llamar la atención sobre el hecho de que quienes colaboraron con el régimen franquista, legitimando los asesinatos políticos del mismo, como el del señor Puig, siguen recibiendo libremente reconocimiento público. Se trata de una censura política a los actos del señor Utrera Molina, que reconociéndose a sí mismo como falangista y fascista apoyó con su colaboración entusiasta el horror de la dictadura”.

En el entierro de Utrera Molina, al que asistieron entre otros, su yerno Ruiz-Galardón y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se cantó de hecho, como recoge Rodríguez en su tuit, el Cara al Sol, el himno de la Falange.

Ni armas ni casquillos

Salvador Puig Antich fue el último ejecutado a garrote vil. Murió después de 20 minutos de agonía en la cárcel Modelo de Barcelona el 2 de marzo de 1974. Tenía 25 años. Su vida fue recogida en la película Salvador, dirigida por Manuel Huerga y protagonizada por Daniel Brühl. El profesor de historia de la Complutense Gutmaro Gómez Bravo, autor del libro Puig Antich. La transición inacabada, editado por Taurus ha dejado escrito que el asesinato del almirante Carrero Blanco, cometido por ETA siete semanas antes, influyó en la pena de muerte. Puig Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación y fue condenado por un tribunal militar como autor de la muerte del subinspector de policía Francisco Anguas. 

El historiador Gómez Bravo interpretó, en algunos artículos, y en la presentación del libro, hace un par de años, que el franquismo nunca levantó aquella pena de muerte porque, en aquel momento, a mediados de los años 70, lo que buscaba era tranquilizar a la extrema derecha. Así lo dejó escrito el embajador estadounidense, Horacio Rivero, quien envió a su secretario de Estado, Henry Kissinger, un informe que contenía esta frase: “El interés del Gobierno en el orden público y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha explican la decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich”.

Tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional rechazaron ya en democracia los recursos de la familia Puig Antich contra el juicio franquista. El policía Anguas murió en un tiroteo en el que participaron cinco agentes y Puig Antich producido en un espacio muy reducido: el portal 70 de la calle Girona de Barcelona. El abogado de la familia presentó en aquel momento una infografía que mostraba los disparos y sus ángulos, lo que venía a sugerir que no se podía demostrar si había sido Puig Antich quien había matado a Anguas. Las armas de los agentes implicados en el tiroteo nunca se pusieron a disposición del tribunal militar que le condenó a muerte ni tampoco los casquillos. Además, la autopsia del cadáver se hizo en una comisaría.

La ley de memoria histórica, aprobada en 2007, declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no anuló las condenas.