El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pidió un millón de euros a la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) para sanear las cuentas del PP de Madrid, según la investigación de la Audiencia Nacional del caso Lezo.

Así, el exconsejero-delegado de ICM, José Martínez Nicolás, "infló" contratos suscritos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir dicha cantidad destinada a pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011.

El juez instructor, Eloy Velasco, apunta a la financiación irregular del PP a través de un ente público como es ICM, según el auto por el que envía a prisión al expresidente autonómico.

Ignacio González ingresó en prisión incondicional en la noche de este viernes por orden del magistrado.

Vídeo: gritos de "Ignacio Corleone", a su llegada a prisión

La investigación del caso Lezo apunta a dicha financiación irregular al partido que dirigió Esperanza Aguirre entre los años 2004 y 2016. Es la segunda ‘rana’ de la lideresa que ingresa en prisión, ya que desde octubre de 2014 ingresó Francisco Granados, su exconsejero encarcelado por la Púnica.

El auto del juez de la Audiencia Nacional atribuye a Ignacio González facturas ficticias y el manejo habitual de dinero en efectivo.

La investigación apunta también a que Ignacio González habría recibido de OHL una comisión de 1,4 millones de euros en Suiza por la construcción del ferrocarril de Navalcarnero (Madrid).

También se investiga el desvío de 23,3 millones de euros del Canal de Isabel II por medio de la compra de una empresa en Brasil. Este dinero fue ocultado posteriormente en paraísos fiscales, siempre según la investigación.

Además, el juez centra las investigaciones en la adjudicación irregular de las obras del campo de golf sobre las instalaciones del Canal de Isabel II en Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado la prisión incondicional comunicada para González, a quien investiga por organización criminal además de otros cinco delitos relacionados con la corrupción con el supuesto saqueo de las arcas públicas.

Además, el magistrado instructor ha ordenado el ingreso en prisión incondicional sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de González en Latinoamérica y consejero de la empresa editora del diario La Razón.

El juez ha dictado prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros para Pablo González, directivo de Mercasa hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid por su implicación en esta supuesta trama de corrupción.

Respecto al cuñado de este último, Juan José Caballero, el juez ha impuesto la prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros.

Los cuatro acusados, González, Rodríguez, Sobrino y Caballero, han sido enviados a la prisión de Soto del Real en Madrid.

A su vez, Javier López Madrid, consejero de OHL, y el exdirector informático de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el juez ha fijado una fianza de 100.000 euros. Ambos entrarán en prisión si no depositan esta fianza antes de las 12 horas del 28 de abril.

El titular del juzgado central de instrucción 6 ha interrogado por espacio de dos horas y tres cuartos al expresidente de Madrid tras lo cual ha dictado un auto por el que ha dictado prisión para el político del Partido Popular.

González se ha mantenido en su declaración en la apariencia de legalidad de los contratos investigados. Pero en las conversaciones interceptadas –que le han puesto en el interrogatorio- habría quedado probado la irregularidad de las operaciones, según fuentes jurídicas.

El expresidente de Madrid es investigado por una supuesta organización criminal que desplegó una presunta estrategia para saquear las arcas públicas con contratos simulados del Canal de Isabel II y para ocultar el dinero malversado en paraísos fiscales, según apunta la investigación.

Ignacio González fue presidente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012, en su condición de vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Fue en este tiempo cuando se produjo el saqueo de la empresa pública de agua, según la investigación judicial.

Además, Velasco ha aceptado la petición fiscal y ha dictado prisión sin fianza para José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, ya investigado en el caso Púnica, en una de cuyas piezas Velasco investiga la financiación ilegal del PP de Madrid.

El titular del juzgado central de instrucción 6 ha interrogado esta tarde a Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL, del grupo Villar Mir. Es investigado por el supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros a González en Suiza por el proyecto fallido de tren de Navalcarnero, adjudicado a OHL, tal y como adelantó Público en exclusiva este jueves. (López Madrid es el famoso “compiyogui” de la reina Letizia, quien le tildó así en 2014 cuando le envió un mensaje de apoyo al descubrirse su implicación en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid).

El intermediario de esta comisión habría sido Adrián de la Joya, según la investigación. Es un famoso inversor de la jet-set que el jueves prestó declaración ante el juez Velasco y se ha mostrado dispuesto a aportar la documentación de esta operación y colaborar con la justicia.

El juez ha dictado prisión para Edmundo Rodríguez Sobrino, tal y como pedía el fiscal. Rodríguez Sobrino era la mano derecha de Ignacio González en Latinoamérica. Fue presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II, cuando se produjo un agujero en la empresa pública de aguas de 23,3 millones de euros con la compra de una empresa “hipervalorada” en Brasil y el posterior desvío del dinero a paraísos fiscales.

De los nueve detenidos que han declarado ante el juez, sólo una persona ha quedado en libertad: Clarisa Guerra, secretaria de Rodríguez Sobrino, con comparecencias mensuales ante el juzgado.

Pablo González, hermano del expresidente de Madrid, se ha negado a declarar ante el juez al igual que su cuñado Juan José Caballero Escudier.

La fianza más alta fue fijada en 4 millones de euros para María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal de Isabel II hasta el año 2007 y esposa de Javier de Andrés, CEO de Indra, imputado a su vez en la trama Púnica.

El exgerente del Canal Adrián Martín López de las Huertas ha salido este viernes de prisión, tras depositar una fianza de 100.000 euros.

Los hechos investigados en principio constituyen delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.