La trama de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, desvió 23,3 millones de euros (25 millones de dólares) de la sociedad pública de aguas Canal de Isabel II a cuentas situadas en países opacos con la “consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, enriqueciendo injustamente a determinadas personas directamente participantes en estas gestiones o intermediarias por afines a ellos”.

Así consta en el auto dictado por el juez Eloy Velasco por el que ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín, detenidos en la operación Lezo junto a Ignacio González.

La operación se realizó en 2013 con la compra de la empresa brasileña Emissao, "hipervalorada ficticiamente", adquisición que se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad".

La operación, según destaca el magistrado en su auto, ascendió a 31 millones de dólares que, según consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, ascendía a 10,27 millones de euros "descendiendo hasta (-) 5 millones de euros en tan sólo dos años".

El exgerente deposita la fianza

Por su parte, el exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín de las Huertas, ha depositado la fianza de 100.000 euros que este jueves decretó el juez Eloy Velasco y está previsto que salga esta tarde de la cárcel, según fuente de su defensa. Martín de las Huertas ingresó en prisión provisional anoche de forma por orden del magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo.

Martín de las Huertas fue exdirector general de Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2016. En esta etapa, la red liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habría compras en Brasil y Colombia a través de las cuales se extrajeron cantidades millonarias de las arcas públicas de la empresa de aguas.

Martín de las Hueras es investigado por una pérdida de 25 millones de dólares provocados en Canal de Isabel II a través de la adquisición irregular en Brasil de la empresa Emissão Engenharia e Construções a través de la filial Extensia en Latinoamérica.

El juez central de instrucción 6, Eloy Velasco, toma este viernes declaración a los siete detenidos, entre los que se encuentran el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el consejero delegado de OHL Javier López Madrid, detenido anoche.

El magistrado dictará medidas cautelares al término de la jornada, en el caso de que así lo solicite los fiscales Anticorrupción del caso, Carlos Yáñez y Carmen García.

De momento, la Fiscalía ha pedido prisión incondicional sin fianza para el consejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, investigado en el caso Lezo por el desvío de fondos público millonarios a paraísos fiscales. Rodríguez Sobrino está considerado el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica. También es consejero de la sociedad editora del diario La Razón, del que tanto su director como su presidente han sido imputados en la causa por obstrucción a la Justicia.

Declaración de los detenidos

Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa y hermano del expresidente madrileño, se ha negado a declarar ante el juez. También se ha negado a declaerar Juan José Caballero, cuñado de González.

Tras  ellos, ha comparecido ante el juez Ignacio González, que ha comenzado a declarar ante el juez Velasco en torno a las 18.00 horas. González ha llegado sobre las 13:30 horas a la sede de la Audiencia Nacional, conducido desde el calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). 

La Guardia Civil tiene pendiente de poner a disposición judicial a lo largo de la jornada al consejero de OHL Javier López Madrid, y a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, ya investigado en el caso Púnica, en una de cuyas piezas Velasco investiga la financiación ilegal del PP de Madrid. 

Ayer el juez envió a prisión eludible con fianza de 4 millones de euros a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, así como a Adrián Martín, con una fianza de 100.000 euros.

Este viernes, el juez ha dictado la libertad de la secretaria de Rodríguez Sobrino, Clarisa Guerra, con la única medida cautelar de comparecencia mensual en el juzgado más próximo a su domicilio.

La causa está abierta por ocho delitos de corrupción: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.