La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado que el Arzobispado de Santiago está frenando la exhumación de los restos de cuatro republicanos secuestrados y asesinados por los franquistas en septiembre de 1936. Sus cadáveres aparecieron poco después en la localidad de Santa María de Bértoa, en el municipio de Carballo (A Coruña), en cuyo cementerio, propiedad de la Iglesia Católica, fueron enterrados.

Se trata de Juan Boedo Pardo, de 28 años, vecino de San Cristobo das Viñas (A Coruña), gasista de profesión; Andrés Pinilla Fraga, de 52 años, conserje del Colegio Notarial de A Coruña; Pedro Pinilla Calvete, mecánico; y del pintor surrealista, ilustrador, librero y crítico de arte Francisco Miguel, una de las grandes figuras del arte gallego contemporáneo y a quien los fascistas amputaron las manos y desfiguraron el rostro antes de enterrarlo.

Los cadáveres aparecieron el 29 de septiembre de 1936 en el Campo de Morgade, en la aldea de Queo de Arriba, y fueron enterrados por el párroco y por los vecinos en el cementerio de Bértoa. A petición de las familias y de vecinos del pueblo, la ARMH inició una investigación en la que obtuvo constancia documental y testifical del lugar en el que fueron inhumados.

"Presentamos la petición hace un año, pero el Arzobispado de Santiago nos la denegó alegando que en esos terrenos hay sepulturas de otras personas", asegura Carmen García-Rodeja, portavoz de la ARMH. "Es inaudito porque después de una exhaustiva investigación sabemos exactamente dónde están enterrados, tenemos testimonios orales de testigos todavía vivos y contamos con los permisos de Patrimonio y de la Consellería de Sanidade de la Xunta", añade.

García-Rodeja asegura que la asociación ha celebrado varios actos públicos con los vecinos de Bértoa en los que, en presencia de familiares de los asesinados y representantes del Ayuntamiento de Carballo, ha explicado su investigación y la intención de recuperar los cuerpos para que sus familiares puedan disponer un entierro digno. Además, añade que las técnicas que emplean sus especialistas permiten localizar y exhumar los restos sin dañar ni alterar otros posibles enterramientos.

"Se trata de llevar a cabo una actuación en suelo apartado de los nichos que no tiene dificultades técnicas desde el punto de vista arqueológico y forense", explica la portavoz. "La ARMH ha llevado a cabo numerosas exhumaciones en Galicia y ha mantenido relaciones cordiales con los diferentes obispados, por lo que esta es la primera vez que se encuentra con obstáculos en su labor de ayudar a las familias de los desaparecidos por la represión franquista a encontrarlos, para identificarlos y poder darles una sepultura digna", subraya.

En mayo del año pasado, la Iglesia denegó la solicitud alegando que los trabajos podrían afectar a otras tumbas y que algunos feligreses se oponían a ellos. La ARMH volvió a presentar la petición, y las familias se dirigieron por carta al Arzobispado explicando su postura y su deseo de recuperar los restos de sus parientes, sin que de momento hayan obtenido respuesta. "La autoridad eclesiástica de Santiago lleva meses alargando el proceso, tardando en dar respuestas a las peticiones o argumentando que algunos feligreses se oponen a que se lleve a cabo la exhumación", alega la ARMH.

Por su parte, el arzobispado asegura que está "estudiando cuidadosamente" la solicitud, según dijo a Público un portavoz de esa entidad. "No podemos oponernos a la ley y no lo hacemos, pero en ese espacio donde se quieren buscar esos restos hubo muchos enterramientos". "No nos negamos, pero la Iglesia actúa con cautela porque tiene mucho respeto por los cementerios, que son un lugar sagrado donde no podemos permitir que se produzca una profanación. No queremos decir que la exhumación vaya a suponerlo, pero tenemos que garantizar que no sucede", añadió.

El pasado 1 de abril, el papa Francisco I nombró arzobispo de Santiago a Francisco José García Prieto en sustitución de Julián Barrio Barrio, quien ostentó el cargo desde 1996. Prieto tomará posesión oficialmente el próximo 3 de junio-

La Guerra Civil duró en Galicia apenas unos días, los que tardaron los golpistas en hacerse con el poder. Pero la represión que desataron fue un verdadero exterminio no sólo de rivales políticos significados, sino de cualquier persona que manifestara su oposición al terror. El proyecto interuniversitario Nomes e Voces -Nombre y Voces-, dedicado a estudiar la represión franquista en Galicia, documentó que sólo entre 1936 y 1939 fueron asesinadas por los fascistas 4.699 personas. Casi 1.500 fueron ejecutadas tras procesos penales que derivaron en sentencia de muerte, pero la mayoría, más de 3.200, como les sucedió a los cuatro represaliados de Bértoa, fueron muertas o fusiladas en procesos extrajudiciales.