El Gobierno dio este miércoles un paso para eliminar algunos de los beneficios históricos de la Iglesia Católica en nuestro país. Pactó con la Conferencia Episcopal la obligatoriedad de que la Iglesia pague dos impuestos concretos. No está incluido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También quedan pendientes otros privilegios adquiridos desde la firma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. 

El artículo 16 de la Constitución Española señala, entre otros asuntos, que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones", destaca el punto 3 del citado artículo en la Carta Magna de 1978. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado dos acuerdos con la Iglesia durante esta legislatura. El primero fue sobre las inmatriculaciones. La Iglesia reconoció que un total de 1.000 bienes que aparecen en la lista de activos inmatriculados no son suyos, y pactó con el Gobierno abrir un proceso para su devolución. Respecto al IBI, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, incidió en que la Iglesia es equiparable ahora a cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, también exentas de este tributo. 

El pacto alcanzado elimina las exenciones fiscales respecto a dos tributos: las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Gobierno prevé recaudar 16 millones de euros anuales con este nuevo acuerdo, del que se beneficiarán ayuntamientos y entidades locales. 

En el Gobierno, según fuentes consultadas por este medio, destacan que en los dos años que lleva Bolaños al frente del Ministerio se han logrado dos acuerdos tanto en materia de régimen fiscal como en el de las inmatriculaciones. Un paso incomparable al de otras legislaturas, "un salto cualitativo". Destacan además que no hay contraprestaciones en base a esos acuerdos. Insisten en que supone el fin de los privilegios fiscales dentro del mismo régimen que tienen las entidades sin ánimo de lucro. 

Las comisiones de interlocución seguirán abiertas, según estas mismas fuentes. Por tanto, no descartan que puedan darse más pasos durante esta legislatura. El ministro además ha visitado en tres ocasiones el Vaticano, una de ellas con audiencia privada con el Papa Francisco. 

Sin embargo, organizaciones sociales llevan años denunciando los privilegios fiscales de la institución católica. Por ejemplo, Europa Laica. Su portavoz, Juanjo Picó, explica a Público que este acuerdo supone una "cortina de humo" que oculta los temas más relevantes que hay pendientes en la relación entre el Estado y la Iglesia.

"Las exenciones que se han perdonado a la Iglesia parece que son altruistas, pero hay que tener en cuenta que el ICIO ya fue denunciado ante los tribunales europeos y fallaron en contra de esta exención. Es paradójico que eso se quedara parado para un caso concreto, que era para un colegio de Getafe", argumenta Picó. El Gobierno debería haber aplicado de oficio esta eliminación, señalan desde Europa Laica. 

"Sería razonable y de objeto de transparencia conocer los datos de a cuánto ha ascendido la exención que la Iglesia ha tenido por ICIO y por Contribuciones Especiales a nivel total del Estado en los últimos años. Tendríamos así conocimiento de una estimación de a cuánto se eleva esa 'renuncia' eclesial", apuntan desde Europa Laica. 

Esta organización critica que ningún Gobierno quiera meterle mano de manera real a los Acuerdos con la Santa Sede, donde están incluidos todos los acuerdos de financiación, de fiscalidad, temas jurídicos o de la educación concertada. "Eso es lo que está impidiendo en España tener un marco de relaciones con la Iglesia no basado en unos acuerdos de 1979 que lo único que hacen es socavar la aconfesionalidad del Estado", añade Picó. 

Declaración de la renta

Hace apenas un mes se conoció que la Iglesia católica ha recaudado en la última campaña de la declaración de la renta más de 320 millones de euros. Es una cifra récord que supone un incremento del 8,5% con respecto al año anterior y que se debe al aumento en 84.201 del número de declaraciones en favor de la Iglesia.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, detalló entonces que más de 8,5 millones de españoles marcan la casilla de la Iglesia teniendo en cuenta las declaraciones individuales y las conjuntas, lo que supone el 31,29% de las presentadas.

"El IRPF es un privilegio que tiene la Iglesia Católica en contra de la aconfesionalidad del Estado por el cual derivan impuestos que deberían estar en la hucha común a una organización privada de creyentes como es la Iglesia Católica", señala el portavoz de Europa Laica. La organización defiende que las casilla de la Iglesia debería eliminarse. También la que va destinada a fines sociales, porque, según Picó, la mitad de esas aportaciones acaban en manos de entidades asociadas a la propia Iglesia. 

El IBI y el inmenso patrimonio inmobiliario de la Iglesia

"El IBI es lo gordo. Estos impuestos suponen una poca cuantía", explica a este medio Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La clave es que el patrimonio inmobiliario que tiene la Iglesia supondría una cuantía mucho mayor. La Iglesia está exenta por ley de pagar este impuesto de acuerdo con la normativa que regula la ley de fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro.

"La diferencia es que cualquier entidad de este tipo, como ongs y demás, no tienen el patrimonio inmobiliario de la Iglesia. Podría ser una cantidad muy importante. Con el IBI se dan situaciones llamativas como que la Iglesias tiene inmuebles alquilados a entidades comerciales y no pagan el IBI por ellos. Es muy llamativo, la Iglesia está considerada como entidad sin ánimo de lucro pero el diferencial de patrimonio inmobiliario es inmenso", explica Cruzado. 

Inmatriculaciones

Tras el acuerdo del pasado año 2022 del Gobierno con la Iglesia sobre las inmatriculaciones, algunos colectivos críticos consideraron que era del todo insuficiente. La Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de treinta asociaciones patrimonialistas de todo el país, consideró que el acuerdo era "un trampantojo" que hace pagar a la Iglesia un "premio menor", las "migajas". 

Esta asociación destaca que el Gobierno "está convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia", al aceptar este millar de bienes y dar por buena la versión de la Iglesia de que en el caso del resto no actuó mal. Para Recuperando, es "inconcebible" que en un Estado que "presume" de ser de Derecho se le conceda a la Iglesia, una entidad privada, esa "potestad desorbitada" y "anómala" de poder decidir si las cosas le pertenecen o no. 

Para Europa Laica, las 1.000 inmatriculaciones no supusieron en la práctica la devolución. Y además consideran que la lista publicada por el Gobierno, de 35.000 propiedades, es incompleta. Esta y otras asociaciones cifran ese listado en más de 100.000.