En 2015 los españoles batimos un récord: trabajamos una media semanal de 3,5 millones de horas extra no remuneradas, una cifra que sólo superamos en 2008, cuando estalló la crisis y había dos millones de asalariados más. Estos datos demuestran que superar la jornada laboral legal o convencionalmente establecida es ya una realidad cotidiana y generalizada y que algo tan obvio como que una empresa pague a un empleado por las horas exactas que trabaja ya es una quimera. De hecho, más de la mitad del trabajo extraordinario en nuestro país no es remunerado y supone un ahorro para las empresas con el que se podrían crear 156.000 empleos, según Comisiones Obreras (CCOO). 

Trabajar más a cambio de nada es una práctica ilegal pero socialmente aceptada cuyo debate llega este martes al Congreso. La Cámara baja votará la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) para frenar estos abusos e impedir que "con la invocación de la flexibilidad horaria se perjudiquen los derechos de las personas trabajadoras".

Su propuesta es que las empresas estén obligadas a registrar a diario la entrada y la salida de cada trabajador, es decir, a fichar. Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores impone el registro de jornada en su artículo 35, que regula las horas extraordinarias; pero no en el 34, que se refiere a la jornada. Sin embargo, hasta ahora, la Inspección de Trabajo pedía los registros diarios porque, por pura lógica, sólo conociendo cuál es la jornada de un trabajador se puede discriminar qué horas son ordinarias y cuáles extraordinarias. Incluso la Audiencia Nacional estableció en una sentencia de 2015 que "el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada" y que el hecho de que no exista "coloca a las personas trabajadoras en situación de indefensión".

Sin embargo, todo cambió en marzo de este año, cuando el Tribunal Supremo eximió a Bankia de registrar la jornada de sus trabajadores. Esta doctrina ha llevado a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social a dejar de exigir el registro diario de jornada y, por tanto, a no comprobar el cumplimiento de la normativa. Por eso el GPS pide al Gobierno la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores incluyendo "la obligación de registro diario con carácter general" y el cambio en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para que incumplir esta norma sea considerado una infracción grave (que supone una multa de al menos 600 euros) y no una infracción formal o documental, como en la actualidad.

Rocío de Frutos, la diputada socialista que encabeza esta iniciativa, confía en que la propuesta salga adelante ya que, según fuentes parlamentarias, contará con el voto a favor de Unidos-Podemos, ERC y PNV. Se desconoce aún cuál será la postura del Partido Popular aunque De Frutos espera por lo menos que el partido en el Gobierno no vote en contra dado que, antes de la sentencia del Supremo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pidió en su instrucción 3/2016 que el registro de jornada ordinaria fuese obligatorio.

Según Comisiones Obreras, el cambio legislativo que propone el PSOE es "imprescindible" para acabar con la "inseguridad jurídica" que ha provocado el fallo del Alto Tribunal. Si la Inspección de Trabajo no puede solicitar los registros de jornada, la responsabilidad recae únicamente en el trabajador, algo inasumible según la coordinadora de la sección de Acción Sindical de CCOO, Ana Oller, porque actualmente "las dificultades para encontrar empleo y mantenerlo hacen que muchas personas se vean obligados a trabajar más horas sin cobrar".

El Grupo Parlamentario Socialista también quiere que el Estatuto de los Trabajadores recoja el derecho del empleado a tener una jornada regular, un derecho vulnerado sistemáticamente, según el PSOE, tanto en las cláusulas de los contratos que incorporan que el trabajador prestará servicios 'de lunes a domingo según las necesidades de la empresa', como en la práctica, a través de decisiones unilaterales de la empresa (...) creando "trabajo a la carta".

Más precariedad y menos cotización

Trabajar más tiempo cobrando lo mismo no sólo conlleva consecuencias negativas para el trabajador (malestar personal, dificultad para conciliar, aumento del riesgo de sufrir accidentes laborales) sino que, además, "ahonda en la precarización del mercado laboral y reduce la cotización a la Seguridad Social porque no se ingresan las cuantías correspondientes a las horas realmente trabajadas", señala De Frutos. Del mismo modo, los horarios racionales retribuidos legalmente no sólo benefician a los trabajadores sino también a las empresas porque, según el GPS, "incrementan la productividad en la economía, reducen el absentismo y aportan al empresario un mecanismo de seguridad jurídica sobre el cumplimiento de la prestación de servicios de la persona trabajadora".