Un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid cuantifica en más de 172 millones los contratos efectuados por la Administración regional y sus entidades autónomos entre 2008 y 2015, gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, con empresas implicadas en las tramas Púnica y Gürtel.

El documento especifica que durante la etapa de los gobiernos presididos por ambos dirigentes populares un total de 133,7 millones, IVA excluido, fue para sociedades relacionadas con el caso Gürtel mientras que en Púnica alcanzaron los 37,3 millones.

La Cámara de Cuentas detalla en su auditoría que en ese periodo las empresas que han sido relacionadas judicialmente con la causa Gürtel fueron 23 y el organismo fiscalizador solicitó a la Comunidad de Madrid una relación certificada de todos los contratos, tanto mayores como menores.

La relación remitida por la Administración enumera 50 expedientes de contratos mayores con empresas de la Gürtel, incluyendo entre ellos un expediente de convalidación de gasto, con un importe de adjudicación de 133.689.256,89 euros (IVA excluido), cuyo reparto en los diferentes.

La extinta empresa Mintra para materia de transporte adjudicó 57,8 millones a estas empresa en un solo expediente mientras que Metro formalizó 20 contratos por valor de 20,5 millones. Le sigue la Consejería de Educación con 16,1 millones y el Canal de Isabel II, con 12 millones.

Se trata sobre todo de contratos de obras, con un 90% de las adjudicaciones y un 97% del importe concedido por la administración (130 millones). Para la prestación de servicios se fraguaron cinco expedientes de contratación valorados en 3,5 millones.

Respecto al procedimiento para la concesión, 31 contratos se hicieron por modalidad abierta por un valor de 11,5 millones mientras que en 12 fue por procedimiento negociado (9,1 millones) y siete por proceso restringido (12,9 millones).

A su vez, existen entre 2008 y 2015 un total de 149 expedientes relacionados con contratos menores con un importe de 1,5 millones. La Consejería de Educación fue la que más contratos de este tipo formalizó con empresas implicadas en la Gürtel, un total de 36, mientras que la Consejería de Deporte, cartera que precisamente ostentaba el exconsejero Alberto López Viejo, tramitó 34.

La Cámara de Cuentas detalla en la contratación menor de empresas salpicadas por Gürtel diversas irregularidades, poniendo el foco sobre todo en la Consejería de Deportes con actuaciones que evidencia fraccionamiento de contratos para no lanzar uno de mayor dimensión, que requieren licitación y concurrencia pública.

Así, la Cámara de Cuentas detalla tras la información remitida que este departamento realizó actos para los que se encargaron a una empresa diversas prestaciones, tales como suministro de moqueta para escenarios, cartelería, iluminación, sonido e imagen, decoración floral, diseño gráfico, entre otras.

"Lo que se paga a la empresa por trabajos para un mismo acto mediante diferentes facturas, todas de la misma fecha, supera el importe de los contratos menores, por lo que tendría que haberse tramitado un expediente mayor. Es decir, se han producido fraccionamientos del objeto de los contratos que permitieron eludir los principios de publicidad y concurrencia", subraya el documento.

Otro caso aludido en el informe son las facturas por la prestación de servicios plurianuales, cuyo importe anual no supera el establecido para el menor de servicios, pero que, por la duración de la correspondiente necesidad, deberían ser objeto de una contratación mayor. Esto ocurrió con una empresa para la recogida de basura de 12 contenedores de 1.100 litros de la Finca El Encín desde 2010 a 2014.

El caso Púnica

En cuanto al caso Púnica, las empresas que han sido relacionadas judicialmente con la causa son 162, y entre 2008 y 2015, el Gobierno madrileño, a través de distintos órganos públicos, pagó 34.736.303 euros (IVA excluido), mediante 17 expedientes de contratos mayores.

El órgano de contratación con más expedientes es la Agencia Madrileña de Atención Social, que suma cuatro, con un importe que alcanzó los 2.662.814 millones de euros; pero es la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que contrató en tres ocasiones, la que pagó más dinero. En total, 29,8 millones.

También están en la lista el SERMAS, con dos expedientes y 697.327 euros; Metro de Madrid, con otros dos y 529.102 euros; el Hospital de la Princesa, con 314.160 euros de un único contrato; y el ya extinguido Instituto Madrileño de Desarrollo y su grupo Empresarial (IMADE), con otros dos contratos por una cantidad de 271.949 euros.

Completan la lista de los nueve organismos la Consejería de Educación y Juventud, con un único expediente y 190.828 euros; Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes, con 145.570 euros; y la Consejería de Empleo, Cultura y Turismo, con 61.626 euros.

Tres de estos contratos iban dirigidos a la gestión de servicios (29,8 millones), mientras que once, con una suma de 4,2 millones era para servicios directos. Después hay uno por obras y otro por suministros. El procedimiento de adjudicación más utilizado fue el abierto con varios criterios.

El organismo fiscalizador detalla también que la Administración le ha aportado relación de 963 contratos menores con empresas de esta trama de corrupción por un valor de 2,6 millones. Se especifica por la Comunidad que en el caso de la Gerencia de Atención Primaria no se concreta el número de expedientes de contratación pero sí su cuantía.

Contratos concretos

La Cámara de Cuentas recoge el contrato del Servicio Madrileño de Salud de suministro de una bomba de calor para el centro de Salud Goya. "Adolece de diversas irregularidades que supusieron un considerable detrimento de los principios de igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia que informan la contratación pública", destacan.

Asimismo, recoge los contratos mixtos de la Agencia Madrileña de Atención Social de gestión Energética de cuatro residencias de personas mayores. "Los expedientes no demuestran que resulte más conveniente para la Administración encargar todo el conjunto de prestaciones a una empresa que realizar por sí misma los oportunos cambios contratando con distintas empresas especializadas en cada una de las prestaciones", apuntan.

Sobre la contratación menor, en Cultura se fraccionó la reparación de los equipos de climatización de la biblioteca de Fuencarral el Pardo mientras que en el caso del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, organizó una comida para 600 personas en Lozoyuela y encargó las carpas, escenario e infraestructuras a una empresa y la comida a otra, siendo los socios de ambas empresas las mismas personas.

En la Consejería de Sanidad, con una empresa se realizaron sucesivos contratos menores en el período 2012-2014 para la Limpieza y Mantenimiento del Centro de Salud Torrejón de Velasco, en lugar del preceptivo contrato mayor. Además, con una empresa se realizaron sucesivos contratos menores en el período 2012 -2014 para la Limpieza y Mantenimiento del Centro de Salud Torrejón de Velasco, en lugar del preceptivo contrato mayor.

Por su parte, la Consejería de Educación fraccionó un contrato para, por un lado, elaborar el estudio de procesos de movilidad de estudiantes universitarios y la propuesta para el portal web, y por otro, el portal del estudiante internacional. Precisamente, la entonces consejera del ramo, Lucía Figar, continúa investigada en la trama.

"Un socio de esta empresa lo es también de otra con la que se realizó la contratación fraccionada mediante contratos menores de la elaboración de informes de escucha activa sobra la Consejería de Educación en Internet (Medios digitales, Redes Sociales y Blogosfera) durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, por un importe total de 47.448,19 euros", concluye.