La Guardia Civil ha acudido a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Lleida con una orden judicial para acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la policía catalana en la demarcación durante el 1-O y el volcado del contenido de los teléfonos móviles de dos de sus mandos.

Según han informado fuentes de la investigación, los agentes del instituto armado se han personado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida que, han pedido las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona desde las últimas horas del sábado 30 de septiembre hasta las primeras horas de la mañana del lunes 2 de octubre. Además, han solicitado diversa documentación y el volcado del contenido de los teléfonos de dos de los mandos de la policía catalana en la demarcación.

Una vez dentro del edificio de los Mossos d'Esquadra, los efectivos de la Guardia Civil, acompañados por un secretario judicial, han procedido a volcar las conversaciones grabadas en la denominada 'centralita de conferencias' de la comisaría, en la que se registran las llamadas por radio de los agentes y las órdenes que les dan desde la sala de mando. El juez de Lleida mantiene en secreto esta investigación, una de las que se han abierto en una veintena de juzgados catalanes sobre la supuesta pasividad de los Mossos d'Esquadra a la hora de cumplir con las órdenes del TSJC para impedir la votación del 1-O.

Los agentes del instituto armado se han personado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra dos días después de acudir al edificio del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), en busca de las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos en el área de Tarragona y Tierras del Ebro el 1-O.

Estas investigaciones judiciales discurren de forma paralela a la causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que está imputado por sedición el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado lunes dejó en libertad pero retiró el pasaporte a Trapero, ha ordenado a los Mossos que identifiquen a todos los agentes de la policía catalana que intervinieron en el dispositivo durante el 1-O. Paralelamente a la diligencia ordenada por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía, los Mossos d'Esquadra también han abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían trasmitido,

En un primer informe entregado la semana pasada al TSJC, los Mossos especificaron que, de los más de 2.000 colegios establecidos por la Generalitat para el 1-O, lograron impedir la votación en un total de 446 centros de votación: 297 porque no abrieron y fueron custodiados desde primera hora de la mañana y 149 porque se logró parar la votación o se decomisaron las urnas antes del cierre del local. En total, los Mossos intervinieron más de 400 urnas en 141 puntos de votación, papeletas, documentos relacionados con el censo, material informático en algunos de los colegios y documentación diversa relacionada con la preparación de alguna de las mesas.

Los Mossos llevaron a cabo más de 6.700 actuaciones, de las que 2.240 correspondieron a actas de advertencia notificadas entre el 27 y el 28 de septiembre y más de 4.450 actas y minutas entre el 29 y el 30 de septiembre, para comprobar si los locales estaban abiertos o cerrados, si se estaban preparando el referéndum suspendido y advertir de la obligación de desalojar el local, según la policía catalana.