La Asociación Editorial Tradicionalista tiene, a día de hoy, dos frentes de batalla. Por un lado, ofrece descuentos en la compra de algunos libros que reivindican, según sus propias palabras, “el espíritu que animó nuestra Cruzada de Liberación”, término con el que definen al golpe de estado franquista. Al mismo tiempo, tiene una tarea más próxima en el tiempo: esta entidad ultraderechista, ligada a lo más reaccionario del carlismo, defiende la implantación de la censura parental que promueve el PP.

La polémica generada por este asunto ha entrado de lleno en la Editorial Tradicionalista y, sobre todo, en la sede de Hazte Oír. El lobby ultraconservador que dirige el abogado Ignacio Arsuaga lleva ya varios años predicando contra la educación en materia de violencia de género e igualdad en las aulas. Por eso mismo, hoy están a pleno rendimiento para tratar de incidir en el debate abierto sobre el denominado “pin parental”.

En Hazte Oír llevan empleando ese término, hoy defendido por Pablo Casado, desde al menos 2014. Por entonces, este grupo contaba con una declaración de utilidad pública que le había otorgado en 2013 el Gobierno del Partido Popular, lo que le permitía disfrutar de exenciones fiscales.

“El derecho a la libertad educativa de los padres y la protección de nuestros hijos está en juego; usa y difunde el Pin Parental”, reivindicaba el lobby ultra en noviembre de 2014. Algunas semanas antes, esa misma asociación había difundido el informe titulado “Las leyes de desigualdad”, elaborado por el Área de Estudios de Profesionales por la Ética (PpE). Allí se incidía precisamente en “la vulneración y recorte de derechos fundamentales en las nuevas leyes autonómicas sobre igualdad de género”. La portavoz de PpE era Alicia Rubio, hoy diputada de Vox en la Asamblea de Madrid.

Rubio también ejercía entonces como portavoz de “Libres para Educar”, otra de las trincheras empleadas por los ultraconservadores para tratar de conseguir que se implementase la censura parental. Desde allí denunciaba que “los talleres de educación afectivo-sexual impartidos por organismos públicos y privados que acceden a las aulas sin conocimiento de los padres”.

En esa línea, Libres para Educar proponía a comienzos del curso de 2014 que los padres utilizaran el “pin parental”, definido como “un escrito de solicitud de información previa y exigencia de consentimiento expreso que puede entregarse en la secretaría de los centros educativos para evitar, por ejemplo, que se enseñe a niños de 12 años a ponerse un preservativo”.

La Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza (ADVCE) también lleva tiempo embarcada en esta campaña. A comienzos del curso 2018-2019 advertía que “los centros llevarán a cabo muchas actividades de las que no se informará mucho a los padres”, relacionadas principalmente con “determinadas inclinaciones políticas e ideológicas”.

Tras advertir que se avecinaba “un nuevo curso cargado de adoctrinamiento al que es muy complicado hacer frente”, recomendaba precisamente “el uso del consentimiento informado”, otro de los términos empleados para referirse a la censura parental. “Proponemos vigilar muy de cerca lo que ocurre en los centros escolares y, sin volverse locos, plantar cara ante cualquier atropello; aunque manteniendo al margen, en la medida de lo posible, a nuestros hijos”, recomendaba la ADVCE.

"Mis hijos mi decisión"

La irrupción de Vox en algunos gobiernos autonómicos fue determinante para que Hazte Oír decidiera incrementar su campaña de presión. “El Partido Popular, Ciudadanos y VOX tienen la responsabilidad histórica de legislar, en las comunidades autónomas en las que gobiernan o influyen para que ningún niño ni ningún adolescente se vea obligado a recibir lecciones de ideología de género o de educación afectivo-sexual por de los activistas que se cuelan en las aulas para impartir charlas o realizar talleres con los menores”, reivindicaba el lobby ultra en septiembre pasado, coincidiendo con el lanzamiento de la campaña #MisHijosMiDecisión.

En el marco de esa iniciativa, Hazte Oír publicó un largo listado con los nombres de colegios públicos de toda España en los que, según sus criterios, se “llevan a cabo clases, talleres, charlas, etc., a cargo de organizaciones LGTB”, lo que califica como “adoctrinamiento”.

"Doctrinas obligatorias"

En noviembre pasado, esa misma asociación promovió un manifiesto al que se adhirieron grupos como la franquista Editorial Tradicionalista, la Asociación Española de Abogados Cristianos, la ONG católica Remar o la plataforma Enraizados, entre cuyos objetivos figura “defender la tradición cristiana de España como fuente de su unidad y solidaridad”.

En un manifiesto conjunto lanzado el pasado 18 de noviembre bajo el paraguas del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, las entidades firmantes reclamaban “la inmediata implantación en todos los centros educativos y en todas las comunidades autónomas del PIN Parental”, al tiempo que exigían que “se deje a los niños que sean niños y se impida a políticos, ideólogos y activistas LGTBI imponerles doctrinas obligatorias sobre su comportamiento afectivo y sexual en las aulas”.

Ahora, en plena polémica sobre la implantación de la censura parental, Hazte Oír ha aplaudido la decisión del Gobierno de Murcia de “introducir el PIN Parental en los centros escolares”. “Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo-sexual a medida de la izquierda”, reivindicaba.

Presión en Madrid

Hazte Oír busca que la censura parental llegue también a la Comunidad de Madrid. En diciembre pasado, la plataforma ultraconservadora se presentó en la Asamblea de Madrid para entregar más de 53 mil firmas “a favor de implantar el PIN Parental en los centros educativos madrileños”.

Del mismo modo, anunció que presentaría a todos los grupos parlamentarios “una Proposición No de Ley (PNL) que exija al gobierno regional que garantice a los padres” el acceso a la censura parental. La portavoz de Vox en la asamblea madrileña, Rocío Monasterio, ha exigido la aprobación de esa medida como condición para apoyar los presupuestos autonómicos de 2020.