La lista de asuntos clasificados como materia secreta y materia reservada en España es larga y secreta. Desde 1968, cuando se aprobó la vigente Ley de Secretos Oficiales, se han clasificado innumerables cuestiones con el objetivo de apartarlas del conocimiento público, presumiblemente en aras de salvaguardar la seguridad nacional, pero no siempre en así. No existe ni control judicial ni control parlamentario, ni mucho menos, control periodístico, sobre las materias secretas, ni siquiera se conoce ni el número ni la identidad de esos secretos, impidiéndose así una adecuada vigilancia sobre la actividad gubernamental. 

Este mes de febrero ha sido rechazada la petición ciudadana que pedía al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo le facilitara el listado completo de los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros sobre materias clasificadas como secretas entre 1976 y 2019. La justificación dada por Moncloa para denegarla ha sido la falta de personal, debido a la situación de la pandemia, necesario para acometer una tarea de semejante envergadura. La lista de asuntos clasificados se conserva en el Ministerio de la Presidencia a buen recaudo, en armarios acorazados.

La Ley 9/68 fue refrendada por el dictador Francisco Franco siete años antes de morir. El próximo 5 de abril cumplirá 53 años. En su preámbulo se indica la necesidad de una ley que no existía anteriormente para "evitar que trascienda lo que debe permanecer secreto" y con ella se pretende preservar "la causa pública, la seguridad del Estado y los intereses de la colectividad nacional". Fue reformada en 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, pero solamente para despojar de la capacidad de clasificar información a los embajadores, gobernadores civiles y al director de la Guardia Civil. Desde entonces, son solo el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, y la cúpula militar, a través de la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem), los que pueden decretar secretos oficiales; secretos que son eternos, sin caducidad. Para que una materia se desclasifique, es necesario que lo apruebe el Ejecutivo o bien, los jueces a través de un procedimiento contencioso-administrativo, algo que ha ocurrido en escasas ocasiones. 

Al amparo de esta ley, durante los gobiernos del PSOE de Felipe González (1982-1996) la caja de los secretos oficiales comenzó a llenarse de información muy relevante para la opinión pública, que sigue a día de hoy con el candado echado. Así, a petición de los entonces ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, en el consejo de ministros del 28 de noviembre de 1986 se declaró materia secreta todo lo relacionado con operaciones militares e instalaciones del Ejército. Hacía ocho meses que se había celebrado el referéndum de la OTAN y se quiso justificar la clasificación de la batería de cuestiones militares en la necesidad de protección de las operaciones de la Alianza Atlántica. Pero lo cierto es que ese acuerdo también escondía la venta de material armamentístico a dictaduras militares del cono sur, como Chile bajo el mando de Pinochet o Paraguay, con Alfredo Stroessner como dictador.

Al año siguiente, en el consejo de ministros del 13 de marzo de 1987, se declararon secretas las actas de Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) y desde entonces las cuestiones relacionadas con la exportación de armas están vetadas a la opinión pública. La justificación fue la siguiente: "El imperativo de proteger la seguridad y la defensa del Estado, conlleva la necesidad de restringir aquella información que, por su importancia, pudiera dar lugar a riesgo o perjuicio graves en el supuesto de ser divulgada o comunicada a personas no autorizadas".

Un mes antes de celebrarse las elecciones generales que dieron la victoria a José María Aznar, los socialistas declararon secretos los asuntos cruciales relacionados con la lucha antiterrorista, de la que formaba parte la 'guerra sucia' contra ETA. El acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1996 echó el manto de silencio sobre "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". También se declaraban secretos los ficheros que sobre esta cuestión obren en la administración penitenciaria y a las personas informantes en materia antiterrorista. En pleno escándalo por el terrorismo de Estado perpetrado a través de los GAL y a pocos meses para que arrancase el juicio contra el exministro del Interior, José Barrionuevo, y el secretario de Estado de Interior, Rafael Vera, que los llevaría a la cárcel, se blindaban, como información inaccesible, los documentos sobre la 'guerra sucia' y los colaboradores de la misma.

Sin embargo, ya con Aznar en el Gobierno, el 19 de abril de 1997 se produjo la histórica desclasificación por parte del Ejecutivo de 13 documentos relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por mandato del Tribunal Supremo, conocidos como 'los papeles del CESID'. 

En virtud de aquel acuerdo del Gobierno en 1996 está vetada cualquier información relativa a recompensas e informantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es por ello que se denegó la información de un ciudadano, que en agosto de 2019, pidió al Gobierno los datos sobre todas las ocasiones en las que la Policía Nacional, la Guardia Civil, el ministerio del Interior haya ofrecido o pagado una recompensa a alguien por colaborar en una investigación, búsqueda u otro tipo de acción. 

La 'fiebre' de secretos del Gobierno de Zapatero

Los preparativos de los viajes del rey y del presidente del Gobierno y, "cuando las circunstancias lo aconsejen", de los ministros y otras autoridades del Estado son materia secreta desde el 15 de octubre de 2010, cuando el Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero lo acordó así. Aquella reunión supuso un considerable engorde de la lista de los secretos oficiales. De una tacada, se clasificaron como secretas catorce materias y tres como materia reservada, es decir, con un grado menos de protección.

Las negociaciones por la liberación de los cooperantes españoles secuestrados en Mali y Somalia --liberados tras 270 días, en julio de 2012--; las gestiones en apoyo a Repsol en Argentina antes de la expropiación; los preparativos del viaje oficial del rey Juan Carlos a Brasil, acompañado por una nutrida delegación empresarial española; la candidatura del exministro Miguel Ángel Moratinos para dirigir la FAO, la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; y la petición de plácet para el nombramiento de Federico Trillo como embajador en Londres son materias clasificadas como secreto oficial en base al acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010. Todos los acontecimientos semejantes tienen la misma consideración, aunque el acuerdo no establece retroactividad. La revelación de estos secretos puede conllevar hasta cuatro años de prisión. 

En aquel fructífero Consejo de Ministros, con Zapatero al frente, quedaron vedadas a la opinión pública y también al Parlamento materias muy ambigüas, como "asilo y refugio"; cuestiones que "afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España o países amigos"; "contactos de mediación con terceros países"; "asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia internacional sobre la que pude tener jurisdicción la Corte Penal Internacional" y sobre todo, blindada las relaciones diplomáticas de España. 

En julio de 2010 había estallado el escándalo 'wikileaks', es decir, la filtración de miles de informes del Pentágono sobre la Guerra de Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quiso evitar en España una filtración semejante. Dos años antes se había desvelado que José María Aznar había permitido, en 2002, la escala de aviones de Estados Unidos con prisioneros ilegales rumbo al campo de Guántanamo, donde eran terriblemente torturados. 

A raíz de aquel acuerdo, los historiadores vieron cómo se cerraban a cal y canto los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, un vía esencial para trabajos de investigación que quedaban así en suspenso, paralizados. El secreto también había ocultado el propio acuerdo para declarar secretas aquellas catorce materias porque esa decisión del Consejo de Ministros no se hizo pública ni en el Boletín Oficial del Estado ni por parte de Moncloa, como es habitual. Fue un año  después, a raíz de que varios historiadores pidieran explicaciones ante el veto en los archivos de Exteriores cuando el gobierno de Mariano Rajoy difundió el documento.

El Ejecutivo de Rajoy tampoco hizo gala de transparencia en esta materia. El Consejo de Ministros del 6 de junio de 2014 aprobó en secreto el acuerdo de clasificación de cuestiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y amplió la batería de secretos en torno a la información diplomática, y ello, seis meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. El contexto de aquella medida se topa de lleno con la actividad de la llamada 'policía política' y la operacion 'Kitchen' para espíar al extesorero Luis Bárcenas.

Dice así el acuerdo: "Se otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".

Muchas incógnitas amparadas en la ley de 1968

Si se abriera el cajón de los secretos oficiales podrían conocerse datos inéditos aún sobre el golpe de Estado del 23-F y la Transición; también sobre la 'guerra sucia' que podrían ayudar a la resolución de casos como el asesinato de Mikel Zabalza, detenido por la Guardia Civil, en 1985, o  José Miguel Etxeberria, Naparra, desaparecido en 1980 en el marco del terrorismo de Estado y cuyos restos aún no han aparecido. 

 La Ley de Secretos Oficiales podría ser derogada o reformada esta legislatura. El Es una pretensión histórica del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que ha presentado una proposición de ley que incide en dotar a los secretos de fecha de caducidad, como ocurre en el resto de países europeos. Por ejemplo, Francia pone a disposición de su ciudadanía las materias secretas pasados 75 años, y Suecia lo hace a los 40 años. El Gobierno también tiene su propio proyecto.