El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye el 'caso Púnica' - en el que está implicado el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez- ha desclasificado las grabaciones en las que se muestran conversaciones entre los investigados y a los que ha tenido acceso la Cadena Ser. 

En las grabaciones publicadas se escucha al conseguidor Alejandro de Pedro hablar con su socio José Antonio Alonso Conesa, además de a los empleados de ambos, técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías murcianas. Los audios demuestran que se produjeron cuatro reuniones en las que estuvo presente Pedro Antonio Sánchez, en ese momento consejero de educación y ahora presidente de la región.

Las reuniones iban enfocadas, en general, a lavar la imagen de Pedro Antonio Sánchez que, en ese momento estaba en la carrera por la presidencia regional. Según destaca la Cadena Ser, además de los audios hay otras pruebas como Whatsapps, mensajes y el testimonio del director comercial de Eico, la empresa de Alejandro de Pedro. 

En una de las grabaciones se muestra cómo se cerró el contrato entre el hoy presidente y la senadora Pilar Barreiro, por "3.000 pavos al mes", en palabras de los interlocutores. Además de este dinero mensual, se pagarían 1.000 euros netos a un periodista que redactara noticias positivas sobre Pedro Antonio Sánchez. 

Además, según las conversaciones intervenidas, estaba previsto que la Consejería de Educación de Pedro Antonio Sánchez pagase con dinero público la reputación personal y privada del propio Sánchez, y también parte del contrato de Pilar Barreiro.

El juez ve delito

Pese a que estas negociaciones no se llegaron a efectuar, ya que el juez Velasco ordenó las detenciones, el magistrado sigue acusando a Pedro Antonio Sánchez porque no es necesario haber consumado el delito, según el código penal. Por su parte, la Fiscalía se muestra contraria a imputar al presidente regional.

Las conversaciones grabadas por los agentes de la Guardia Civil sobre Murcia también recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León. En este sentido, Alejandro de Pedro habla del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, así como de reuniones con el exconsejero Salvador Victoria o la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y de los dos contratos por un total de 400.000 euros, para la reputación personal de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, también imputada en la causa.

Las grabaciones también revelan métodos para amañar contratos y cómo la trama utilizaba los contactos en PP para promocionar a sus clientes.

Por otra parte, este lunes también ha coincidido con la decisión de la Mesa de la Asamblea de Murcia de admitir a trámite la moción de censura contra el presidente murciano.