Se sabía que los ERTE habían llegado para quedarse después de la pandemia del coronavirus como un mecanismo estructural de protección del empleo; ahora también se sabe que el Gobierno quiere convertir en estructural el vínculo entre exoneraciones a las empresas y formación de los trabajadores que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en el marco de la sexta prórroga de los ERTE, acordada este lunes en el diálogo social.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado el paquete de medidas sociales del que forma parte la prórroga de los ERTE, junto con la subida del salario mínimo a 965 euros y los denominados acuerdos de activación del empleo.

Díaz ha explicado que la intención del Ejecutivo es la de llevar el mecanismo que vincula ERTE y formación (por el que las empresas sujetas a esta fórmula que ofrezcan acciones formativas a sus trabajadores recibirán mayores exoneraciones) a la reforma laboral que, ha recordado, debe estar lista antes de que finalice el mes de diciembre.

En concreto, la titular de Trabajo se ha referido a la reforma del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. 

Díaz ha explicado que la prórroga de los ERTE aprobada este martes (la sexta desde que se desplegó el mecanismo, en marzo de 2020) "anticipa la reforma estructural del mercado de trabajo. Lo que hacemos es desplegar un nuevo mecanismo de protección social que va vinculado a la formación. La reforma laboral tiene que estar lista antes de acabar diciembre, y las empresas que hoy se sujeten a este real decreto, en cuanto se publique la reforma laboral, tendrán que adecuarse al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores".

En el decreto aprobado este martes se establecen porcentajes de exoneraciones vinculados a la formación de los trabajadores. Para empresas de más de 10 trabajadores, habrá un 40% de exoneración en el caso de que no se imparta formación y un 80% en el caso de que se imparta; para empresas de hasta 10 trabajadores: 50 % sin formación y 80% en el caso de que se impartan las acciones formativas.

"La formación bonificada y subvencionada va a ser el camino por el que transitemos para dar formación a los trabajadores en ERTE, para que cuando tengamos necesidades de trabajadores con nuevas cualificaciones profesionales, estén preparados para poder formalizarlo", ha explicado la vicepresidenta segunda.

Una de las cuestiones a definir en el marco de la reforma laboral será el mecanismo y la fuente de financiación de la formación bonificada que quiere desplegar el Gobierno. "Tenemos que ver cómo financiar este mecanismo, y aquí me quedo; en el componente 23 hay un debate sobre la financiación de este mecanismo", ha recordado la titular de Trabajo.