El Gobierno de coalición ha logrado que el Congreso admita a trámite la ley de vivienda, pero lejos de garantizar la aprobación definitiva de la norma, el Ejecutivo ha constatado que la fractura que se produjo con sus socios del bloque de la investidura en la votación de la reforma laboral sigue muy presente.

La primera prueba de ello es que a menos de 24 horas del debate sobre la iniciativa ERC estaba más que dispuesta a dejarla caer. El grupo catalán lleva tiempo advirtiendo de que el Gobierno, y en especial el PSOE, no está teniendo una interlocución con sus aliados a la altura de un Ejecutivo en minoría en el Congreso. 

Más allá de los avisos, esta situación ya tuvo una primera consecuencia hace algo más de un mes, cuando una de las medidas estrella de la legislatura, la reforma laboral, se aprobó en la Cámara Baja con el voto contrario de ERC y EH Bildu y gracias a un error del diputado del PP Alberto Casero.

Este jueves, los 13 diputados de ERC han votado finalmente en contra de tumbar el proyecto de ley de vivienda después de haber alcanzado casi in extremis un acuerdo con el Gobierno de coalición. Pero, a pesar de lograr un compromiso del Ejecutivo para solucionar los conflictos competenciales planteados en la actual redacción del texto, el grupo republicano ha avisado de que, de no cumplirse, "no apoyarán la norma".

"No comprometemos nuestro voto futuro más que al cumplimiento de los requerimientos planteados para garantizar el mantenimiento de nuestra capacidad para hacer frente a un problema que lleva demasiado tiempo sin resolverse, a la no invasión competencial y al avance en derechos sociales. Ni casas sin gente ni gente sin casas", ha aseverado la diputada de ERC Pilar Vallugera.

Asimismo, ha recordado "por quinta vez desde la tribuna" al Gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. "Tienen la legitimidad para impulsar los proyectos legislativos que quieran, pero no los votos para legislar a su antojo", ha espetado.

Otro de los síntomas de que la relación entre el Gobierno y sus aliados no pasa por su mejor momento es que para sacar adelante la tramitación de la ley de Vivienda en el Congreso hizo falta una mediación por parte de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, entre el PSOE y ERC.

Según ha podido saber Público, la secretaria general de Podemos tuvo un papel activo en la interlocución entre los socialistas y el grupo catalán en un momento en el que las conversaciones parecían estancadas. Unidas Podemos ya se alineó con los partidos progresistas del bloque de la investidura cuando negociaba con el PSOE el contenido de la ley de vivienda en el seno del Gobierno.

En ese momento, el Ministerio de Transportes apostaba claramente por los incentivos fiscales a los propietarios como la única fórmula para regular los precios de los alquileres, mientras que el Ministerio de Derechos Sociales (y también ERC y EH Bildu) pedían que los precios se pudieran limitar directamente en las denominadas zonas de mercado tensionado.

En este sentido, de la mano de asociaciones en defensa del derecho a la vivienda, presentaron iniciativas en el Congreso que recogían la intervención del mercado del alquiler para fijar límites en las rentas. Está previsto que esta coordinación con los grupos de izquierdas del bloque de la investidura continúe durante la tramitación de la ley de vivienda, según apuntó Ione Belarra este jueves.

"Estoy convencida de que gracias a la mayoría plurinacional y progresista que sostiene a este Gobierno va a ser posible seguir avanzando en que esta ley garantice el derecho a la vivienda, que nos permita ser más ambiciosos por ejemplo en la regulación de los desahucios o en que la Sareb tenga mayores obligaciones a la hora de construir un verdadero parque público de vivienda en alquiler", aseguró.

Por su parte, más allá de las reivindicaciones constatadas este jueves por los republicanos, otros aliados parlamentarios del Ejecutivo, como EH Bildu, Más País y Compromís, han asegurado que darán la batalla para "mejorar" lo que por ahora es un proyecto de ley "descafeinado" con el objetivo de incluir las propuestas de la sociedad civil durante el recorrido legislativo.