La ley de vivienda aspiraba a ser un remiendo en la fractura que se había producido entre el Gobierno de coalición y el denominado bloque de la investidura tras su división a la hora de votar la reforma laboral. Sin embargo, a pocas horas de la llegada de esta norma al Congreso, va camino de convertirse en un posible nuevo golpe a la alianza parlamentaria entre el Ejecutivo y sus socios.

También considerada como una de las iniciativas estrella del Gobierno, era previsible que la norma de vivienda superara este jueves su primer examen en el Congreso a pesar de las cinco enmiendas de devolución registradas por PP, Cs, PNV, PDeCAT y Junts, además de la enmienda con texto alternativo propuesta por ERC.

Sin embargo, el escenario de una votación ajustada vuelve a sondear al Ejecutivo después de la amenaza de ERC con tumbar el proyecto de ley a menos de 24 horas de la doble votación (una sobre el texto alternativo y otra sobre las demás enmiendas). En este sentido, fuentes parlamentarias del grupo republicano han señalado que rechazarán la ley si el PSOE no se aviene a resolver el conflicto competencial que plantea la actual redacción del texto, eje sobre el que se rigen las enmiendas registradas por PNV, PDeCAT y Junts.

Desde ERC han defendido que su propuesta alternativa llegaba con "voluntad constructiva", cuyas prioridades eran compartidas también con otras fuerzas soberanistas que abogan por dar continuidad a la norma para "mejorarla" durante el trámite parlamentario, como es el caso de EH Bildu.

Además de la cuestión sobre las competencias autonómicas, los republicanos piden una legislación "socialmente más ambiciosa" en ámbitos fiscal y procesal, garantizando suspensión de desahucios si no existe oferta previa de alquiler social, así como la regulación de precios del alquiler, tal como figura en la ley de vivienda catalana que el Gobierno recurrió ante el Constitucional.

No obstante, al no haber constatado la formación independentista ningún avance en lo relativo al asunto competencial, los 13 diputados sopesan apoyar mediante el voto afirmativo o la abstención las enmiendas de devolución planteadas por las derechas. Si bien, fuentes parlamentarias del grupo socialista aseguran que mantienen abiertas las conversaciones para atar los apoyos.

En esta línea, otros aliados del Ejecutivo, como EH Bildu, Más País y Compromís, han asegurado que no votarán a favor de las enmiendas de devolución con el objetivo de incluir las propuestas de la sociedad civil en el recorrido legislativo. No obstante, advierten de que el proyecto de ley es "descafeinado" porque no garantiza, a su entender, el derecho a una vivienda digna ni impide los desahucios sin alternativa habitacional, entre otros reclamos. 

En Unidas Podemos comparten esta preocupación por el hecho de que a pocas horas de que tenga lugar dicha votación todavía no se hayan cerrado los apoyos. La comunicación entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (coproponente de la norma), y grupos como ERC y EH Bildu es constante, pero sin el concurso del PSOE no se puede articular una mayoría clara para que el texto sea aceptado por el Congreso.

Esta ley no es solo una de las medidas estrella del espacio confederal (fruto de uno de los acuerdos más importantes del acuerdo de coalición), sino que se había convertido también en una oportunidad para remendar un bloque de la investidura que quedó tocado tras la votación de la reforma laboral.

Además, en Unidas Podemos veían el trámite parlamentario como una oportunidad para "mejorar" la norma y ser más ambiciosos en cuestiones como el establecimiento de un verdadero parque público de vivienda social, poniendo los inmuebles de la Sareb (el denominado banco malo) a disposición de las administraciones con este cometido. 

También tenían previsto plantear la reducción de 18 a tres meses del periodo de tránsito que se recoge en el proyecto de ley para la entrada en vigor del denominado sistema de índices de referencia que servirá como base para regular los precios del alquiler (estableciendo una horquilla de los precios según la zona en la que se ubique la vivienda).

La ley de vivienda ha sufrido numeroso retrasos desde que el Ministerio de Transportes se comprometió a aprobarla. El primer plazo para aprobar esta ley emana de un pacto presupuestario firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en octubre de 2020 (su contenido esencial ya se había fijado en el acuerdo de coalición entre ambas formaciones, e incluía la regulación de los alquileres). En ese momento se estableció que se llevaría al Consejo de Ministros antes de que finalizara el mes de enero de 2021.