El Gobierno ha dado otro paso en la 'pata' pendiente de la reforma de las pensiones con el acuerdo interno de una propuesta de ampliación voluntaria de las carreras de cotización que este viernes presentará el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, a la Mesa de Diálogo Social en la que se reúne con los principales sindicatos y patronales.

El trazo grueso de la propuesta cerrada en el seno de la coalición contempla mantener el actual periodo de cómputo de los 25 últimos años de la carrera de cotización para el cálculo de la prestación de jubilación, al que se le añadiría la opción, voluntaria para el trabajador, de tener en cuenta los últimos 29 con la posibilidad de eliminar del cálculo dos de ellos.

Es decir, que abre para el trabajador la posibilidad de elegir entre que la cuantía de su pensión se calcule a partir de las cotizaciones efectuadas desde los 42 años o desde los 38 eliminando de la ecuación los dos de menor sueldo.

En realidad, tras los cambios en los sistemas de cómputo de los últimos años, esos cálculos se realizarían sobre meses cotizados, con lo que la disyuntiva estaría entre los 300 últimos o los mejores 324 de los 348 finales.

Un sistema progresivo de 2026 a 2040

Fuentes de la Seguridad Social declinaron confirmar los extremos de la propuesta antes de que esta fuera presentada a los agentes sociales, lo que mantiene las incógnitas sobre la cuantía de las eventuales primas y penalizaciones específicas en caso de optar por un sistema u otro o por no llegar a los meses requeridos o excederlos, así como sobre el posible establecimiento de nuevos requisitos.

Según ha podido saber Público, la propuesta contempla abrir en 2026 un periodo de elección en el que cada trabajador podrá optar por la alternativa que considere más conveniente.

La posibilidad de mantenerse en la carrera de cotización de 25 años quedará eliminada en 2040, mientras que la ampliación se realizará de manera progresiva, año a año, también hasta esa fecha. La Seguridad Social establecerá anualmente el sistema de descarte de los 24 meses que se desechan.

Este planteamiento se complementa en la propuesta con otros dos cuyo objetivo es reducir la brecha de género en las pensiones, que alcanza el 28% en las de jubilación. Se trata de reforzar el sistema de cobertura de lagunas de cotización por una parte y, por otra, de aumentar la revalorización del complemento de brecha de género, algo que ocurriría al menos los dos próximos años de manera consecutiva.

La edad real de jubilación sube un año en una década

La propuesta para modificar el periodo de cómputo de las cotizaciones que verá esa mesa intenta combinar la posición de los agentes sociales, contraria a una ampliación del plazo, con la del Gobierno, partidario de incrementarla y abierto a introducir elementos de voluntariedad.

Ese nuevo aspecto, al mismo tiempo, tira a favor de otro de los objetivos del Gobierno (y de todos los anteriores) como es el retraso de la edad real de jubilación, que se encuentra en los 64,8 años (casi diez meses) cuando la oficial se encuentra en 65 para quienes tienen cotizados 37 años y nueve meses mientras para el resto ya se sitúa en los 66 y cuatro.

El proceso de retraso de la edad de jubilación oficial iniciado hace una década ha tenido como consecuencia la ampliación en casi un año de la real, desde los 63 años y casi once meses (63,9) de 2012 hasta los casi 65 actuales, con el consiguiente aumento de los ingresos para la Seguridad Social al crecer los periodos de aportación y reducirse los de cobro por parte de los trabajadores.
"La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada", dijo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien destacó que "ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos".

"Hemos alcanzado un acuerdo para proteger las pensiones y reforzar el carácter redistributivo del sistema", señaló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que añadió que "lo haremos incrementando los ingresos que aportarán las empresas por los salarios más altos y protegiendo a las pensiones más bajas".
La Seguridad Social deja de ingresar cada año en torno a 12.000 millones de euros por la regresividad del sistema de cotización, que exime de las cuotas proporcionales a los mayores sueldos del país, los que cobran más de 53.940 euros brutos al año (4.495 mensuales).

El umbral de la pobreza y los quince años de cotización

Sobre la mesa, no obstante, quedan otros dos aspectos que los sindicatos han ido planteando en los últimos meses.

Uno es la subida de la pensión mínima hasta el umbral de la pobreza, hoy situado en 800 euros, que las centrales consideran necesaria para reducir el insoportable nivel de precariedad de los pensionistas, casi la mitad de los cuales pasa el mes con menos de mil euros.

El segundo es la eliminación del requisito de tener cotizados un mínimo de quince años para poder acceder a una prestación tanto por el régimen general como por el de autónomos, una exigencia que sigue dejando fuera del sistema de protección a una parte de los trabajadores, especialmente entre los autónomos y entre las mujeres.

¿A quién beneficia y perjudica la propuesta de Escrivá? El grupo de los damnificados queda eliminado al mantenerse la posibilidad de seguir en el actual sistema, mientras que entre los eventuales beneficiados se encontrarían quienes han visto empeorar su nivel salarial en el último tramo de su carrera, ya sea por haberse hecho autónomos, por haber sufrido recortes en el sueldo o por haberse visto expulsados del mercado laboral en los últimos años de su vida laboral, una situación frecuente en la anterior crisis.