La espera se hace larga y las incertidumbres aumentan. A las puertas de que se cumpla un año del inicio de la masacre contra la Franja de Gaza, el Gobierno español ha optado por retrasar el envío al Congreso de los datos concernientes a las exportaciones de armas en 2023, un informe clave para determinar qué ha ocurrido con los negocios ya firmados con Israel. 

Según ha podido confirmar Público, desde junio pasado Amnistía Internacional (AI) ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo español que envíe a la Comisión de Defensa del Congreso el documento relativo al comercio de material armamentístico registrado a lo largo del año pasado. 

El Ejecutivo ha evitado confirmar cuándo hará llegar ese informe anual. En ocasiones anteriores, la Secretaría de Estado de Comercio facilitó ese estudio a principios de junio y acudió al Congreso para explicar su contenido a finales de ese mismo mes. Sin embargo, ahora no existe previsión sobre cuándo se registrará.

Fuentes de AI han señalado a Público que también han contactado con portavoces de los grupos políticos en la Comisión de Defensa para pedirles que reclamen al Gobierno el envío de esos datos sobre comercio de armas.

El documento cobra este año una dimensión especial. El Gobierno deberá explicar en esas páginas si en el segundo semestre de 2023 hubo exportaciones de material armamentístico a Israel, algo clave para determinar cuál ha sido la posición del Gobierno ante ese asunto en plena masacre contra Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado en reiteradas ocasiones que desde el 7 de octubre de 2023 –fecha en la que se produjo el ataque de Hamás y el inicio de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, que acumulan ya 41.000 muertos– no se han autorizado nuevas licencias de exportación de armas a Israel.

Sin embargo, el Gobierno no ha dado información sobre lo ocurrido con aquellas licencias de exportación de armas a Israel que habían sido autorizadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU) antes del 7 de octubre y que se hicieron efectivas después de ese día.

Según datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz, en noviembre de 2023 se exportaron municiones a Israel por parte de Nammo Palencia, la filial de la multinacional Nammo, con destino a la empresa Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí y una de las contratistas habituales del Ministerio de Defensa español.

Esta operación estaría vinculada precisamente a una licencia concedida por la JIMMDU antes del comienzo de la campaña militar contra Gaza y que se habría materializado una vez iniciados los ataques, sin que el Gobierno hiciese nada por evitarlo pese al riesgo de que las municiones fuesen empleadas en los bombardeos contra civiles palestinos en la Franja.  

La empresa Elbit Systems, destinataria de aquellas municiones, ha sido señalada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina por su apoyo al Ejército de Israel en el exterminio de civiles en Gaza. 

Muro de opacidad

El informe que el Ejecutivo aún no ha remitido al Congreso debe contener precisamente esa información, aunque con importantes limitaciones: las actas de la JIMMDU con los datos precisos sobre las exportaciones de armas tienen carácter confidencial gracias a un decreto que firmó en 1987 el Gobierno de Felipe González.

El Ejecutivo socialista impulsó aquella medida poco después de autorizar el envío de armamento a la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Los Gobiernos posteriores han mantenido ese decreto y se han amparado también en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente.

No es la única traba que existe. Además, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) firmó en 2014 un acuerdo a perpetuidad con el Ministerio de Defensa de Israel que otorgó garantías de absoluto secretismo en torno a los acuerdos militares entre ambos países, incluyendo los contratos en materia armamentística.

Tras una información dada a conocer por Público sobre ese acuerdo entre España e Israel, el grupo parlamentario de Sumar se ha dirigido  por escrito al Gobierno para pedirle que cancele ese pacto de silencio con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.