Las vulneraciones derechos humanos por parte de cuerpos policiales y militares de distintos países no siempre suponen una traba a la hora de hacerse con armamento español. De ello pueden dar fe en lugares tan distantes como Perú o Bangladés. También lo saben en las oficinas gubernamentales de Madrid donde se autorizan, bajo absoluto secreto, estos polémicos negocios. 

En la sección española de Amnistía Internacional (AI) tienen una extraña sensación. Cada vez que se confirma que España ha vendido material antidisturbios u otro tipo de armamento a países involucrados en violaciones a los derechos humanos, los representantes de esa organización ven cómo sus reclamos vuelven, una vez más, a estrecharse contra el muro de hermetismo que protege a este tipo de exportaciones.

Ocurrió, por ejemplo, con la enésima crisis institucional en Perú, que a finales de 2022 y principios de 2023 dejó innumerables imágenes de represión policial contra civiles. Según verificó el Laboratorio de Evidencia de AI, en la represión de las manifestaciones se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor.

Hay casos aún más notorios. La escalada de bombardeos contra  Yemen desde marzo de 2015 estuvo acompañada por un espectacular aumento de las ventas de material de defensa al régimen saudí, responsable de tales ataques.

Las exportaciones a Arabia Saudí fueron autorizadas tanto por el Gobierno de Mariano Rajoy como por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Siguiendo ese mismo criterio de secretismo, España también permitió la venta de armamento al Ejército israelí, hoy responsable del genocidio en Gaza. 

"Para el Gobierno español, el historial de derechos humanos del país receptor de armamento no es el elemento decisivo, sino uno más que se tiene en cuenta", afirma a Público Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas en AI España. 

La política seguida por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU) que autoriza estas exportaciones supone una vulneración del Tratado de Comercio de Armas (TCA). En su artículo 7, obliga a los Estados firmantes –entre los que se encuentra España– a evaluar previamente si el material podría ser utilizado para cometer "una violación grave del derecho internacional humanitario".

En una reunión mantenida a finales de abril pasado con representantes gubernamentales del área de Comercio, AI solicitó al Gobierno que ponga en marcha una unidad específica de evaluación de riesgos sobre transferencias de armas, tal como ya existe en EEUU, Reino Unido o Países Bajos.

Sin embargo, el Gobierno ha evitado hasta ahora adoptar esa decisión, que supondría un mayor control en torno a las exportaciones de ese tipo de material. La negativa del Ejecutivo choca también con las recomendaciones formuladas por la Comisión de Defensa del Congreso, que en sus dictámenes abordó la necesidad de este tipo de controles.

"Uno de los más sofisticados"

Este reclamo también ha estado en boca de distintos grupos parlamentarios. En marzo pasado, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu preguntó a la entonces secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez –ahora directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional– qué tenía previsto hacer  el Gobierno "para mejorar la evaluación sobre el riesgo de esas operaciones".

Iñarritu consultó al Ejecutivo "si, como en otros Estados, como EEUU, Reino Unido o Países Bajos, van a crear un departamento específico para analizar la evaluación del riesgo y cuánto pesa en esos casos el historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad".

Según consta en las actas de esa reunión, la secretaria de Estado de Comercio defendió que España ya cuenta con un sistema de control "efectivo". "Es un sistema de los más sofisticados que existen en nuestro entorno, de los más completos", afirmó.

La representante del Gobierno aseguró que "la situación interna del país importador cuenta muchísimo en el análisis", algo que choca con la exportación reiterada de armamento a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí o de cartuchos lacrimógenos u otros elementos represivos a los cuerpos policiales de Marruecos o Bangladés.

"No solo se tiene en cuenta la situación de los derechos humanos, el
compromiso del país receptor importador en relación con ellos, los convenios de los que forma parte, e incluso su proactividad, sino también la situación de represión interna", defendió Méndez.

Hermetismo oficial

Sin embargo, ni los grupos parlamentarios ni las organizaciones de  derechos humanos como AI consiguen saber cuáles son los argumentos concretos que ha manejado el Gobierno para facilitar las exportaciones de armas a determinados países señalados por vulnerar los derechos humanos. 

La clave está en un decreto que impulsó el Gobierno de Felipe González en marzo de 1987. Poco después de dar el visto bueno a la venta de armas a la dictadura chilena, el Consejo de Ministros encabezado por González ordenó la clasificación de las actas de la JIMMDU como secretas.

Aquella medida fue adoptada bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista. Más de 37 años después, el hermetismo en torno al comercio de armas sigue vigente.