El misterio es tan grande como el mar. A día de hoy no existe ley ni política oficial de transparencia que permita conocer los motivos que llevaron al Gobierno de Mariano Rajoy a considerar viable la venta de cinco buques de guerra a Arabia Saudí. Con un contrato de 1.800 millones de euros sobre la mesa, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a proporcionar el expediente de su antecesor, alegando razones de "confidencialidad" ante una "información comercial sensible".

Crece el misterio y avanzan los meses. De aquí a octubre de 2021 el Gobierno deberá posicionarse de manera clara ante el que ya está considerado como el mayor contrato militar de la historia de España y que tiene a Navantia, empresa pública, como principal beneficiaria.

Será precisamente en octubre cuando, si nada se tuerce, el astillero entregará al régimen de Arabia Saudí la primera de las cinco corbetas encargadas en 2015. Esta semana se produjo la primera botadura de uno de los buques, paso clave de cara a la finalización de los trabajos. El calendario se completaría hacia finales de 2022, fecha en la que el reino saudí dispondría ya de sus cinco barcos de guerra.

Sin embargo, aún no está escrita la última palabra. Tampoco está cerrado el último expediente: Navantia debe presentar a la Junta Interministerial para el comercio y control del material de defensa y tecnologías de doble uso (JIMDDU) la solicitud de licencia de exportación, la cual deberá ser valorada por dicho organismo. A finales de junio pasado, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, señaló en la comisión de Defensa del Congreso que la empresa aún no había formulado dicha solicitud. 

Navantia consiguió cerrar este suculento negocio con Arabia Saudí gracias a un "acuerdo previo de exportación" que recibió el visto bueno de la JIMDDU en julio de 2015 –con Pedro Morenés como ministro de Defensa–, pero que caducó en 2018. "La futura licencia será examinada con todo rigor de acuerdo con las prohibiciones y los parámetros contenidos en el Tratado sobre el Comercio de Armas", señalaba el Gobierno en una respuesta enviada a comienzos de abril pasado al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu y recogida por Europa Press.

En ese contexto, el Ejecutivo de Sánchez mantiene un absoluto hermetismo en torno a las razones esgrimidas por el Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de autorizar aquel "acuerdo previo de exportación", sin el cual este negocio no habría salido adelante. Así lo dejó sentado por escrito la Secretaría de Estado de Comercio en un expediente entregado al Consejo de Transparencia –dependiente también del Gobierno– a modo de respuesta a una solicitud ciudadana.

Según consta en el documento recogido por Público, el pasado 9 de marzo la Dirección General de Política Comercial de la citada Secretaría recibió una "solicitud de acceso a la información pública" al amparo de la Ley de Transparencia, aprobada en noviembre de 2013 y en vigor –en lo que a solicitudes de información oficial se refiere– desde diciembre de 2014.

En esa solicitud, registrada con el número 001-041740, se requería "copia del expediente o expedientes administrativos referidos a cada una de las autorizaciones o licencias concedidas para la exportación a Arabia Saudí" de las corbetas construidas por Navantia.

En concreto, se solicitaba "la autorización o licencias concedidas", así como "los documentos en los que conste la información detallada sobre la evaluación realizada en base a las exigencias del artículo 7 del Tratado de Comercio de Armas", que obliga a los Estados firmantes –entre los que se encuentra España– a evaluar previamente si el material de defensa a exportar podría ser utilizado para cometer "una violación grave del derecho internacional humanitario".

En aquella solicitud presentada vía Ley de Transparencia se pedía además el acta de la reunión de la JIMDDU de julio de 2015 "en la que se adoptó la decisión de autorizar dicha exportación" y los documentos en los que consten los argumentos en torno a este asunto.

El pasado 22 de junio, el Gobierno emitió un dictamen en el que deniega tal documentación, alegando que "el conjunto del expediente contiene información comercial sensible de un operador privado que la Administración ha recabado en el ejercicio de sus competencias y que debe tratar con la debida diligencia y confidencialidad".

Del mismo modo, Comercio subraya en su respuesta que las actas de la JIMDDU fueron declaradas como materia reservada en 1987, para lo cual el Gobierno de entonces, encabezado por Felipe González, se amparó en la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. Tanto la mencionada normativa de la dictadura como el acuerdo adoptado por el Ejecutivo de González en los ochenta continúan, a día de hoy, plenamente vigentes.

Asimismo, el Gobierno actual se refiere al supuesto "perjuicio a los intereses económicos y comerciales puede producirse" si se revela el contenido del expediente favorable a la construcción de las cinco buques de guerra saudíes, "toda vez que se trata de información comercial que permitiría que información relativa a la actividad económica de una determinada entidad sea conocida por competidores de la misma, ya sean nacionales o extranjeros, presentes o futuros, máxime cuando Navantia es la única empresa española que entrega y fabrica corbetas a Arabia Saudí".

No obstante, el secretismo supera en cualquier caso el asunto concreto de las corbetas y alcanza por completo a los negocios con el régimen saudí, uno de los principales compradores de material de Defensa español. No en vano, las escalas realizadas de forma frecuente por los barcos de la naviera Bahri desde 2017 están marcadas por la opacidad y el silencio oficial en torno a las cargas que realizan esos barcos. Recientemente, Izquierda Unida ha denunciado ante la Comisión Europea las maniobras que realizan los buques saudíes para tratar de camuflar sus visitas a puertos españoles.

"Violación grave"

Ahora el Ejecutivo de Sánchez deberá decidir si autoriza la exportación de esos buques. La plataforma Armas Bajo Control –integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Fundipau– manifestó recientemente en un informe su "posición contraria, en la situación actual, a la concesión de esta autorización".

"Las razones son claras: el historial saudí de uso de armas para cometer crímenes de derecho internacional en Yemen desde 2015, y en Yemen y Bahréin en 2010 hace que siga existiendo un riesgo sustancial de que estos barcos de guerra se puedan utilizar para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen o facilitar el mantenimiento del bloqueo naval de Yemen al que somete la coalición saudí y que es una violación grave del derecho internacional humanitario que ha agravado la crisis humanitaria en este país y ha llevado a la ONU a calificarla de la peor catástrofe humanitaria en la actualidad", subrayan.

Del mismo modo, las organizaciones que integran esa plataforma han pedido en reiteradas ocasiones que el Estado deje de ampararse en la ley de secretos oficiales de la dictadura para no informar sobre este asunto y levante el hermetismo total que cubre las autorizaciones en materia de venta de armas.