El Ministerio de Justicia estudia contratar un bufete privado en Bélgica que defienda la "competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española" en la causa del 'procés' frente a la demanda civil presentada en dicho país contra el instructor del caso, Pablo Llarena, por el expresident Carles Puigdemont. Sin embargo, "en ningún caso" asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo español "por los actos privados que se le atribuyen".

Así lo ha aclarado este jueves el departamento de Dolores Delgado en referencia al hecho de que Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros se refieran en su demanda a las manifestaciones que Llarena habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. Según los ex miembros del Govern, Llarena habría mostrado en sus comentarios una falta de imparcialidad que le inhabilita para investigarles. Por ello solicitan ser indemnizados por el magistrado con una cantidad simbólica de un euro.

La respuesta del Gobierno es consecuencia del amparo concedido hace una semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo. Concretamente, se solicitó la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Como respuesta, el Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles "si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos".

Añade Justicia que la causa penal que se sustancia en el Tribunal Supremo por el 'procés' está sometida "de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española". Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará "en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción". La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, "puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

En lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría según explica el Ministerio en una nota "una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país".

La Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y el Reglamento que la desarrolla, no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional.