Arabia Saudí cuenta desde octubre pasado con una nueva remesa de cohetes españoles. El armamento viajó en dos contenedores que fueron cargados en el puerto de Sagunto por el Bahri Jeddah, uno de los barcos de la muerte saudíes. El resto de datos sobre esta exportación, que se realizó a las puertas de un nuevo recrudecimiento de los ataques contra Yemen, está bajo llave y candado: el Gobierno rechaza dar cualquier información concreta al respecto.

El diputado Jon Iñarritu (EH Bildu) ha vuelto a comprobar el inmenso muro de silencio levantado en torno al comercio de armas en general y, particularmente, en todo lo que concierne a las millonarias ventas a Arabia Saudí, uno de los grandes clientes de la industria española. No es la primera vez que Iñarritu intenta conseguir datos, ni tampoco se trata de la primera ocasión en la que el Gobierno le responde con un "copia y pega" de respuestas anteriores.

Sin embargo, en este caso hay algunas peculiaridades. En noviembre pasado, el Gobierno realizó un mínimo gesto de transparencia respecto a la visita efectuada un mes antes por el barco Bahri Jeddah, que había atracado en Sagunto. En respuesta a una pregunta escrita cursada por Iñarritu, el Ejecutivo indicó que el buque había cargado "dos contenedores con cartuchos no metálicos y dos contenedores de cohetes con carga explosiva". 

Poco después se incrementaron los ataques en Yemen por parte de la coalición que dirige Arabia Saudí. Según datos de la ONG Yemen Data Project, en diciembre de 2021 se registró la mayor tasa mensual de incursiones aéreas (250) desde junio de 2020.

Hay otros datos sobre la mesa. En octubre de 2021 –en el mismo mes en que se produjo el envío del armamento español–, se produjo la  disolución del Grupo de Expertos Eminentes (GEE) de la ONU sobre Yemen. De acuerdo a los datos que maneja Amnistía Internacional, "en los dos meses siguientes a la disolución del GEE, los bombardeos de la coalición saudí aumentaron, llegando a un 43% en diciembre en comparación con octubre".

La organización de derechos humanos advierte que al menos 70 civiles murieron en los bombardeos de la coalición el año pasado, "entre los que había 14 niños y otros 117 civiles resultaron heridos, entre ellos 26 mujeres y niños". Durante 2021, la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo una media de cinco ataques aéreos al día. 

En ese contexto, Iñarritu volvió a preguntar al Gobierno sobre el caso del barco que atracó en octubre en Sagunto. Entre otras cuestiones, el diputado abertzale preguntó acerca del "usuario y uso final" de los cohetes y cartuchos, así como si este tipo de operaciones vulneraba la normativa internacional en materia de armas y qué pasos pensaba dar España al respecto.

La respuesta llegó el pasado martes 15. En ese documento remitido a Iñarritu, el Gobierno obvia cualquier dato concreto sobre los cohetes y se limita a indicar que en los meses de junio y julio de 2021 se habían autorizado exportaciones de "cartuchos de caza con destino a distribuidores privados en Arabia Saudí". "No figuran operaciones autorizadas para los otros productos descritos", alegó el Ejecutivo, omitiendo en su respuesta que los cohetes corresponderían a una autorización de exportación previa. 

Al igual que en anteriores ocasiones, el Gobierno vuelve a sostener que "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes
en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios", por lo que, a su juicio, no hay nada anómalo en las exportaciones de armamento realizadas al régimen saudí o a Emiratos Árabes Unidos. 

"Cuentagotas"

Esta respuesta ha indignado a Amnistía Internacional, una organización que reclama el fin del comercio armamentístico con esos países. Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas en AI, sostiene que "al gobierno le cuesta dar información sobre este tema y la facilita solo a cuentagotas, parece que hay que arrancársela a través de repreguntas". "Una vez más, el gobierno no informa sobre las empresas a las que se concedió la licencia", remarcó.

El portavoz de Amnistía destacó que el resto de la respuesta "repite el mantra de que los países de la coalición que intervienen en Yemen no están sometidos a embargo de la ONU o la UE". "El gobierno hace nuevamente oídos sordos a la recomendación del Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a los Estados para que dejen de proporcionar armas a las partes en conflicto y se escuda en la ausencia de embargo para decir si piensa sumarse a los países que han restringido o limitado las ventas a Arabia Saudí y EAU", subrayó.

En tal sentido, Estévez afirmó que persiste la duda "sobre los cohetes con carga explosiva" sobre los que el Gobierno informó en noviembre. "La pregunta del millón parece ser la siguiente: ¿a qué fin los destinó Arabia Saudí?", cuestionó.

Petición al Gobierno

El representante de AI recordó que "en los últimos cuatro meses la situación en Yemen ha empeorado significativamente, con numerosos bombardeos a población civil especialmente en el mes de enero". Fue precisamente ese mes cuando Amnistía "reiteró al gobierno español su petición de que suspenda y condicione las autorizaciones de exportación de armas que se puedan usar en Yemen a un compromiso firme de la coalición internacional del cese de los ataques deliberados y arbitrarios contra la población civil y bienes de carácter civil".

La organización de derechos humanos reclama además "la adopción de medidas concretas y sólidas para acabar con la impunidad de los responsables de los presuntos crímenes de guerra cometidos desde 2015, el levantamiento del embargo naval y aéreo que la coalición saudí-emiratí ha impuesto a la población yemení y la creación de un mecanismo internacional de investigación que garantice la rendición de cuentas que disuadan a los responsables de la comisión de atrocidades, ofrezcan reparación a las víctimas y logren justicia".