El Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), prosigue con sus planes de liberalización en el sector de la salud. En un proyecto de decreto, que se puede consultar aquí, recogen como objetivo "agilizar y simplificar" los procesos de autorización para abrir nuevas clínicas privadas en la Comunidad Autónoma.

La idea, según expone Salud, es llegar hasta el límite que permita la legislación básica del Estado. Esta, la agilización de procesos y, con ello, la eliminación de trámites –"trabas", los llaman– es uno de los mantras del Gobierno de la derecha en Andalucía. Para la izquierda, esto supone una desprotección de los pacientes en el ámbito de la salud.

Entre los objetivos del nuevo plan, que adelantó Europa Press, está "suprimir la autorización sanitaria de instalación en todos centros, servicios y establecimientos sanitarios para cuya puesta en funcionamiento no se precisa que se realicen obras". 

El plan, cuyo nombre completo es Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de funcionamiento, los procedimientos de autorización, declaración responsable y comunicación y el Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, está ahora sometido a consulta pública. Entidades, asociaciones y particulares interesados en hacer aportaciones a este proyecto de decreto pueden hacerlas hasta el próximo 14 de junio, según Salud.

La filosofía de la norma es la siguiente: "La tradición administrativa, basada en un control previo, debe dar paso a procesos que potencien el principio de buena fe de la ciudadanía en su relación con la Administración, sustituyéndose las autorizaciones por declaraciones responsables, a cambio de una mayor exigencia de compromiso y veracidad de las declaraciones de la persona interesada y, paralelamente, un control más riguroso y efectivo del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento".

El régimen hoy vigente, según el Gobierno del PP, "adolece del defecto de ser un sistema formalista y pasivo, en el sentido de que pone todo el énfasis en las formalidades previas, con un pretendido control, a priori, de los requisitos documentales, relegando la comprobación dinámica del efectivo cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad de los servicios, la praxis profesional y, en definitiva, del real funcionamiento de los centros y de su práctica habitual".

"Esto determina –prosigue– una dificultad en la efectiva consecución del fin primordial perseguido, esto es, garantizar la calidad y seguridad en la actividad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios para proteger la salud individual y colectiva".

Así, se modificará también el procedimiento de renovación de las autorizaciones de funcionamiento en determinadas tipologías de centros para las que por las características de su oferta residencial "no concurre la necesidad de verificación del cumplimiento de los requisitos".

Entre los objetivos de la futura norma está también la "unificación de los plazos de vigencia de las autorizaciones de los centros sanitarios, independientemente del régimen jurídico aplicable a la renovación, autorización o declaración responsable". Y también "integrar" en una sola norma el régimen jurídico de los diversos procedimientos y "reducir" la "diversidad actual" de la regulación de autorizaciones especiales.

Menos seguridad

La oposición ha criticado esta normativa. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, criticó lo que considera, una "alfombra roja" a la sanidad privada en la región, y manifestó que la simplificación de requisitos "no son menos burocracia", sino "menos seguridad para garantizar la salud de los pacientes y sus derechos que, en ningún caso, pueden ser un negocio".

En un audio remitido a los medios, la portavoz de Sanidad del PSOE, Mari Ángeles Prieto, afirmó: A Moreno "no le basta con que Andalucía sea ya la cuarta comunidad autónoma en índices de privatización. Ahora pretende favorecer aún más a la privada eliminando controles y las autorizaciones previas que debe cumplir una clínica privada para poder abrir".