La previsión que maneja el Gobierno de Andalucía, de coalición entre PP y Ciudadanos, es que el presupuesto se lleve al Parlamento de Andalucía “para su aprobación” en los meses de “mayo-junio”, según dijo este martes Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Es decir, que la votación de las cuentas se producirá después de la contienda electoral.

Las elecciones generales son el 28 de abril y las municipales y europeas el 26 de mayo. El Ejecutivo trabaja en la elaboración y, para llevar las nuevas cuentas al Parlamento en esas fechas, tendrá que aprobar antes en Consejo de Gobierno el proyecto, que podría ser utilizado de este modo como reclamo electoral o no, según las fechas que elija el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Para poder aprobar su primer presupuesto y, con la previsible oposición de la izquierda, PP y Ciudadanos necesitan del voto favorable del partido de ultraderecha Vox, lo cual le añade incertidumbre. ¿Hasta dónde va a llegar la ultraderecha en sus exigencias? ¿Hasta dónde el PP y Ciudadanos en su defensa de los derechos de las mujeres y de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica?

Santiago Abascal, presidente de Vox, ya insinuó en su cuenta de Twitter el 16 de febrero pasado que los incumplimientos del PP al respecto de su pacto, el que firmaron para votar la investidura de Moreno, podrían terminar con el rechazo de las cuentas.

Ejecución presupuestaria

En paralelo, a la decisión sobre el mejor momento en que presentar las cuentas, el Gobierno andaluz dedica casi todos los martes a cargar contra la gestión de los anteriores ejecutivos socialistas. Este martes, fueron dos los temas elegidos por Bendodo. Por un lado, el nivel de ejecución presupuestaria y, por otro, la gestión de la dependencia.

Así, Bendodo anunció que la Junta de Andalucía impulsará la ejecución presupuestaria para optimizar los recursos económicos de las consejerías. El consejero de Presidencia manifestó que “el crédito sin ejecutar por la Junta de Andalucía en 2018" había alcanzado “los 2.244,4 millones de euros, equivalente al 1,4% del PIB andaluz”.

Bendodo se refirió a un informe de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, al que ha tenido acceso Público, que detectó que, desde 2015, la media de dinero pintado en las cuentas, pero que no se había desembolsado finalmente ascendía a los 2.100 millones de euros, “lo que supone en términos globales una cifra de 8.434 millones de euros”. El informe recoge una tabla en la que Hacienda asegura que, en los últimos diez años, la cifra total sin ejecutar había ascendido a 26.923 millones de euros, casi un presupuesto entero de la Junta.

Bendodo criticó “la política de brazos caídos” del anterior gobierno socialista, lo que, en su opinión, ha provocado además de la falta de ejecución, que en Andalucía “cada día prescriban 500.000 euros” de subvenciones pendientes de reintegro. “Se pierden al día 500.000 euros, que responden a ayudas o subvenciones que el anterior ejecutivo” -que lideraba Susana Díaz- debería haber reclamado por no haberse destinado las cantidades para el fin que se consignaron o porque "no se hayan ejecutado bien”, dijo Bendodo.

El consejero agregó que la Junta de Andalucía tiene 3.400 millones en derechos pendientes de recaudación, a lo que "hay que sumar otros 2.000 millones de euros en subvenciones y otras ayudas pendientes de reintegro por parte de ayuntamientos, otras administraciones y empresas”. De esos 2.000 millones, "900 ya han prescrito y 176 lo harán en 2019", de lo que sale la cifra de 500.000 euros.

El exconsejero de Medio Ambiente, hoy coordinador de la secretaría general del PSOE de Andalucía, José Fiscal, replicó que se trataba de una "desvergüenza" del Gobierno andaluz. Fiscal recalcó que el Ejecutivo está "mintiendo" a diario sobre la situación de las cuentas con el fin de generar confusión y “alarma”, recoge Europa Press.

Fiscal añadió que numerosas entidades y organismos "serios" han constatado que las cuentas de la Junta de Andalucía están "saneadas" y aportó como dato que la deuda pública de la Comunidad por habitante se sitúa en 4.081 euros, por debajo de los 10.400 euros de Cataluña; los 9.300 euros de Comunidad Valenciana, o los 6.286 euros de Murcia.

Fiscal apostilló que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, al "mentir" sobre la situación de las cuentas, estaba poniendo en "juego el futuro económico" de Andalucía. “Hace un flaco favor" a la imagen de confianza y estabilidad que tenía esta tierra con el Gobierno del PSOE-A, reconocida por instituciones económicas, por empresarios y por sindicatos”, dijo, recoge Europa Press.

Ley de la Dependencia

Bendodo también dio cuenta de un informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que habla del "colapso" de la atención a la dependencia en Andalucía. En ese informe se refleja que hay más de 212.000 personas atendidas y más de 109.000 "pendientes de ser atendidas" por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone, según dijo Bendodo de "34.000 [personas] más de las reconocidas por el gobierno socialista”.

"Tenemos la obligación de contar todo lo que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno andaluz y esta es la situación que hemos recibido”, afirmó Bendodo antes de anunciar un plan de choque para la dependencia, en el que la Junta invertirá 77 millones de euros.

La dependencia es una de las banderas del PSOE. La Ley de la Dependencia fue una iniciativa que lanzó y comenzó a implantar en España el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). La legislatura pasada fue precisamente uno de los arietes que utilizó el Ejecutivo de Susana Díaz contra los Gabinetes de Mariano Rajoy en Madrid. Ahora, PP y Ciudadanos, de quien depende la consejería que se ocupa de gestionar las ayudas, tratan de volver como un boomerang contra los socialistas.

El PSOE de Andalucía manifestó que les da “miedo" lo que pueda hacer el presidente Moreno en relación con el sistema de Dependencia en la comunidad.

Fiscal, ha denunciado las "mentiras y la manipulación" del Gobierno andaluz en relación con las listas de espera en Dependencia y ha defendido que los gobiernos del PSOE-A incorporaron a 212.000 personas al sistema, las mantuvo y se siguió avanzando, pese a que los gobiernos del PP en España no aportaban el 50% de la financiación que les correspondía, sino que sólo daban el 18% y la Junta tenía que poner el 82%. “Si los gobiernos del PP en España hubieran aportado la financiación que les correspondía, 105.000 dependientes más podían haber sido atendidas en esta comunidad y las lista de espera hubiera sido mínima”, remachó el exconsejero.

"Cuando el Gobierno andaluz habla de colapso, miente, manipula y tergiversa", dijo Fiscal, quien recordó además que Moreno, durante su etapa como Secretario de Estado de Servicios Sociales, fue el "brazo ejecutor que sacó de la Seguridad Social a más de 160.000" cuidadoras de la dependencia. Para Fiscal, es evidente que el PP "nunca se ha sentido cómodo" con esta ley.