La última fiesta de exaltación fascista en Madrid ya está en manos del Gobierno. Según han confirmado a Público fuentes oficiales, el Ejecutivo ha iniciado los procedimientos formales para determinar si el acto de homenaje a la División Azul celebrado el pasado sábado vulneró la Ley de Memoria Democrática.

El último desafío de la ultraderecha a la nueva normativa que persigue la exaltación de la dictadura tuvo lugar, principalmente, en el cementerio de la Almudena. Al igual que ocurre todos los años, militantes de distintas organizaciones franquistas y neonazis coincidieron allí para homenajear a los españoles que formaron parte de la División Azul.

Sin embargo, en esta ocasión existía un nuevo elemento sobre la mesa. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre pasado, establece sanciones de entre 10.000 y 150.000 euros para los responsables de  aquellas "convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad" que "inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial", en las que se produzca "descrédito, menosprecio o humillación" hacia las víctimas del franquismo.  

Fuentes gubernamentales han señalado a Público que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "está estudiando" lo sucedido el pasado sábado. En tal sentido, "se han solicitado los informes preceptivos a la Delegación del Gobierno de Madrid por si los actos fuesen susceptibles de incoación de expediente sancionador en virtud de la Ley de Memoria Democrática", indicaron.

Los actos del 20-N

El Gobierno tramita actualmente una serie de expedientes en torno a los actos celebrados en noviembre pasado por el Movimiento Católico Español (MCE) y La Falange para homenajear a Franco y Primo de Rivera en el marco del 20-N. Se trató entonces de las primeras iniciativas adoptadas tras la aprobación de la nueva Ley de Memoria. Los ultraderechistas del MCE, aún pendientes de la resolución de este caso, han amenazado con recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.