El Gobierno desbloqueará la renovación del Tribunal Constitucional (TC). El PSOE registra este viernes en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que le permitiría nombrar a los nuevos magistrados pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté en funciones. La noticia, adelantada por eldiario.es y confirmada por Público, implica no tener que esperar a llegar a un pacto con el Partido Popular (PP) para renovar el máximo órgano de los jueces, cuyo mandato está caducado desde hace más de tres años. 

El grupo parlamentario socialista registrará por tanto una Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se tramitará por la vía de urgencia. El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el CGPJ y otros dos por el Gobierno.

Moncloa había dejado la puerta abierta a renovar estos magistrados independientemente de que se alcanzara o no un acuerdo con el principal partido de la oposición. Pero había dudas jurídicas al respecto. Con esta iniciativa del PSOE se despejan las dudas sobre ello. 

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, se refería así al asunto en una entrevista con este medio. "Debe ser una cuestión que no está tan clara porque hay opiniones para todos los gustos", dijo. En todo caso ella señaló que desde su punto de vista se podría aplicar una doctrina del propio TC reflejada en una sentencia de 2016. Finalmente el Gobierno ha optado por otra vía. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado en numerosas ocasiones a los populares y a Alberto Núñez Feijóo de no querer cumplir con sus obligaciones constitucionales e impedir un pacto para renovar el CGPJ. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y Esteban González Pons, interlocutor del PP, eran las personas designadas para las negociaciones. Los contactos se iniciaron pero no avanzaron y se paralizaron con la campaña electoral en Andalucía. 

Según informó este medio, la renovación, en condiciones normales, invertiría el equilibro de fuerzas, de siete a cinco, a favor de la tendencia progresista; lo que implicaría probablemente una presidencia no conservadora y que leyes recientes recurridas por Vox y el PP tengan menos probabilidades de ser tumbadas en el máximo órgano constitucional.