MADRID.- La polémica se cierne sobre el empresario Juan José Hidalgo y sus empresas más importantes: Air Europa y Halcón Viajes. Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue adjudicando multimillonarios contratos a la red empresarial de Hidalgo, a pesar de que el empresario fue imputado por la Audiencia Nacional por un presunto fraude a la Seguridad Social en las subvenciones de los viajes a las Islas Canarias

No obstante, el presunto fraude del empresario y el debate abierto sobre si empresarios investigados por fraude o corrupción deben participar en los concursos del Estado, esta no es la principal sombra que se cierne sobre las multimillonarias contratas que han sido adjudicadas al empresario. Y es que en tres de estas últimas adjudicaciones las empresas competidoras han denunciado ante los tribunales la decisión adoptada por el Ejecutivo y en dos ocasiones el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás y retirar el contrato que había sido otorgado a Hidalgo. 

Estos son los casos de las adjudicaciones del contrato de 11,88 millones de euros para deportar a los inmigrantes irregulares, los llamados vuelos de la vergüenza, y de los viajes del Imserso, donde el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya ha corregido al Gobierno en su afán por entregar nuevas tareas a las compañías de Juan José Hidalgo.

El empresario fue imputado por el juez Eloy Velasco tras una querella de la Fiscalía por un supuesto delito de fraude

El empresario fue imputado por el juez Eloy Velasco tras una querella de la Fiscalía contra Air Europa, su presidente, Juan José Hidalgo, y su director comercial, Richard Clark, por un supuesto delito de fraude en las subvenciones de los viajes a las Islas Canarias. El empresario tuvo que declarar como imputado y, de hecho, ya ha pagado 29 millones como fianza por el dinero defraudado. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, adjudicó a la Unión Temporal de Empresas formada por Air Europa y Swiftair SA el contrato de 11,88 millones para deportar a los inmigrantes irregulares, los llamados vuelos de la vergüenza. Sin embargo, la oferta de esta Unión Temporal de empresas no fue la mejor para el contribuyente. De hecho, la propia Mesa de Contratación otorgó la mejor puntuación a otra propuesta, que además era más barata, pero el Gobierno decidió descartar esta oferta por una presunta deficiencia. Los tribunales han obligado a dar marcha atrás al Ministerio del Interior, retirar la adjudicación a la UTE de Air Europa y Swiftair y concederla a la Unión Temporal de Empresas formada por Evelop Airlines, Orbest SA y Air Nostrum.  

Además, meses antes, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya tuvo que intervenir en otra polémica adjudicación del Gobierno. Esta vez referente a los viajes del Imserso. El Gobierno había adjudicado a otra Unión Temporal de Empresas entre las que se incluía Halcón Viajes, que pertenece a Hidalgo, la gestión de todos los viajes del Instituto. El Tribunal, en cambio, decidió revocar esta decisión y troceó el contrato en tres partes otorgando el mayor trozo del pastel, el de los viajes a Canarias, a Mundiplan, la UTE formada por Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7 y dejando para la UTE en la que estaba Halcón Viajes los otros dos contratos. 

Los funcionarios del Estado han presentado diversas quejas por los servicios prestados por las empresas de Hidalgo

Quejas de los funcionarios

A estos dos multimillonarios reveses a los planes del empresario Juan José Hidalgo se suma una nueva polémica. El Gobierno adjudicó a Viajes Halcón, también propiedad de Hidalgo, el Contrato Centralizado de Agencias de Viajes del Estado (CORA), valorado en más de 200 millones de euros, pero el servicio otorgado, a juzgar por las quejas, está siendo más que deficiente.  

El contrato permite a Halcón Viajes gestionar todos los movimientos de los Ministerios de Interior, Defensa, Economía, Industria, Hacienda, Exteriores y Fomento, entre otros, así como también, los de organismos como el Icex, Muface, Aemet o el Injuve durante tres años –uno de prórroga– valorados en 70,5 millones de euros anuales, elevando la cuantía del contrato a más de 211 millones. 

Sin embargo, los funcionarios del Estado han presentado diversas quejas por los servicios prestados. La mayoría de las quejas están relacionadas con la baja calidad de los hoteles. “Han llegado a alojar a los funcionarios en establecimientos que parecen más una casa de citas”, señaló a un medio de comunicación la presidenta de Fedeca, Elena Vicente.

Las protestas de los funcionarios han provocado las quejas formales de varios ministerios a través de varias misivas remitidas a la dirección general de la minorista de Globalia e incluso al propio presidente del grupo, Juan José Hidalgo. Esta situación se vio agravada por la propia queja de Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, presentó una queja en la Subdirección de Relaciones Laborales de la Agencia Tributaria por “el aumento de costes, los problemas de gestión y los retrasos”.

De esta manera, esta situación podría desembocar en la no renovación del servicio o en la imposición de una multa a una compañía y a un empresario, que a pesar de las polémicas,  sigue recibiendo multimillonarias adjudicaciones por parte del Gobierno.