El problema de la vivienda ha entrado de lleno en la precampaña. También sus soluciones y compromisos a modo de revulsivo de cara a la importante cita con las urnas del próximo 28 de mayo. Más allá de los sucesivos anuncios de Pedro Sánchez sobre la movilización de viviendas para alquiler asequible (los 50.000 inmuebles de la Sareb, las otras 43.000 que serán financiadas a través de créditos del ICO y la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad de Defensa), el Gobierno dará salida este jueves en el Congreso a uno de sus principales hitos de la legislatura, que no es otro que la primera ley estatal de vivienda.

La norma será una realidad en el BOE previsiblemente antes de los comicios municipales y autonómicos (del Congreso, dará el salto al Senado, donde culminará su tramitación en las próximas semanas) y es fruto de una larga espera, pero sobre todo, de tensas negociaciones, de idas y venidas, y de plazos incumplidos. Primero fue un dolor de cabeza en el seno del Gobierno de coalición y, después, en el Congreso, donde ha aguardado más de un año.

Una vez desencallada la norma, cuyo acuerdo entre el Gobierno y los principales aliados parlamentarios se dio a conocer el pasado 14 de abril, el principal debate que entraña el texto legislativo oscila entre su aplicación en los territorios y el rechazo de las autonomías lideradas por el PP a aprovechar este marco jurídico encaminado a atajar la subida de los precios.

En las últimas comparecencias de Pedro Sánchez en el Congreso y el Senado, el líder del Ejecutivo ha instado al PP a llevar a cabo la norma, a pesar de que las competencias de vivienda están transferidas principalmente a las comunidades (los ayuntamientos también tienen reservadas algunas gestiones en esta materia).

Pero más allá de la escenificación de este pulso, tanto las fuerzas que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, como las formaciones progresistas que ampararán este jueves la norma con sus votos en el Congreso (ERC, EH Bildu, Más País y Compromís) defienden que la ley pondrá frente al espejo a aquellos gobiernos que, teniendo medidas en su mano para atajar la emergencia habitacional, decidan no aplicarla.

"Ahora se va a medir la voluntad de los gobiernos para topar los alquileres y frenar la espiral especuladora o seguir mirando a otro lado para que las constructoras sigan haciendo su agosto perpetuo", resumió el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, esta semana. Aplicar o no la norma; defenderla o no, esa es la cuestión.

El PP carga contra la ley

El pulso es bidireccional. Y de ámbito estatal. Desde la dirección del Partido Popular deslizan que ninguna de las regiones gobernadas por el PP —Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Madrid— aplicarán la legislación en su totalidad y cargan contra el presidente del Gobierno. "Es como si dice que va a construir hospitales, no puede porque las competencias son autonómicas", dice un dirigente de Génova.

La Comunidad de Madrid, a través su consejero de Presidencia Enrique López, ya ha avisado de que ejercerá su "autogobierno" en las partes "dispositivas" de la norma, por ejemplo la limitación de precios al alquiler en las zonas tensionadas, y solo la cumplirán "en los aspectos imperativos". Un ejemplo que seguirán todos los gobiernos autonómicos del PP, cuyos equipos jurídicos están revisando el texto para ver si contempla alguna invasión de competencias que justifique un recurso ante el Tribunal Constitucional, aseguran a Público fuentes populares.

Génova, por el momento, se desmarca de esta ofensiva jurídica y articula todas sus críticas a la norma en torno a tres ideas clave: es una norma intervencionista que provocará la subida de precios, un incentivo a la ocupación y una cesión ante ERC y EH Bildu.

Las claves de la ley

En lo relativo a las críticas de los últimos días por parte de los populares sobre cómo la ley beneficia supuestamente a los ocupas, cabe destacar que, entre las enmiendas incorporadas a la norma tras el acuerdo con los grupos, varias de ellas van encaminadas a dar más garantías a las personas vulnerables frente a los desahucios.

En este sentido, se impedirá a los grandes tenedores (cinco o más viviendas en propiedad) desahuciar a inquilinos vulnerables sin acto de conciliación previo, mientras que a los pequeños propietarios solo se les obliga a adjuntar la certificación del Registro de la Propiedad a la demanda. Asimismo, la norma establece que los lanzamientos no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

"No lancen bulos, no generen miedo. Los propietarios ahora están más protegidos que antes", ha reclamado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que acusa al PP de "confundir" con las ocupaciones de inmuebles, pues el delito de allanamiento y usurpación no cambia en el Código Penal. 

Más allá de este pulso ideológico, también el Gobierno de coalición ha protagonizado en los últimos días una disputa por abanderar esta reivindicación. Y es que, ante los "anuncios preelectorales" de Sánchez, tal como calificó la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, el espacio confederal ha recordado las reticencias del PSOE a incluir la intervención del mercado del alquiler en la norma.

Con todo, tras el acuerdo entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios, la ley destaca por incluir la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios. Las comunidades podrán delimitar estos ámbitos territoriales cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Para evitar estos aumentos descontrolados, durante el 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, que ha de ser inferior a la evolución del IPC. Además, entre otras de las muchas medidas, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble "correrán siempre a cargo del propietario".